América Latina es una de las regiones con mayor presencia de mujeres en el Congreso del mundo, aunque el porcentaje varía desde el 50% de Bolivia al 12,7% de Guatemala. Los datos son en base al porcentaje de mujeres tanto entre senadores como diputados, en los países que tienen dos Cámaras. Las leyes de cupo, implementadas en la mayoría de los estados durante las últimas décadas, tuvieron impacto. En la Argentina, el primer país que lo hizo, la Cámara de Diputados pasó de 6% en 1991 a 28% a fines de 1997. Sin embargo, no basta con asegurar un cupo para obtener participación en el Parlamento.
“Uno de los factores para que las leyes de cuotas tengan un efecto positivo es que exista un ‘mandato de posición’, es decir, que las mujeres tengan que estar ubicadas en lugares con posibilidad de ser electas”, explicó a Chequeado María Inés Tula, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet. Y agregó: “En países en los que no hay mandato de posición, las mujeres muchas veces están en los últimos lugares, o como suplentes”. Otro de los factores clave es el sistema electoral en sí, que influye en las posibilidades de una mujer de llegar a ser electa.
Esta nota escrita por Olivia Sohr para Chequeado es republicada en CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.
Un ejemplo de los problemas que pueden tener estas leyes es el caso de Brasil, que tiene una de las proporciones más bajas de mujeres legisladoras, a pesar de tener un sistema de cuotas desde 1997. El informe de la Unión Interparlamentaria explica que la implementación de las cuotas “estuvo acompañada del incremento del número de candidatos que un partido podía proponer: hasta el 150% del número total de escaños existentes. Al exigir que los partidos ‘reservaran’ un 30% de sus puestos para las mujeres, se interpretó que la ley permitía que los partidos designaran a hombres para el 120% de sus candidaturas”. El sistema brasilero luego se reformó 2009, aunque no de manera profunda. El informe concluye que “un apoyo financiero insuficiente, sumado a las dificultades de presentarse como candidatas en un sistema de representación proporcional con listas abiertas, sólo redundó en pequeños aumentos del número de mujeres elegidas en 2009 y en 2013”.
En el caso de la Argentina, Diana Maffia, filósofa y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que “el porcentaje mínimo indicado por la ley de cupo casi nunca fue superado. Los partidos políticos siguen siendo misóginos y lo cumplen a reglamento o, a veces, no lo cumplen. En todas las fechas electorales se han tenido que presentar quejas ante la Justicia por el inclumplimiento de la ley. Todavía no se ha asimilado esa presencia de mujeres como algo que no sea una forma degradada o de castigo. Una frase repetida entre los políticos cuando arman frentes electorales es ‘la mina la paga la minoría’, es decir, el castigo por no tener suficiente peso electoral es poner las mujeres en la lista”.
Mientras en el país la proporción de mujeres creció rápidamente entre 1991 hasta 2008, cuando alcanzó el 40% de la Cámara de Diputados, en los último nueve años la representación se estancó alrededor de ese porcentaje. Hoy, en la Cámara baja es del 39% y del 40% en el Congreso general.
“En las décadas de 1990 y 2000, la cuota en casi todos los países de América Latina era del 30 por ciento. Sin embargo, a finales de la década de 2000, comenzó a consolidarse el concepto de ‘paridad’”, advierte el informe de la Unión Interparlamentaria.
Y describe el resultado que tuvo la implementación de esta media: “El primer Estado en aumentar su cuota del 30% al 50% fue Ecuador, en 2008; seguido de Costa Rica en 2009; Bolivia en 2010; Nicaragua y Panamá en 2012, y México en 2014. En la reforma del sistema electoral de Chile de 2015 se establece una ‘paridad flexible’, en virtud de la cual ninguno de los dos sexos puede superar el 60% o estar por debajo del 40% del número total de candidatos”.
En la Argentina, la paridad existe en las legislaturas provinciales de Córdoba, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y recientemente fue incorporada en la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el Observatorio Electoral del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). A nivel nacional, se aprobaron proyectos en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero por tratarse de proyectos diferentes no hay aún una ley de paridad vigente.
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