La historia conocida comenzó el 17 de marzo de 2011 con dos allanamientos. Ambos fueron en la ciudad de San Pedro Sula: una bodega ubicada en Río Bermejo, inscrita en el registro del catastro como propiedad de Eduardo Elías Hándal Saybe, y una vivienda particular en la colonia Lomas de San Juan, en la 1.ª calle, bloque 11. Fue la bodega, repleta de armas, la que más llamó la atención.
Había tantas que el entonces ministro de Defensa hondureño, Marlon Pascua, se atrevió a decir que nunca había visto en Honduras tal cantidad encontrada bajo esas circunstancias, según publicó el diario La Prensa de Honduras el 19 de marzo de 2011. Pero no solo fueron las armas, que estaban en una especie de compartimento bajo el piso, un sótano construido a propósito para hacer las veces de escondrijo. Había furgones con rastros positivos a droga sintética. Había químicos para fabricarla. Había cuatro placas metálicas de la Policía Federal de México. Y hubo un único detenido: Miguel Ángel Banegas Ciles, el hombre que vigilaba la bodega.
Este artículo fue realizado por La Prensa Gráfica y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Americas del International Center for Journalists, en alianza con CONNECTAS.
Hándal Saybe, propietario de ese terreno, se convirtió desde ese momento en prófugo de la justicia hondureña. Con él, además, un guatemalteco identificado como Juan Carlos García Urbina, a quien policías de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y el Ministerio Público de Honduras identificaban como miembro de la red de narcotraficantes. El empresario guatemalteco todavía está prófugo.
Entre las armas y municiones destacaban 39 cohetes M-72, mejor conocidos como lanzacohetes antitanque Law. Salvo uno, todos estaban sin usar.
La historia no contada trata, sin embargo, de cómo un grupo de narcotraficantes mexicanos se afincaron en Honduras para evadir la guerra comenzada en el sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, una escalada de violencia que provocó más de 60,000 muertes en el país norteamericano. Y trata, además, de cómo 14 lanzacohetes antitanque Law que estaban destinados a ser destruidos en una zona rural de Zacatecoluca –por inservibles, según versión oficial salvadoreña– terminaron en una bodega de San Pedro Sula, propiedad de uno de los aliados de un capo mexicano.
Podría haber sido un ejercicio de probabilidades, pero la existencia de una célula de militares salvadoreños que confesó haber vendido las armas lo dejó fuera de la ficción.
En Honduras, el expediente judicial contra el vigilante Banegas Ciles, número S. P. 360-2013, permanecía bajo resguardo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de ese país en diciembre de 2014, a la espera de una apelación de los 26 años de cárcel que el Tribunal de Jurisdicción Nacional le impuso al vigilante. Los documentos que conforman ese expediente dejan claro que los carteles de la droga, con todo lo que una de esas estructuras necesitan, no son cuentos que pasan a miles de kilómetros. En este caso apenas fueron 360 kilómetros de San Salvador y con armas de la Fuerza Armada salvadoreña.
El 15 de febrero de 2011, la Unidad Antidrogas (UAD) del Ministerio Público de Honduras remitió a sus pares de la Policía, la DLCN, bajo requerimiento UAD-18-2011, los datos brindados por un informante. “En el sector de Río Bermejo hay una bodega para almacenar droga. Se solicita diligencias de investigación”, envió el MP. Un día después, un grupo de policías antinarcóticos iniciaron vigilancias, seguimientos, toma de fotografías. Estas se alargaron durante un mes.
Lo que lograron averiguar durante ese mes fue que un grupo de personas se movilizaba entre dos lugares: la bodega de Río Bermejo, de 3,292.09 metros cuadrados, y la vivienda de la colonia Lomas de San Juan. Y aunque los investigadores levantaron informes de múltiples vehículos que entraban a la bodega –incluso en una ocasión a una persona con una chaqueta que en su parte posterior decía “Policía”–, solo lograron identificar como responsables para ser procesados a Hándal Saybe, Banegas Ciles y al guatemalteco García Urbina.
El arsenal que la DLCN incautó fue: 13 lanzacohetes Law con el número de lote RAN-87B001-013; uno con lote RAN-85F-001-006; nueve más con distinto número de lote cada uno; 15 sin número de lote y uno ya disparado; ocho fusiles AK-47; otros siete fusiles R-15 (seis con su respectivo número de serie y uno sin él); 11 granadas RPG-7, versión rusa de los Law; cuatro pistolas de distintos calibres, todas con número de serie; una ametralladora mini Uzi; un lanzagranadas M203, que es utilizado con granadas de 40 milímetros; un rifle calibre 22, sin número de serie; una mira telescópica; 652 cargadores, 625 para M-16, otros 23 para AK-47 y otros para diverso calibre; así como 410 balas sueltas de distinto calibre.
En el predio de la bodega de Río Bermejo, la DLCN ubicó además 10 camiones de carga de distinto tipo, 1 vehículo tipo sedán y siete contenedores o rastras, la mayor parte de ellos con placas guatemaltecas y relacionados con una empresa de transporte de carga de ese país. Tras ser analizados, los investigadores establecieron que los siete contenedores tenían compartimentos ocultos –conocidos como caletas–, y todos dieron positivo a rastros de droga.
No son las armas y los medios de transporte, sin embargo, los que dimensionan con precisión a la estructura. Los investigadores hallaron además utensilios como una planta eléctrica, depósitos de metal contaminados con droga, envoltorios plásticos, una balanza grande. Y el plato fuerte: 21 sacos de fenilpropanolamina (que en términos prácticos fueron 991 libras), definida por uno de los analistas como “un isómero de la efedrina y es considerada como un precursor químico”, es decir, materia prima para la fabricación de drogas sintéticas, como las anfetaminas. Encontraron una bandera de México, un walkie-talkie (radio comunicador). Encontraron mapas políticos de Centroamérica, Colombia y Venezuela y nueve pedazos de madera que simulaban ser kilos de cocaína. Encontraron un telescopio, con su respectivo trípode y reflectores de gran poder, así como metros y metros de extensiones eléctricas que, los fiscales interpretaron, servían para iluminar pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas. Encontraron multiplicidad de recibos, facturas y hasta comprobantes de remesas enviadas hacia El Salvador, Guatemala y México. Y papeles, cajas de papeles y objetos que fueron tantos, incluso, que difieren de acta policial en acta.
Todo lo que la empresa de las drogas necesita –recibo y producción, transporte y defensa de rutas– estaba contenido en esa bodega. Hándal Saybe fue encontrado culpable en noviembre de 2014 y aún está en espera de su pena.
Un investigador antilavado de dinero de Honduras declaró en el proceso judicial contra Banegas Ciles y Hándal Saybe que todo comenzó cuando el colombiano Gino Brunetti fue arrestado en México en 2001, y posteriormente enviado a Estados Unidos por narcotráfico. El colombiano buscó en ese momento reducir su sentencia a cambio de volverse soplón contra varios carteles del narco de México.
Según la apelación 376 F.3d 93, de la Corte de Apelaciones del segundo circuito del Distrito Sur de Nueva York, Brunetti involucró a varias personas en el negocio de las drogas, a pesar de que nunca se le ofreció un trato claro de reducción de pena. Entonces salió a relucir el cartel de los Nava Valencia.
La estructura, denominada también como el cartel del Milenio, era considerada en México como cooperante del cartel de Sinaloa en los estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit, y que tenía entre sus socios a Ignacio “Nacho” Coronel y a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “el Chapo”, el narco más famoso de México, detenido en Mazatlán (Sinaloa) el 22 de febrero de 2014 por la Marina mexicana.
Los investigadores antilavado de Honduras habían logrado comprobar –y así lo declararon en la audiencia contra Hándal Saybe– que Juan Carlos Nava Valencia, alias “el Tigre”, era la cabeza del cartel del Milenio para el año 2010, después del arresto de su hermano Óscar Orlando Nava Valencia, alias “el Lobo”, y que había ingresado a Honduras con su nombre propio en 2005, según registros de inmigración. Dos fotos que constan en el expediente certifican tal declaración.
“El Tigre” encontró buen nicho en Honduras. Adquirió documentos falsos como hondureño. Su nuevo nombre, nacido en el departamento de Cortés, fue Marco Antonio Ortiz Morales, con número de identidad 0506197201121, de oficio comerciante al por menor. Otro nombre que se agregaba a sus otras tres identidades falsas: Francisco Javier Orozco Villaseñor, Víctor Hugo Nava López y Víctor Hugo Valencia.
Nava Valencia se sentía tan cómodo en Honduras que, desde 2004, había fundado una empresa bajo número #45 del tomo 372 del Registro de la Propiedad Mercantil de San Pedro Sula, según el instrumento #2374, con el mismo notario que había certificado documentos para Hándal Saybe.
La empresa se llamó Empresas Gastronómicas de Honduras, S. de R. L. y fue inscrita el 7 de julio de 2004 por el empresario Carlos Alberto Yacamán Meza y por Nava, a través de un poder. Las pesquisas de un caso paralelo, por lavado de dinero, demostraron que Hándal Saybe tenía firma autorizada en una cuenta bancaria a nombre de esta empresa.
A esta estructura fueron a parar 14 lanzacohetes Law del Ejército salvadoreño. Son, precisamente, los 13 con número de lote RAN-87B001-013 y uno más con lote RAN-85F-001-006 que estaban inventariados en el Destacamento 3 (DM-3) del departamento de San Miguel.
Documentos oficiales en juzgados de San Pedro Sula y oficios en juicios contra militares salvadoreños en La Paz, alguno de ellos confidenciales, a los que LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso, certifican la procedencia de los lanzacohetes.
Para hacerse una idea de la potencia de este tipo de armamento basta leer el informe técnico que la 105 Brigada de Infantería de Honduras envió al MP el 22 de marzo de 2011, como parte del análisis del arsenal incautado en Río Bermejo: “Rocket HE 66 milímetros, antitanque M72 A3, de fabricación estadounidense. Este tipo de munición puede penetrar hasta un pie (30.4 centímetros) de placa de acero, 2 pies (60.8 centímetros) de concreto reforzado y 6 pies (1.8 metros) de suelo. Alcance efectivo máximo: blanco inmóvil, 200 metros. Blanco móvil, 165 metros”.
Un mes y 10 días después de los allanamientos de Río Bermejo hubo otro hallazgo, sin investigación previa de por medio, aproximadamente a 400 kilómetros de San Pedro Sula. En Tapalhuaca, departamento de La Paz, en la hacienda El Ángel, militares encontraron bolsas y cajas con granadas industriales de mano M-67: 1,812 granadas para ser precisos.
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de El Salvador identificó a siete militares como responsables y los arrestó. Las capturas, sin embargo, no fueron hechas públicas hasta un mes después. El 30 de junio de 2011, un informe de carácter “confidencial”, como la mayoría de documentos que pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional, reseñaba: “En fecha 17 de marzo de 2011 la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Honduras allanó un local en San Pedro Sula, donde se decomisó abundante armamento y material de guerra, incluyendo 39 cohetes Law, con número de lote RAN-87-B001-013 y RAN-85-F001-006, ambos cohetes Law inventariados en el depósito número 3 (DM-3) bajo la custodia de la Fuerza Armada de El Salvador bajo el mando del capitán José Mario Mejía Rivera”. El documento tiene número de oficio 0533, dependencia CII/SRIA, clasificación Confidencial, código C4A-102 y no era público. Hasta ahora.
Lo único conocido de ese proceso era lo que el entonces ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo en mayo de 2011, cuando aseguró que se detectó “una célula” de militares que estaban “intentando traficar granadas” con el cartel de Los Zetas, en Guatemala. Fue enérgico y dijo que se les aplicaría la legislación militar. El caso fue desmoronándose, poco a poco, en etapas consecutivas: el Juzgado de Primera Instancia Militar, el único que aplica el Código de Justicia Militar, pero bajo jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los absolvió a todos; y posteriormente fueron condenados a penas mínimas en dos juicios distintos en instancias penales comunes, ya que el primer juicio fue anulado.
La acusación penal común inició en 2012 y, desde entonces, el caso tuvo “reserva total” a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Una sentencia relacionada con el caso, no obstante, ilustra una cantidad de evidencias, datos e involucrados que se desconocieron públicamente.
La energía con la que Munguía Payés inició condenando el caso también fue diluyéndose, suavizándose, y terminó casi por retractarse en las etapas finales del proceso judicial.
En diciembre de 2014, en una entrevista con este periódico, el delegado regional para el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de la Agencia Estadounidense para el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, conocida como ATF, Harry Peñate, explicó cómo funciona su base de datos: ATF tiene capacidad de rastrear casi cualquier arma que haya sido fabricada en Estados Unidos. Pueden saber quién la fabricó, dónde se vendió, quién la compró y hacia dónde fue exportada, entre otros detalles.
Peñate dijo, entonces, que también pueden acceder a información del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, quienes realmente tienen la base de datos de armas de guerra en todas sus modalidades: fabricación, venta y donación. Y es a esta base de datos a la que los investigadores salvadoreños han acudido en el caso de las granadas M-67 y otros de armamento de guerra de años recientes. Investigadores relacionados con el proceso de las granadas han asegurado que ATF confirmó que los lanzacohetes encontrados en Honduras pertenecen a los inventarios de la Fuerza Armada salvadoreña, y que no existe otra posibilidad más que hayan salido de los almacenes militares hacia las manos de los narcos en Honduras.
El delegado de ATF explicó también algo que personas relacionadas con las armas de guerra saben de sobra: las granadas M-67 o los lanzacohetes Law no poseen un número de serie propio, sino de lote, que puede significar, por ejemplo, que haya 300 granadas con el mismo número de lote. El número de lote está sobre el cuerpo del arma.
Lo que parece tan claro en el oficio confidencial 0533, el que certificó en Honduras que los lanzacohetes encontrados en el allanamiento pertenecían a la Fuerza Armada, fue meses después negado por el mismo Munguía Payés durante el juicio contra los militares acusados de traficar granadas y armas. El funcionario se escudó en que era imposible asegurar que esos lanzacohetes encontrados a un apéndice del cartel del Milenio hayan sido traficados desde las entrañas de la institución que él dirigía. Lo que Munguía Payés literalmente declaró el 1.º de octubre de 2013, durante el primer juicio contra los militares, fue: “Supe que en Honduras se encontraron unos Law con número de lotes de los que nosotros teníamos, pero no necesariamente eran de los lotes nuestros. Tomé contacto con autoridades de Honduras para verificar si coincidían algunos lotes que nosotros teníamos y supe que coincidían, pero no significaba que procedían de nuestros lotes, puesto que los cohetes no tenían número individual, solo número de lote. Ellos también tenían cohetes con los mismos números de lotes nuestros porque estos fueron distribuidos (donaciones en el caso de El Salvador) en toda Centroamérica por Estados Unidos durante el período de guerra”.
Horas antes de rendir esa declaración, Munguía Payés dijo ante diversos medios de comunicación, evidentemente molesto por la espera: “Parece que siempre hay irregularidades en estas audiencias. Es la tercera vez que vengo y veo frustradas mis intenciones de colaborar con la justicia”.
No consta en ninguna parte del proceso judicial contra Banegas Ciles que las autoridades hondureñas comprobaran que esos lanzacohetes tuvieran el mismo número de lote de los que Honduras recibió en los setenta u ochenta. Es más: nunca se hizo un análisis de los números de lote para comprobar a nombre de quién estaban registrados. El único examen al que las armas fueron sometidas fue para saber si funcionaban o no. Y sí, funcionaban.
Cuestionado al respecto, Peñate manifestó en diciembre de 2014: “También le digo, que hay lotes que fueron específicamente a un país y también hay lotes que fueron a países diferentes”. Al insistir sobre el punto, el delegado de ATF comentó: “Muchos de estos casos son activos, no tengo la libertad para darte la información. Eso ha pasado, pero también ha pasado que ha sido solo para un país”.
El último año que El Salvador recibió lotes de granadas M-67 de parte de Estados Unidos fue en 1991, en agosto, según documentación oficial del Ministerio de Defensa a la que este periódico ha tenido acceso.
El Departamento de Inteligencia Militar es conocido, en la jerga interna y en documentos oficiales, simplemente como “el CII”, es decir, el Conjunto II. De ahí que el oficio 0533 proviniera, con clasificación confidencial incluida, con esa coletilla. Munguía Payés no solo pasó por encima de sus mismos informes internos. También sobre lo que declararon sus mismos subalternos del CII. Durante el juicio, un oficial militar perteneciente a esa unidad relató que entrevistó a varios de los militares arrestados entre 24 y 48 horas después de que encontraron enterradas las granadas en Tapalhuaca. Es decir, entre el 28 y el 29 de abril de 2011.
El oficial dijo que tres de los militares detenidos admitieron que habían sacado armamento en diciembre de 2010, enero y abril de 2011 y que recibieron una paga entre los $500 y $900 a cambio de ello. Entre las armas que admitieron haber sacado había “15 lanzacohetes Law”. Eso consta en el expediente del juicio contra los militares, un documento oficial.
Sin embargo, la jueza de Sentencia de Zacatecoluca decretó que “no se había comprobado” que los lotes fueran los mismos encontrados en otro país, ya que en el período de la guerra “varios países recibían los mismos lotes”. La única persona que afirmó tal cosa en el juicio fue el ministro Munguía Payés. No hubo un solo testigo más que secundara tal aseveración.
Varios militares consultados por aparte, y no relacionados con este caso, han coincidido precisamente en lo contrario. “Es la primera vez que oigo eso, los lotes casi siempre venían para un solo país, es raro que varios países tengan el mismo lote”, dijo uno de estos militares de larga experiencia, que estuvieron durante el conflicto en contacto con ese tipo de armas.
Las peticiones de entrevistas se han acumulado en el Ministerio de Defensa. Este periódico ha solicitado, vía telefónica y por correo electrónico, desde el pasado 16 de marzo, una entrevista con el ministro Munguía Payés. Pero nada.
Hace dos semanas, el jueves 9 de abril, Munguía Payés reapareció públicamente en un evento con militares estadounidenses. Se buscó nuevamente hablar con él, preguntarle por los recientes casos de granadas industriales lanzadas contra puestos de la Policía, de los cohetes Law encontrados en Honduras, del C4 vendido por militares de alta, pero el ministro no accedió a una entrevista.
Habló brevemente, sin embargo, de lo que él cree es una campaña contra la Fuerza Armada. Dijo que no todas las armas de guerra que se encuentran, algunas usadas por las pandillas para atentados, pertenecieron a la Fuerza Armada. “Pero bueno, la gente algunas veces no entiende y hay mucha morbosidad en eso, y que cualquier fusil que encuentran como que perteneciera a los inventarios de la Fuerza Armada y no es cierto, nosotros hemos perdido nada más 17 fusiles”, dijo entonces el general de División.
Este reportaje fue realizado por César Castro Fagoaga, Suchit Chávez y Jessica Ávalos para La Prensa Gráfica. La investigación periodística se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
