En los últimos cuatro años, el crimen organizado ha enfocado sus acciones hacia el tráfico ilícito de madera de rosul (especie en peligro de extinción), debido a su alta demanda y cotización en el mercado asiático.
El trasiego se da vía Belice o a través de los puertos del Pacífico y el Atlántico, aunque debido a los controles en ambas salidas marítimas, han optado por sacar la madera por la vía terrestre hacia El Salvador y Honduras. Desde el 2011 hasta julio de 2015, las autoridades han registrado 19 incautaciones de madera de rosul: 627.43 metros cúbicos, con un valor superior a los Q3.4 millones, aproximadamente, de acuerdo con el Departamento de Fiscalización del Instituto Nacional de Bosques (Inab). Por estos delitos han sido sindicadas 31 personas y detenidos 26 vehículos.
Todos los cargamentos incautados tenían como destino a China, excepto dos, el año pasado, que eran trasladados a El Salvador y Honduras. Sin embargo, son pocos los operativos donde se han logrado capturas. Los cargamentos no detectados son muchos más.
Los métodos del crimen organizado incluyen desde compra de voluntades de los encargados de estos controles hasta la expansión de su poderío en las comunidades. “El margen de ganancia de la coca ha mermado en los últimos años. Por eso se han diversificado hacia el rosul”, afirma un investigador. En el 2013, la Dalbergia, nombre científico del rosul, subió a categoría dos en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (Cites), explica César Beltetón, director forestal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), por ser una especie amenazada a causa de la creciente tala ilegal.
Este artículo fue realizado por Prensa Libre y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
Tierra de nadie
En las montañas de la sierra Santa Cruz, al norte de El Estor, Izabal, se encuentra la comunidad Marcajam, a más de 320 kilómetros y siete horas de viaje de la capital. Es un poblado caluroso y remoto. Solo vehículos todoterreno y camiones logran llegar, pues es necesario vadear un río de mediana profundidad.
Sus pobladores se dedican al cultivo de maíz, pero este año la sequía los ha arruinado. Hay que sobrevivir, y por eso algunos de ellos han optado por dedicarse a la extracción ilegal de rosul.
A la orilla del camino, al menos tres casas tienen trozas rojizas apiladas, a la espera de un comprador. Unas están marcadas de rojo y otras, de azul, según el comprador. Lacónicos, algunos comunitarios cuentan que los hombres se adentran hasta tres días en la selva para encontrar uno de estos árboles y talarlo. Los compradores les ofrecen entre Q8.50 y Q11 por pie cúbico de una de estas trozas, que luego venderán cinco veces más caro.
En Marcajam como en otras comunidades de los departamentos de Izabal, Petén y Alta Verapaz, los pobladores se han involucrado en este ilícito y millonario negocio, en donde la cadena de ganancia más baja la tienen los taladores. “Desde el 2010 se incrementó la demanda de rosul en el mercado chino. Y en el 2012 se hace aún más fuerte”, afirma el ingeniero Hugo Flores, encargado de fiscalización forestal en el Inab.
¿La razón? China puso valores demasiado altos por esta especie, en donde alcanzó precios hasta de US$16 a US$20 el pie cúbico. Es decir que en cifras de exportación, cuya medida es el metro cúbico, un camión cargado de 20 metros cúbicos de madera tendría un valor equivalente a US$8 mil 484.
En la actualidad, el valor comercial legal para la exportación de esta especie se sitúa entre US$1 mil 500 a US$2 mil 500 por metro cúbico, cifra que superó incluso el valor de exportación de maderas preciosas como la caoba (US$1 mil 800 m3) o el cedro (US$1 mil 400 m3), según datos promediados por la Ventanilla Única de Exportaciones (Vupe) entre 2010 y 2014. “Es un negocio rentable”, asegura Flores, lo cual se ha convertido en un incentivo para los depredadores, que se internan incluso en fincas privadas a robar rosul.
El Inab ha recibido al menos dos denuncias: Dieseldorff, en Chisec, Alta Verapaz; e Interforest, en El Estor, Izabal.
“Los mismos comunitarios son manipulados por gente pudiente para extraer la madera”, lamenta Víctor Augusto Yoj, director regional de Conap en Alta Verapaz. “Es delicado, y nosotros, como institución, no estamos preparados para abordarlo, no contamos con el personal ni con el equipo, menos el armamento. Sabemos que es gente poderosa y hasta podría estar en riesgo la vida de quienes dirigimos la institución”, enfatiza.
Encadenamientos y rutas
El trasiego es selectivo y funciona con una logística bien organizada. El estudio de Asociación Balam sobre Tala ilegal en el sur de Petén en 2013 aporta datos de cómo funciona esta cadena.
Según el estudio, el interesado hace un pedido, se comunica con un contacto local que le da especificaciones sobre el mismo. Se hace la tala y acopio de la madera, y se organiza la logística para su extracción. El estudio identifica dos esquemas: el “valiente aventurero” el cual transporta la madera sin contar con arreglo de las autoridades de seguridad; y el “inteligente bandera” quien la transporta con el soborno de las autoridades. Como bandera se describe al pick up que va delante del camión y se adelanta para hacer arreglos y pagos. Esta dinámica la confirma el fiscal de delitos ambientales, Alexander Villeda.
El transporte debe contar con una ruta alternativa disponible. En el casco urbano, se legaliza la madera utilizando notas de envío de una empresa u otros aprovechamientos autorizados, o bien se continúa la ruta con el esquema de bandera fuera del Petén hacia puntos fronterizos. El estudio ubica el trasiego de maderas preciosas hacia el lado de Belice, por las rutas de Dolores, Poptún y San Luis.
Otra vía son los puertos, como indica la fiscalía, Inab y Conap. Los camiones que vienen de Petén deben pasar por el puesto de control de Río Dulce, Izabal. En este punto se encuentra un puesto de la División de protección especial a la naturaleza (Diprona), entidad que cambió a su personal hace tres meses, según el oficial Nery Ramos. “Se han incautado seis camiones con rosul, con un promedio de 5 a 6 metros cúbicos cada uno. La mayoría de pilotos huye en otro carro. Solo hay tres capturados en los últimos tres meses”, afirma.
La salida ilegal – método en puertos
La salida por vía marítima necesita requisitos más complejos. El rosul, por tratarse de una especie protegida, debe contar con licencias de autorización forestal del INAB. Además tienen que estar inscritos como exportadores y contar con el permiso CITES del Consejo Nacional de Áreas protegidas (Conap) y por último la licencia de exportación, indica Flores.
“El problema es que no hay licencias de rosul o son muy pocas”, argumenta Flores. Esto debido a que la especie no se encuentra dentro de las concesiones forestales otorgadas por el Conap, las cuales se ubican en áreas protegidas de la Reserva de Biósfera Maya.
Los contenedores presentan papelería simulando otro tipo de madera, coincide tanto el fiscal del MP como los expertos de Inab y Conap. A raíz de este fenómeno, las autoridades contrataron inspectores en puerto para verificar mercadería contra papeles. Un caso extremo fue cuando en febrero de 2012 en Puerto Santo Tomás de Castilla detectaron siete contenedores con rosul, equivalentes a 163.24 m3 de madera y un valor superior a los Q3 millones. Registros del Inab dan cuenta, hasta el momento, de 11 contenedores incautados.
Ahora se maneja un sistema tipo semáforo. Por ejemplo, en rojo se abre el contenedor si la papelería indica que va destino a China o India, verificado por los inspectores de CONAP o INAB en puertos. ¿Corrupción? “Seguro la hay”, sostiene Flores.
Pero las redes de tráfico parecen ir delante de las autoridades. Ahora evitan la salida marítima del país y se dirigen por los vecinos El Salvador y Honduras, vía el Florido, Chiquimula, refiere Flores. En los casos en que el trasiego proviene de las montañas de El Estor, algunos camiones evitan el único paso por Río Dulce. En su lugar toman la ruta secundaria de terracería hacia Telemán, Alta Verapaz, para bordear el lago de Izabal hasta salir a la frontera de Entre Ríos, Izabal; indica una persona que pidió no revelar su nombre.
Un estado débil
Más de tres años de trasiego ilegal no han permitido la captura de ninguno de los cabecillas del negocio. “La capacidad de respuesta del Estado es lenta, y además no está preparado”, comenta el fiscal especial de Delitos Ambientales, Alexander Villeda. De manera que el país les resulta muy funcional para operar, pues hay grandes necesidades y poca vigilancia.
Esta debilidad institucional les permite a los grupos tomar ventaja. “El Estado nunca se ha organizado para defender los delitos ambientales, y cada institución hace lo que está en su campo, sin orientarlo a determinada situación.
Villeda ejemplifica los problemas existentes al allanar un depósito ilegal de madera. “Coordinamos con las instituciones, pero ninguna tiene los vehículos para trasladar la madera ni un lugar donde se pueda resguardar. Nos hemos visto en la necesidad de dejar lo incautado con los mismos encargados del depósito ilegal”, cuenta.
El siguiente problema es qué hacer con la madera decomisada. De hecho, hay denuncias anónimas de que los alijos, que quedan a favor del Organismo Judicial, son saqueados o pasan años antes de que sean subastados. “Cuesta mucho coordinar; es una parte no resuelta”, reconoce Villeda.
Por ahora las investigaciones de la Fiscalía encuentran coincidencias entre el tráfico de madera y la ubicación de pistas clandestinas del narcotráfico en Petén. También se investiga a cabecillas vinculados con el lavado de dinero en casinos clandestinos.
Sin embargo, la ley tiene una atadura que no les permite acceso a medios de investigación como, por ejemplo, escuchas telefónicas, autorizadas para investigar otro tipo de crímenes. “Por mandato legal no puedo pedirle al juez que me autorice este tipo de investigación, por ser materia ambiental”, expone.
Las sanciones penales tampoco asustan a nadie. “Estos delitos gozan de una pena mínima de cinco años conmutables, con medida sustitutiva. No hay presos. La ley les permite, en el mejor de los casos, una caución económica a razón de Q5 diarios o arresto domiciliario. Esto, a excepción de un logro reciente en Chiquimula, donde se condenó a ocho años de prisión a tres transportistas: Carlos Ibrahin López, Héctor Ponce y Juan Carlos Zacarías. “El debate sigue contra los dueños de los vehículos”, informa Villeda.
Una especie amenazada
La Dalbergia es una especie maderable silvestre que se encuentra principalmente en el sur de Petén y la Franja Transversal del Norte —Alta Verapaz e Izabal—. También se encuentra en parte de México y Belice.
El hecho de que la especie se sitúe en el apéndice 2 de Cites es el resultado de un compromiso entre 179 países firmantes para protegerla en las variedades stevensonii, retusa y granadillo, situación que los obliga a mantener controles más estrictos.
“Significa que es posible exportar la especie, toda vez venga de bosques manejados con criterios de sostenibilidad. Se regula el comercio entre países”, explica César Beltetón, director forestal del Conap.
Los árboles maderables finos como la caoba y el cedro se encuentran, en su mayoría, dentro de concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), cuya tala y exportación responden a un manejo ordenado y con controles específicos por parte del Conap.
El problema con el rosul es que no se encuentra entre las concesiones forestales ni en las áreas protegidas. Por eso Guatemala no cuenta con información de la cantidad existente de esta especie. El alto nivel de trasiego ha motivado que la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos comenzara en abril de este año una investigación y conteo de esta especie. Se han identificado ya cuatro variedades maderables: Stevensonii, Retusa, Calisina y Tucurensis, afirma Beltetón.
Un mercado apetecido
El mercado de exportación de madera en Guatemala ha tenido un incremento significativo en la última década y tiende a superar su récord cada año. Datos de la Comisión de Fabricantes de Muebles y Productos Forestales (Cofama) muestran que en el 2012 las ventas ascendieron a US$92.7 millones, en tanto que en el 2013 se registraron ventas por US$100.2 millones, un crecimiento del 8% respecto del año anterior. Los principales productos son muebles y madera aserrada, y los destinos mayoritarios, Centroamérica (66%) yEstados Unidos (24%).
Cifras de mayo último muestran que el pino es el principal producto de exportación, con 78 mil 719 m3, seguido de otras especies, con siete mil 33 m3. La caoba ocupa el quinto lugar, con mil 294 m3.
Tráfico ilegal
A pesar de que no existen plantaciones controladas de Dalbergia, el Inab ha autorizado 115 licencias para la exportación a 11 empresas, entre el 2010 y el 2014. Los valores promedio se ubican entre US$1 mil 500 a US$2 mil 500.
El volumen total ha sido de 493.13 m3 con destino a Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, España y China. Solo hay dos empresas que han exportado a China: Inversiones Madexport e Industria Forestal Móvil El Esfuerzo.
Por su dureza y resistencia al agua se usa para fabricar pisos y tableros de yates o vehículos de lujo. También, instrumentos musicales y muebles, que triplican su precio a los de caoba o cedro.
Un problema regional
El país no cuenta con un inventario de esta especie, solo por las incautaciones que se han dado en los últimos años.
La especie se utiliza para artesanía fina, interiores de embarcaciones, piezas de ajedrez o pisos. Además goza de cualidades acústicas para instrumentos musicales, indica César Beltetón, del Conap.
La Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos implementará un estudio de dos años para determinar cuántas especies de este género quedan en el país, cuál es su distribución y estado de conservación.
Registros del Inab dan cuenta, hasta ahora, de 11 contenedores incautados. En febrero de 2012, en Puerto Santo Tomás de Castilla, se detectaron siete, con una carga de 163.24 m3 de madera y un valor superior a los Q3 millones. Es un problema a escala regional y mundial. En México lo vinculan con los mismos mercados, formas de operar y quizá los mismos actores. Impactos negativos de la tala ilegal.
La cobertura forestal del país se reduce a paso rápido. Según datos de INAB, Conap y la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) en el 2001 Guatemala contaba con 42.11% de cobertura forestal. Hoy se estima esta cobertura en 34.2%, con una tasa de deforestación anual estimada en 132,137 hectáreas. La mayor pérdida ocurre en Petén.
Estimaciones del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA) indicaron que para 2006 más del 95.15% del flujo de productos forestales del país (30.7 millones de m3) tienen un origen ilegal. De este volumen se estima que un 76% corresponde a leña y un 24% a madera.
Se estima que la tala ilegal en el país representa un costo que oscila alrededor de los Q2 mil 200 millones, (US$283 mil) entre pérdidas por impuestos, valor de reposición del bosque por plantaciones, valor del suelo erosionado y valor del carbono almacenado en los bosques, además de costos ambientales de biodiversidad e incluso, vidas humanas, indican datos del INAB.
Este reportaje fue realizado por Ana Lucía González, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
