El río Suchiate, ubicado en Ayutla, San Marcos, lleva sobre sus aguas enormes balsas artesanales que trasladan cada día toneladas de mercadería de México a Guatemala y viceversa. Cerca de uno de los pasos ciegos más vistosos de la frontera está la aduana de Tecún Umán, pero pocos se inclinan por el papeleo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la espera de las autorizaciones para cruzar y menos por el pago de los impuestos que implica trasladar cualquier producto de un lugar a otro. El tiempo tiene sus agujas y el río su corriente. Ninguno de los dos se detiene, el contrabando tampoco.
“Es una realidad que estamos viviendo del contrabando, pero hay que saber que en este pueblo es una cultura trabajar en esto, es la única fuente de trabajo que se tiene en Ayutla”. Guadalupe Polanco tiene 48 años y 23 de ellos los ha repartido entre México y Guatemala debido a su trabajo como “camarera” en el río Suchiate. Su trabajo es remar, vencer las corrientes y pasar de un país a otro cualquier tipo de producto, o personas, para ella no hay diferencia.
Las cámaras, como le llaman en el lugar a las balsas formadas por dos enormes tubos inflables a los que se atan unas tablas que fungen como plataforma para transportar mercadería a través del Suchiate, son los instrumentos que le dan el sustento diario a más de 800 personas en ese municipio. “Hace como cuatro años echábamos de cinco a seis viajes con hasta diez personas, pero ya en estas últimas fechas echamos dos viajes máximo en el día. Ha disminuido el trabajo”, dice la mujer con los brazos tostados por el sol.
Infografía Gerson Ortiz
Guadalupe cuenta que cada vez llegan menos personas al Suchiate porque tienen miedo, se sienten intimidadas. ¿Qué los intimida? “Las autoridades que no nos permiten seguir trabajando porque se dice que este es un paso de contrabando y que trabajamos ilegalmente”. Según lo observado durante la tercera semana de julio, cada hora llegan de una orilla a otra aproximadamente seis balsas cargadas con productos como: huevos, leche, cereal, papel higiénico, servilletas, café, frijol, arroz, entre muchos otros. En la frontera de Guatemala y México, las autoridades del Ejército guatemalteco dijeron haber detectado 20 puntos ciegos hasta febrero de 2012, pero en diciembre de 2013 la cifra ascendió a 65.
“Del lado guatemalteco casi no pasan cosas para el otro lado, solo verdura”, afirma otro balsero que ha trabajado ahí por más de una década. La mayoría de los entrevistados admitió que lo que transportan es ilegal o de contrabando. ¿Temen ir a la cárcel por esa actividad? “Sí”, respondieron todos, pero más miedo les da dejar a sus hijos sin comida.
Los balseros hablan con tranquilidad del tema, viven su rutina como cualquiera, pero a kilómetros de la frontera, en las oficinas del Estado y en los burós de los empresarios los nervios se exacerban cuando se aborda el tema del contrabando. Estudios como el titulado Una revisión del panorama fiscal en Guatemala, las dificultades que se presentan y las posibles soluciones para enfrentar dichos retos, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), estima que esa actividad podría generar pérdidas al fisco por hasta Q 5,900 millones (unos US$ 755 millones anuales), lo cual representa alrededor del 1.6 por ciento del PIB y supera lo asignado en el presupuesto de este año a cada una de las tres carteras más importantes del Estado: Salud (US$651 millones), Gobernación (US$564 millones) y Defensa (US$259 millones).
No obstante, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando (Conacon), Manuel Chocano, calcula que las pérdidas por ese ilícito no son menores a US$1.6 millardos al año (Q12.4 millardos). A esos cálculos se suma una tercera opinión, la del ministerio de Finanzas Públicas, que considera que la pérdida por defraudación en aduanas está entre Q6 millardos y Q8 millardos anuales. El último estudio de Fundesa cita: “tomando en consideración el escenario más probable de acuerdo a la información provista por los representantes de los principales sectores productivos del país, el monto que la SAT deja de percibir cada año debido al comercio ilícito de mercancías ronda los Q5,103.27 millones, o el equivalente al 1.297 por ciento del PIB”.
Tres ruedas, un trabajo
Luis Valladares es triciclero, su trabajo es el siguiente eslabón en la cadena del “contrabando hormiga”, como es conocida esa actividad en el Suchiate. Cuando las balsas llegan hasta la orilla guatemalteca, él se apresura a ofrecer su servicio de transporte de tres ruedas. Carga su triciclo con todo el producto y lo traslada pedaleando hasta la terminal, el mercado o cualquier comercio pequeño de Ayutla. Hace 28 años hace lo mismo.
A Luis no le cuesta calcular, pues su mamá vendía comida a la orilla del Suchiate cuando él apenas era un niño y con eso le pagó sus estudios. Se graduó de perito a los 19 años y empezó a trabajar en un banco de Ayutla, donde no ganaba más de Q1,800 al mes. Tuvo que regresar al río porque el dinero ya no le alcanzaba, entonces se volvió triciclero y cada día traslada quintales de mercadería en su vehículo de tres ruedas, que pedalea bajo el incesante sol de San Marcos.
“Trabajé en Banquetzal, fui empleado tres años ahí, pero el salario era muy poco (Q1,800), son como Q60 diarios y con un sueldo así difícilmente mantendríamos a la familia. Yo tengo tres niños y les debo dar educación. Aquí gracias a Dios por medio de este trabajo sale para eso, pues cobramos Q10 a la terminal, Q5 al parque, a veces vamos a echar unas vueltas con turistas y ganamos un poquito más y gracias a eso redondeamos un sueldo de unos de Q3 mil, a Q3 mil 100, al mes, aunque hay días malos”.
En abril pasado, el Central American Business Intelligence (CABI), publicó un estudio sobre los gastos que hace en promedio una familia en la canasta básica guatemalteca. Según el documento, estos ascienden a Q2 mil 620 mensuales.
El informe establece que el promedio de gasto mensual de una familia de cinco miembros asciende a unos Q6 mil 313, y que de ellos el 41.5 por ciento se invierte en alimentos, el 8.5 por ciento en energía, el 7.4 por ciento en educación, y el 5.2 por ciento en salud. Además establece que al año una familia gasta aproximadamente unos Q75 mil 760.
El Instituto Nacional de Estadística comenta en el mismo estudio que el tipo de gastos no implican que haya desaparecido la pobreza y que el índice de esta se encuentra en 53.7 por ciento.
¿Sabe que la mercadería que transporta no paga impuestos? “De hecho es ilegal, todo lo que pasa aquí es ilegal, pero es preferible que trabajemos aquí y no que andemos robando. Yo no calculo que sea ilegal que trasporte una caja de huevos, es peor que llegue a mi casa y mis hijos me estén pidiendo un pan y no tenga de dónde darles”.
¿Teme que un día venga la Policía e intente detenerla por su trabajo? “Todos tenemos ese temor de que vengan las autoridades y quieran privarnos de nuestra libertad y del derecho de poder trabajar. Estaríamos de acuerdo si el Gobierno nos diera opciones, pero si solo nos quitan el sustento diario de nuestros hijos, claro que vamos a pelear por nuestros derechos”. La defraudación tributaria y la defraudación aduanera, se tipifican como delitos en el Código Penal y la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros de Guatemala. No obstante, el Estudio La eficiencia de la captación fiscal por la vía judicial, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que la efectividad de la persecución penal de los delitos tributarios (entendida como la aplicación de una sentencia condenatoria o de un mecanismo simplificador del proceso penal), no supera el diez por ciento de los casos judicializados, lo que significa que el 90 por ciento de los delitos tributarios que se denuncian en el Ministerio Público (MP) no se resuelven. El mismo informe revela que los montos recuperados por la vía penal, equivalen al 2.7 por ciento del total de los casos.
“Es un mal necesario”
Para un buen número de pobladores que viven cerca del Suchiate, el contrabando es un acto de rutina, una forma de subsistencia diaria. Pero, ¿Qué tendría que decir al respecto una autoridad como Erick Zúñiga, alcalde de Ayutla, sobre ese tipo de actos que la ley guatemalteca sanciona con prisión?
“Hablar del contrabando tiene sus raíces, estamos hablando de 70 años atrás, esto ya se culturizó en nuestro pueblo y en nuestro municipio es algo normal ver esto. La gente ha ido heredando esos puestos. Un camarero o triciclero gana entre Q100 y Q70 diarios, nadie se va a hacer rico con esa cantidad. Como alcalde te puedo decir que no soy la persona competente para poder interferir en eso. No voy a quitar en un año algo que tiene 70 años de existir”.
Además de presidir la Municipalidad de Ayutla por segundo período y creer que el contrabando es una “cultura” en su municipio, Zúñiga es hombre con un presente turbulento: el 1 de agosto pasado, el Juzgado de Extinción de Dominio resolvió pasar a nombre del Estado ocho fincas expropiadas a un testaferro de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, extraditado en mayo hacia Estados Unidos por supuesto trasiego de cocaína a ese país desde 1998. Pero la judicatura también ordenó que se iniciara una investigación por lavado de dinero contra cinco hombres que realizaron transacciones monetarias con Chamalé, entre ellos el alcalde de Ayutla.
Además de inspirar algunos narcocorridos, como el del cantante Oscar Ovidio titulado: Juan Ortiz, y protagonizar un videoclip de ese mismo género interpretado por Arnulfo Bernal Jr. y La Descendencia HD, Chamalé era considerado el capo del narcotráfico en Chiquimula, Retalhuleu, San Marcos y Huehuetenango. La investigación en su contra lo vincula a la recepción de hasta cinco toneladas de cocaína que era trasladada desde Colombia a Guatemala y distribuida al cartel mexicano del Golfo. En 2001, la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), lo consideró el traficante de más alto rango que operaba en Guatemala.
El 13 de junio de este año, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del MP, allanó la Municipalidad de Ayutla para secuestrar información de los arbitrios municipales de cinco cambistas, quienes trabajaban en las orillas del Suchiate cambiando pesos mexicanos por quetzales. Estas personas fueron detenidas el 3 de diciembre de 2013 junto a 18 más. Según las investigaciones, la estructura criminal habría lavado Q368.3 millones entre ambos países. Entre los detenidos figuraban: Emilio Meoño Barrios, quien fungía como concejal de Ayutla y tesorero del equipo de fútbol del municipio, y Érika Eugenia Villagrán Agustín, cuñada de Érick Zúñiga. El alcalde también tiene entre su historial haber instalado un peaje donde los tricicleros debían pagar un “impuesto” de Q3 a la comuna por cada transporte de mercadería. Según Zúñiga, ese dinero solo se cobró unos meses y sirvió para remozar una carretera que permitía a los transportistas transitar con más facilidad. “En ningún momento hemos tratado de hacerles más fácil el trabajo, lo que sí hemos tratado es de que la gente que visita nuestro municipio tenga seguridad y entonces lo que tratamos es de descampar lugares que estaban muy incómodos”, justificó.
¿Cree que ese trasiego no controlado de mercancías es un mal inevitable? “Para mí sí. Como alcalde te digo que es un mal necesario. Va dejar de ser un mal necesario hasta que se les presente una mejor opción, hasta entonces va ser un mal que le va a dar de comer a muchos niños”.
El 28 de noviembre de 2013, la Policía Nacional Civil detuvo un automóvil que transportaba mercadería de contrabando. Los trabajadores del Suchiate se enfurecieron y agredieron a los agentes y miembros del Ejército, quemaron una patrulla y recuperaron la mercadería. “La municipalidad no puede contener el fervor de la población, no hay ningún alcalde que pueda detener al propio pueblo cuando el pueblo se enardece. Son 10 mil personas las que hay ¿y me voy a poner enfrente como Supermán? Me van a quemar, no puedo”, respondió el alcalde a ese hecho.
¿Teme que lo investiguen por no denunciar el contrabando? “En política se espera todo, una de las cosas que da más miedo es la política, yo nunca había entrado a un mundo tan oscuro. Si me ponen una demanda estoy listo para lo que venga. De que tengo miedo, tengo miedo. Yo no estoy consintiendo lo malo, simplemente soy el alcalde de este municipio fronterizo, soy alcalde pero también soy ayutleco, yo no voy a hundir a mi propia gente. Esta es mi gente y necesitan una oportunidad. No tienen otra opción”.
La respuesta del alcalde se parece a los argumentos que el expresidente Alfonso Portillo vertió más de una vez ante los tribunales guatemaltecos, en los que aseguraba que el proceso abierto para su extradición hacia Estados Unidos por el desvío de US$70 millones, era político y que por esa razón no podía ser extraditado, no obstante, el 18 de marzo de 2014, el exmandatario se declaró culpable de haber recibido sobornos de parte del Gobierno de Taiwán a cambio de aceptar el reconocimiento diplomático de la Isla. Otros políticos, como Manuel de Jesús Castillo Medrano, quien atribuyó el proceso penal en su contra a un hecho político, aún purga la condena de 203 años de prisión por el asesinato de tres diputados salvadoreños.
El fruto del árbol envenenado
Muy cerca de la orilla del Suchiate hay una patrulla de la PNC. El intenso calor del pueblo no logra que los agentes salgan del vehículo. Esperan vigilantes unos minutos y se marchan. El río no se detuvo y la mercadería tampoco cesó. Cientos de cajas de mercancía siguen pasando de México a Guatemala. En esa orilla Mynor del Cid también vigila, no le interesan las cargas pequeñas, él llegó por las toneladas de producto que algunas balsas traen. Él es fletero.
En Derecho existe una metáfora legal denominada “La doctrina del fruto del árbol envenenado”, la cual establece que cualquier evidencia obtenida de forma ilegal es inadmisible, así pues, el veneno es al fruto lo que la ilegalidad es a la evidencia, por lo tanto se infiere que si la fuente (el árbol) es corrupta, entonces cualquier cosa que salga de ella (el fruto) también lo es. En Ayutla el árbol parece estar bastante envenenado…
Un día cualquiera de junio de 2014, Mynor viajaba con su vehículo cargado de mercancía que acababa de atravesar el Suchiate. Se dirigía a una zona conocida como finca El Álamo, en Ayutla, cuando fue alcanzado por una patrulla cuyas siglas eran “DINC” (División de Investigación Criminal). “Me hicieron el alto y me detuve con respeto, pero al momento que me pidieron los documentos, agarraron mi licencia y se la metieron a la bolsa sin leerla. Me dijeron que si yo tenía la cantidad de Q5 mil me dejaban trabajar, y si no que me iban a consignar”.
Mynor cobra de Q100 a Q300 dependiendo del peso de la mercadería y del destino. Aquel día infortunado no tenía Q5 mil en la bolsa, así que se negó. Uno de los agentes desenfundó su arma y se la puso cerca de la cabeza. “Yo les dije que me dejaran de estar extorsionando. El extorsionista, si uno no le paga lo mata pero los policías si uno no les paga, lo encarcelan”.
Después de dos horas retenido Mynor fue dejado en libertad. Reconoció que les pagó una “mordida” (soborno) a los agentes, aunque no quiso decir de cuánto. “Me dejaron ir pero se les tuvo que dar un dinero. A los fleteros nos pasa seguido eso, vienen patrullas de otro lado y ya no se sabe quién es el delincuente y quién es la autoridad porque están al mismo nivel”, dice el hombre mientras espera que llegue mercadería de contrabando para trasladarla.
Los tricicleros tampoco escapan de la Policía, aunque reconocen que antes (cuando existía la Guardia de Hacienda) había más detenciones. “Se llegaron a dar cuenta los policías de que era por necesidad que lo hacíamos y nos dejaban trabajar, ya solo recibían una mordidita”. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en Guatemala (ENEI 2012), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “el sector informal representa el 74.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país. Si se toma en cuenta que esta alcanza a 6.2 millones de guatemaltecos, unos 4.6 millones laboran por su cuenta sin protección social”. De este porcentaje, la encuesta indica que el 30.8 por ciento se dedica al comercio, por lo que según Fundesa “es muy probable que una gran parte de ese porcentaje de la PEA participe del contrabando y la defraudación aduanera, a ello se suma el diez por ciento que se dedica a actividades relacionadas con el transporte, comercialización y distribución de mercancías, es decir que se puede estimar que hasta un 40 por ciento de la PEA, podría dedicarse a actividades relacionadas con el contrabando y la defraudación aduanera en el país”.
Legalización de facto
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, se refiere al contrabando ayutleco como “una paradoja” y asegura que muchos de los productos que ingresan al país por esa vía no solo tienen un impacto en la economía fiscal, sino en la salud, pues algunos tienen veto por problemas sanitarios y en el río no pasan por ningún tipo de revisión. “La gran paradoja es que por comprar más barato la gente se va a enfermar. Lo barato sale caro”. El funcionario resaltó en primer lugar esa parte del contrabando, pero a la fecha no se han registrado casos masivos de intoxicación en los departamentos donde se genera más ese tipo de trasiegos.
Para el funcionario, Ayutla es la punta del iceberg, pues en esa región existe un contrabando “latente” pero que es parte de una costumbre que no es nueva, que viene desde hace décadas y que ha ido creciendo con el tiempo. Sin embargo, hay otros puntos no controlados donde pasa combustible, camiones cargados con huevos, pollo, cigarros y hasta drogas.
El 30 de agosto de 2013 el ministerio de Gobernación instaló la “Fuerza de Tarea Tecún Umán”, en San Marcos, que consiste en un grupo de reacción conformado por la Policía y el Ejército y cuyo objetivo era “combatir” el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de armas cometidos en las zonas fronterizas con México. Su centro de operaciones es Tejutla, en San Marcos (a 106 kilómetros de Ayutla), y está integrada por 169 soldados, 70 agentes de la PNC, cinco representantes del Organismo Judicial y cinco de la SAT. ¿Qué hace la Fuerza de Tarea? “Trabaja desde Ocós hasta Frontera El Carmen (ambas localidades de San Marcos) y está orientada en gran medida a detectar pasos vehiculares no controlados, contrabando de mayor cuantía como el combustible, aceites, cosas que se desarrollan en esa línea, es un segundo escalón de protección”. ¿Entonces sus acciones no llegan hasta Ayutla? “No. En la línea de frontera no. Ellos están en un segundo escalón”, responde el Ministro.
En 2013 el ministerio de Gobernación reportó el decomiso de 3 millones 241 mil 130 cajetillas de cigarrillos, 382 mil 460 huevos, 26 mil 221 galones de combustible, así como zapatos, pastas dentales, mariscos, leche, y otros productos de contrabando en todo el país. Según la estadística proporcionada por la cartera del Interior, el valor total de la mercadería incautada llega a Q7 millones 625 mil 545.
Sobre la visión que el alcalde de Ayutla tiene sobre el contrabando, el encargado de la seguridad interior comentó: “Lo entiendo, porque es autoridad local y si se contrapone a una costumbre que se ha convertido en un derecho para la gente, entonces tendría problemas de otro tipo. Eso tiene que erradicarse con la fuerza pública nacional”.
¿Hay complicidad del alcalde u omisión de denuncia? “En algún momento sí”. ¿Cree que haya una legalización de facto del contrabando en ese municipio? “Sí. Existe una actuación de facto en ese trasiego comercial que es absolutamente fuera de la ley”.
“Accusatio manifesta”
Los millones de quetzales que el Estado de Guatemala deja de percibir cada año a causa del contrabando son solo parte de una especie de “cultura” de evasión que impera en el país. Según recientes declaraciones de Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, el Estado deja de percibir unos Q200 millardos al año por evasión fiscal de empresas.
El ministerio de Comunicaciones de Guatemala ha invertido Q7 millardos en infraestructura durante los primeros dos años del gobierno actual y se estima que al concluir este año el monto suba un millardo de quetzales más. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Guatemala es uno de los países que menos invierte en educación, pues el gasto en ese rubro, como porcentaje del PIB, es de aproximadamente 2.4 por ciento en comparación con el 4.4 por ciento del promedio en América Latina. El presupuesto total asignado este año a Salud alcanzó los Q5 mil 111 millones.
Lo anterior es solo un comparativo para estimar lo que el Estado podría invertir en educación, infraestructura o salud, solo con los impuestos dejados de percibir debido a la defraudación fiscal de las empresas.
De vuelta al río…
Guadalupe Polanco, Luis Valladares, Mynor del Cid y una docena más de balseros, tricicleros, fleteros o cambistas que optaron por no identificarse coincidieron en una cosa: el contrabando les da de comer, a ellos y a sus familias, y como cualquier derecho están dispuestos a defenderlo, cueste lo que cueste.
“Nosotros estamos de acuerdo que el Gobierno quiera quitarnos la fuente de trabajo siempre y cuando nos den opciones. Pero si solo vienen a querernos quitar el sustento diario de nuestros hijos y a dejarnos desempleados, claro que no somos mudos y vamos a pelear por nuestros derechos…”, dijo decidida Guadalupe, quizá consciente de que en más de 65 puntos ciegos ubicados a lo largo de la frontera con México está ocurriendo exactamente lo mismo.
-
- Ver PDF de publicación original – Parte I.
- Ver PDF de publicación original – Parte II.
- Ver PDF de publicación original – Parte III
