Las autopsias practicadas a los cadáveres de cinco hombres revelan que recibieron disparos a corta distancia. Algo que no compulsa con el tiroteo en el que, según las autoridades, perdieron la vida estas personas. Sucedió en Panchimalco el 15 de agosto de este año por la noche, el mes más violento desde la firma de los Acuerdos de Paz. Solo tres días después, una mujer de 20 años que fue testigo desapareció. Las autoridades no han querido explicar por qué se dio la orden de disparar en un lugar en el que, aparte de dos mujeres, también se encontraban una niña de dos años y un niño de cuatro.
Cinco cadáveres terminaron a mediados de agosto en una casa del cantón Pajales, en Panchimalco. La versión de las autoridades se resumió en un comunicado de prensa de siete líneas que, acerca del caso, hizo circular el Ministerio de la Defensa. Lo que según las autoridades sucedió el 15 de agosto por la noche también se encuentra descrito en las apenas 18 líneas que corresponden a la acusación contra Joel David Rodríguez Benítez, el único pandillero detenido tras el supuesto tiroteo. El último elemento escrito sobre esas cinco muertes violentas son las 25 líneas de las declaraciones del suceso dadas por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
En esta versión oficial se agrega, a secas, que se había detectado movimientos de pandilleros en la zona, por lo que policías y soldados hicieron un grupo conjunto para verificar. Cuando llegaron a Pajales, aseguran, fueron recibidos a tiros, y que por eso contestaron de la misma forma. Al final, ningún miembro del grupo conjunto fue lesionado y cinco pandilleros murieron en el supuesto intercambio de disparos. A los fallecidos los identificaron únicamente como miembros del Barrio 18, facción “revolucionaria”. Sin nombres.
Pero surgen dudas de la versión al revisar las autopsias que fueron practicadas a los cinco. Estas muestran que recibieron disparos a quemarropa, algo que corroboran testigos directos, que agregan que fueron ejecutados fuera de la casa y después trasladados al interior. La casa donde fueron encontrados, además, era un escenario irreal para un tiroteo sin más bajas, tal como la policía asegura.
Lo más cercano a lo que fuentes distintas a las oficiales aseguran que ocurrió se puede resumir en menos líneas que la versión oficial: cinco pandilleros fueron asesinados por soldados y policías entre el sábado 15 por la noche y el domingo 16 de agosto por la madrugada, en una casa del cantón Pajales. En la vivienda también estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes con sus hijos: una niña de dos años y un niño de cuatro, que fueron testigos. Tres días después de estas muertes violentas, una de las mujeres jóvenes desapareció.
Este artículo fue realizado por La Prensa Gráfica (El Salvador) y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para compartir contenidos.
El 28 de agosto por la mañana el país conoció que 51 salvadoreños habían muerto de forma violenta el día anterior. Esa mañana el viceministro de Justicia, Javier Martínez, dijo a la agencia de noticias Efe: “El Gobierno va a poner los (muertos) que nos toque ponerles a ellos (pandilleros)”. La retórica del endurecimiento de la represión del delito empezó a girar, desde meses atrás, de forma más acelerada, provocando un odio cíclico: por un lado, con los pandilleros que han asesinado a 51 policías y 17 militares, y por el otro, policías y militares matando a pandilleros en supuestos tiroteos. Solo en agosto 911 personas murieron producto de la violencia.
Parte de ese ciclo es lo que –según peritos y testigos no ligados a las autoridades– sucedió cuando soldados y policías dispararon en contra de Luis José Benítez Benito, de 21 años; Wálter Geovanny Ramos Vásquez, también de 21; Miguel Antonio Benítez Jorge, de 25; Jonathan Franklin Benítez Romero, de 17; y Óscar Leonel Martínez, de 15, cuando estaban en situación de desventaja.
Hay, por lo menos, dos versiones más de las que ningún funcionario ha hablado. La primera es la relatada por la familia que habita en esa casa. Esa versión fue contada por primera vez a este periódico el domingo 16 de agosto, mientras la familia se afanaba limpiando la sangre, después de que la Fiscalía General de la República (FGR), Medicina Legal y la Policía ya se habían retirado luego de procesar la escena.
La vivienda donde murieron Luis, Wálter, Miguel, Jonathan y Óscar es una edificación de adobe con piso de tierra. Tiene dos cuartos con un pasillo que los divide y su extensión no excede los 10 metros cuadrados. Está ubicada en un desnivel de unos 2 metros, sobre una pequeña loma, con respecto de la calle polvosa del cantón. Aquí, en uno de estos dos cuartos, mientras tiraban ceniza sobre un charco de sangre que tenía cerca una bala dorada olvidada por Inspecciones Oculares de la PNC y mientras recogían ropa empapada, la pareja de esposos contó que la noche anterior sus hijas, de 16 años y la de 20, dormían en las camas de este cuarto con sus hijos, de cuatro y dos. Ellos estaban en el cuarto aledaño, a una distancia no mayor a 2 metros, junto con una niña de 12.
Pandillero armado fue detenido durante la búsqueda. Foto: La Prensa Gráfica/Francisco Alemán.
“Solo oímos el tropel que venía”, dijo la madre de las jóvenes. Eso, supuestamente, era el ruido de los hombres que huían de los soldados y policías por la calle, y que, según ella, buscando refugio irrumpieron por la fuerza al cuarto donde dormían sus hijas y sus nietos. Los soldados y los policías subieron hasta la casa, un minuto después, para tirar de una patada la puerta de lámina y madera y así entrar en el cuarto, donde los niños ya habían comenzado a llorar.
“Cuando los soldados entraron, detrás de los muchachos, ya no dejaron salir a nadie. Yo desde el otro cuarto, encerrada, gritaba que dejaran salir a mis niñas y a mis nietos”, dijo la madre de las mujeres. Según cuenta, se angustió porque comenzó a escuchar que los soldados estaban golpeando a los jóvenes que entraron, y alcanzó a escuchar un diálogo entre soldados, policías y pandilleros.
—Vamos a matarlos a todos –decían los soldados.
—No, por favor no. Si ya nos tienen, no nos maten, llévennos mejor –respondían los hombres, según recuerdan, mientras estaban tirados en el suelo de tierra de la casa y eran alumbrados con lámparas.
Su cónyuge, ese mismo domingo 16 de agosto pero horas más tarde, comentó: “Así como vinieron esos señores, si quizá otros hubieran sido, los hubieran capturado y no hubieran hecho esa grosería adentro, con los niños”.
—¿Les dispararon de un solo? –preguntó este periódico.
—Pues sí, parados, por qué no los amarraron, digo yo, los hubieran llevado. De todos modos ya los tenían agarrados –dijo el padre de las mujeres.
La familia agregó que las dos mujeres fueron sacadas del pelo por policías y soldados, y los niños entregados a sus abuelos. Incluso fueron amenazadas, dicen, de ser abusadas sexualmente, y fueron liberadas hasta que llegó una fiscal al reconocimiento.
Camila, la joven veinteañera, relató ese domingo que Luis, Wálter, Miguel, Jonathan y Óscar sí andaban armados, pero que lanzaron al suelo las armas al escuchar el llanto de los niños. Los cinco, según ese relato, fueron sacados del cuarto en el que se habían refugiado y llevados hacia un pequeño patio donde la familia tiene animales de corral. Los pusieron contra la pared y los acribillaron. Y luego todos, ya muertos, fueron llevados al cuarto por los policías y soldados. Eso, según esta versión, explicaría el charco de sangre que quedó en el patio, donde no había ningún cadáver, según el reconocimiento de las autoridades.
Foto: La Prensa Gráfica/Francisco Alemán
Camila mencionó que un policía le dijo que “el niño la había salvado” de ser asesinada también. No contó esta versión a la fiscal del caso, explicó a sus familiares, porque durante las entrevistas todos los policías que habían participado en el operativo estuvieron dentro de la casa.
Es ella, Camila, la que desapareció tres días después, es decir, el miércoles 19 de agosto, cuando regresaba de trabajar, cerca de las 6 de la tarde, y se dirigía a su casa en Pajales. Lo único que supo su familia es que esa tarde fue vista caminando junto a dos hombres rumbo a la finca Monteagua.
Esa misma noche del miércoles, día de la desaparición de Camila, varios policías llegaron a la casa de la familia y, según comentaron, golpearon al padre.
—Los policías dijeron que si llegaban a descubrir que nosotros colaboramos con las pandillas, nos iban a matar a todos. Y lo único que pude hacer, porque mucho me golpeaban, fue escaparme de la casa y dormir entre el monte.
La madre denunció la desaparición de su hija el jueves 20 de agosto, pero, dijo, ninguna autoridad ha querido acompañarla al terreno de la finca Monteagua, donde vecinos le dijeron que había un bulto semienterrado.
Todos los miembros de la familia, cuestionados en distintos momentos, insistieron en que no conocían a ninguno de los cinco jóvenes. La madre contó, eso sí, que uno de sus hijos está preso porque ha sido ligado al homicidio de José Luis Miranda, un miembro del Batallón Presidencial asesinado el pasado 10 de abril en Panchimalco, un crimen atribuido a la facción revolucionaria del Barrio 18, la misma pandilla a la que la PNC liga a los cinco fallecidos.
Las fotos
El día que se conoció la muerte de los cinco pandilleros, una serie de fotografías de sus cadáveres ensangrentados circularon en redes sociales. El lugar donde estos cuerpos fueron retratados es coincidente con la casa que este periódico visitó. Sus ropas también coinciden con las descritas en las cinco autopsias que efectuó Medicina Legal. Tres de los análisis fueron efectuados por un médico forense por la mañana y dos por otro en la tarde.
Foto: La Prensa Gráfica/Francisco Alemán
No es el único que tiene evidencias de disparos por la espalda. Óscar Leonel Martínez recibió un tiro en la parte trasera de la cabeza. Esa bala no salió del cuerpo. Su cadáver, que aparece retratado con lo que podría ser vómito en parte de su tórax también tiene golpes visibles. A su lado derecho se encontró un arma.
Las cinco autopsias, además, coinciden en un detalle: a todos los fallecidos los forenses les encontraron restos alimenticios en el estómago, específicamente granos de elote. Un detalle importante para explicar otro punto del caso. En las fotografías se pueden distinguir varias mazorcas de maíz ya roídas, tiradas por el piso y algunas teñidas de rojo. En una de las imágenes también se puede ver la huella de un zapato, en el mismo color sangre, a no más de 30 centímetros del cadáver de Jonathan Benítez Romero.
El detenido
Después de las cinco muertes violentas también se capturó a Joel David Rodríguez, de quien el requerimiento de la Fiscalía presentado en el Juzgado de Paz de Panchimalco plantea que fue encontrado escondido entre la maleza, cerca de las 8:30 de la mañana, el 16 de agosto. No especifica en qué punto de la casa. La acusación solo dice que Rodríguez estaba escondido y que cuando dos policías lo descubrieron y le ordenaron que saliera, él les disparó e intentó huir. El documento añade que Rodríguez se tropezó en las raíces de los árboles y se cayó. Y luego, los agentes “utilizaron la fuerza necesaria para neutralizarlo”.
Howard Cotto, el subdirector general de la PNC, se congratuló el domingo 16 de agosto a través de su cuenta personal de Twitter del decomiso de cinco armas en el intercambio de disparos y de la captura de Rodríguez. En la foto que acompañaba el tuit aparece el acusado: un hombre joven, con trazos de sangre que le recorrían el torso desnudo, miraba a la cámara con ojos entrecerrados; y en sus hombros, sin aparecer completos, se veían tatuajes.
El juzgado hizo la audiencia inicial en contra de Rodríguez el viernes 21 de agosto. Los dos delitos que se le imputaron fueron intento de homicidio contra dos agentes policiales y tenencia ilegal de arma. La fiscal del caso, cuando llegó al juzgado el día de la audiencia y fue abordada por este periódico, negó ser la fiscal del caso. Tras ser descubierta, dijo que no brindaría declaraciones.
—Tenemos algunas dudas en este caso y queremos resolverlas con la fiscal –dijo este periódico.
—Se van a quedar con las dudas. A veces es mejor quedarse con las dudas –respondió.
Rodríguez fue enviado a prisión preventiva. Él tampoco quiso contar nada acerca del 15 de agosto por la noche y el 16 por la madrugada.
La otra versión
Un familiar de Rodríguez, residente en Panchimalco, admite que el joven de 23 años es un pandillero del Barrio 18. Contó a este periódico que al momento de la masacre en Pajales tenía dos semanas de haber salido de un penal. Y que antes de esa ocasión también duró apenas unas dos semanas libre luego de varios meses en la cárcel de Quezaltepeque.
“Lo que pasa es que él es asmático y en un momento tosió y fue que lo descubrieron los policías”, dice el pariente, quien agrega que “los policías lo iban a matar también, pero hubo gente que se metió, que les dijo que ya habían matado a los otros”.
Este pariente dice que Camila, la joven desaparecida, “era amiga de ellos” y los invitó a una atolada en su casa, y “como era amiga de ellos, llegaron”. Los granos de maíz revelados por la autopsia refuerzan esta versión.
El familiar sigue diciendo que los otros cinco pandilleros ni siquiera estaban armados y que cuando llegaron los policías del GOPES y los soldados estaban preparándose para dormir: “¿Por qué cree que estaban sin zapatos?”, dice el familiar de Rodríguez.
Dice que en el momento de la captura de Rodríguez los vecinos vociferaron ante la policía: “Muy malos pueden ser, pero él no les está haciendo nada”.
Este familiar atribuye, de forma natural, la desaparición de Camila a una venganza de la clica de Rodríguez y los otros cinco pandilleros. Para él, la joven pudo haber recibido “un poco de dinero de la Policía para entregarlos” esa noche. La pandilla tomó nota: Camila está desaparecida desde el miércoles 19 de agosto, tres días después de la muerte de cinco pandilleros en uno de los cuartos de su casa.
Esta última versión sobre el quíntuple homicidio, contada por el pariente cercano de Rodríguez, también cuestiona la veracidad de la versión oficial, que por cierto oculta la presencia de niños mientras se desarrollaron los sucesos esa noche.
Foto: La Prensa Gráfica/Francisco Alemán
La fiscal que llegó a la escena fue la única persona que declaró a varios medios de comunicación que esa noche había dos niños mientras fueron asesinados los cinco pandilleros. Pero no consta en los audios de esas entrevistas que alguien preguntara si algún miembro de la familia había salido herido, si la familia había visto algo o si el protocolo usado por la policía había sido correcto. Este periódico solicitó entrevistas con la PNC, la FGR y el Ministerio de la Defensa respecto de este caso. La Fiscalía contestó a través de su Unidad de Prensa que no daría una entrevista. La PNC, también a través de su Unidad de Prensa, contestó que aún se gestionaba. Y el Ministerio de la Defensa ni siquiera contestó un correo que se le envió solicitando la información.
En una conferencia de prensa el pasado 27 de agosto, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo que en todos los casos de tiroteos o similares en que está involucrado algún miembro del Ejército, se abre una investigación interna y que aún no había recibido el informe del caso de Panchimalco y, por ello, no podía brindar conclusiones. “Pero todo indica que actuaron apegados a la ley”, dijo.
El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, defendió la actuación policial en el caso, un día después, y cuando era entrevistado por varios medios de comunicación manifestó que el uso de la fuerza fue “en legítima defensa de los efectivos militares y policías, y con la ley en la mano”.
Este periódico no ha podido preguntar a la PNC ni a la Fiscalía, entre otras cosas, si se ha comprobado que las armas incautadas a los pandilleros habían sido disparadas. Si estas armas tenían las huellas dactilares de los fallecidos o tenían otras. Si a los fallecidos se les hizo la prueba para detección de pólvora entre las manos para comprobar, con eso, si habían disparado las armas o no.
Tampoco se ha podido preguntar a ninguna de esas instituciones si corresponde al protocolo de actuación que policías y militares respondan con fuego abierto en un lugar donde están dos niños pequeños o si se solicitó la intervención urgente de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos al tener a una familia completa inmersa en la muerte violenta de personas en la misma zona en la que ellos residen. O por qué no se ha buscado a una mujer que desapareció apenas tres días después de la masacre.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, manifestó al respecto que “se están cometiendo, desde el año pasado, diversos supuestos enfrentamientos armados entre policías y delincuentes, muchos de los cuales terminan con todos los delincuentes fallecidos, sin que a veces haya bajas o lesiones en los agentes policiales”. “Hemos constatado que no existe una auditoría seria sobre estos procedimientos. Nos parece que existe el riesgo de que en estos operativos se haya producido ejecuciones arbitrarias”, agregó.
El funcionario manifestó que en este caso, cuando circularon fotografías en las redes sociales, “se generaban muchas dudas por la disposición de las armas en relación con los cadáveres, realmente daba la impresión de que pudo darse un montaje de las armas”.
Morales añadió que en la procuraduría hay al menos “17 casos difíciles de esclarecer y que han sido atribuidos a grupos de exterminio (dentro de la Policía)”.
En la casa de Pajales aún no tienen ninguna certeza acerca del paradero de Camila. En la delegación de la Policía de Panchimalco no han reportado hallazgos de restos humanos con las características de esta mujer que dejó atrás a un niño de cuatro años, el mismo que meses después de su desaparición sigue preguntando por ella. A él ninguna autoridad le ha dado nada parecido a una versión oficial.
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La presente entrega de esta investigación fue escrita por Suchit Chávez y Ezequiel Barrera de La Prensa Gráfica en El Salvador y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos.
