Humberto Vera Vásquez es estibador del puerto marítimo pero aparecía como accionista y gerente de Multisun S.A., que recibió $ 8’579.340 del sistema Sucre por exportaciones de productos químicos a Venezuela. Sin embargo, según los reportes de aduanas, la compañía nunca envió nada fuera del Ecuador.
En cada documento que Multisun registró en el portal de la Superintendencia de Compañías aparece una rúbrica distinta de Vera Vásquez.
Supuestamente compró las acciones de la empresa, el 27 de diciembre del 2010, cuando tenía 64 años.
Cuando la Fiscalía le mostró los documentos, la falsificación se hizo evidente, puesto que ni siquiera la foto que aparecía en las copias de su cédula de identidad era la suya.
El caso de Vera Vásquez no es aislado. Las autoridades determinaron que usando documentos alterados se pusieron ocho empresas a nombre de terceras personas que no sabían nada del asunto. Una vez que las compañías cambiaban de dueños, se abrían cuentas bancarias que eran manejadas por el venezolano Luis Guillermo Carmona Salazar (51 años).
Ejemplos de falsificación de rúbrica de tres personas que aparecían como representantes de exportadoras y que fueron incluidos por la Fiscalía en el caso de lavado de activos de Coopera. Las cuentas bancarias de estas empresas eran manejadas por Luis Carmona.
La supuesta sede de la empresa Megasesorías, de Guayaquil, en las calles Babahoyo y 10 de Agosto, que recibió $ 5,3 millones del sistema Sucre por exportaciones hacia Venezuela.
La empresa Multisun estaba registrada en esta casa ubicada en el suburbio de Guayaquil. Su dueño, que arrienda varios departamentos, señaló que ahí nunca ha funcionado alguna compañía.
Humberto Muñoz Lucas conoció a Carmona en Guayaquil porque le hacía carreras en su taxi. Muñoz relató a la Fiscalía que el venezolano le ofreció trabajo por lo que le pidió sus documentos personales, con el pretexto de abrirle una cuenta para depositarle el sueldo. Meses después se enteró de que era propietario de Produatlas, exportadora de boro y telurio a Venezuela, que recibió $ 6,5 millones del sistema Sucre.
La Fiscalía investigó las operaciones de Carmona a raíz del cierre del Banco Territorial (marzo del 2013), donde se encontraron irregularidades en las operaciones del Sucre. Las autoridades siguieron a cuatro empresas que se cambiaron del Territorial a la cooperativa Coopera para seguir recibiendo dinero desde Venezuela.
Finalmente, determinaron que las empresas relacionadas con Carmona que operaban en Coopera eran ocho: Ibicampus, Judamai, Lemantec, Megasesorías, Multiregi, Multisun, Produatlas y Yamelcorpsa.
Casi todas abrieron cuentas en Coopera entre el 17 y 18 de abril del 2013. En menos de ocho meses recibieron del sistema Sucre en distintos bancos $ 57,9 millones, incluyendo los pagos a Carmona Salazar.
SUCRE, Venezuela. Las instalaciones de la importadora Productos Alimenticios Pigollo, que transfirió a Luis Carmona Salazar $ 694 mil, están ubicadas en el municipio de Sucre.
Las autoridades dispusieron el cierre de la cooperativa el 12 de junio del 2013.
Sin embargo, habría más empresas relacionadas al venezolano. Herminia Sarco Ibarra, que aparece como accionista y gerenta de Lemantec, le dijo a la Fiscalía que es artesana y que no tiene contacto con ninguna exportadora. En los papeles, ella también aparece como dueña de Biofresh, Jecusacorp, Menapro y Navapoint, que recibieron $ 32,4 millones del sistema Sucre.
Carmona llegó al Ecuador en febrero del 2012. Cinco meses antes ya había comprado acciones en cuatro empresas, junto con su compatriota Morris Lemig Sierralta Sucre. A su vez, Sierralta poseía otras dos compañías. Una de ellas con el venezolano Javier Mezquita Puig, quien recibió pagos de Produatlas. Sierralta tiene cinco empresas en Miami. En dos de ellas es socio con Mezquita Puig y en otras dos con su padre, Miguel Antonio Sierralta. Este último recibió $ 25 mil de Produatlas.
Carmona tuvo acciones en esta empresa. También fueron propietarios el chofer Muñoz Lucas y la colombiana Yeraldine Villegas M., quien a sus 22 años, además, fue gerenta.
El venezolano está llamado a juicio por lavado de activos dentro del caso de Coopera. Este Diario intentó localizarlo sin éxito. El abogado Jorge Zavala Egas indicó que lo había representado al inicio, pero el acusado abandonó el proceso.
Están condenados a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de $ 70,7 millones dos exfuncionarios de Coopera: Rodrigo Sánchez Aucay y Raúl Carpio Pérez, por lavado de activos. La apelación a la sentencia fue negada.
Una vez que el dinero llegaba a sus cuentas bancarias, las exportadoras realizaban transferencias o giraban cheques de unas a otras en montos menores. Luego el dinero se volvía a recolectar en algunas compañías que lo enviaban al extranjero. En menos de ocho meses, las doce exportadoras y Carmona recibieron $ 90,28 millones del sistema Sucre.
Este Diario contabilizó 157 operaciones dentro del sistema financiero nacional.
Con base en los documentos que constan en los procesos judiciales, este Diario logró establecer el origen de $ 54,2 millones, provenientes de catorce importadoras venezolanas.
Entre ellas están Importadora Nueva Vida, Easy Plast, Inversiones Transernaga, Comercializadora Bicentenaria, Serviproducts Young Fast e Industrias Imserso.
Empresas con estos nombres fueron creadas en Panamá en julio pasado por los venezolanos Pedro Silva Conde y Gustavo Conde Cabrera. Ellos y su empresa GuadalupeFarms recibieron $ 4,5 millones de un grupo de exportadoras ecuatorianas relacionadas a otro juicio por lavado de activos por irregularidades en el Sucre.
Los primos Pedro Silva y Gustavo Conde pertenecen el grupo Mantex de Venezuela, que se dedica a la construcción de centros comerciales. Su filial Mantex Investments recibió en ese país $ 663 mil y Gustavo Conde Delfino, padre de Conde Cabrera, $ 450 mil, de la ecuatoriana Multiregi.
Este Diario determinó el destino de $ 34,8 millones que las exportadoras relacionadas a Luis Carmona Salazar enviaron al exterior. El primer receptor fue Panamá con $ 9,3 millones, a cinco compañías en las que no están registrados los socios sino solo abogados.
El segundo destino fue Venezuela, a través de transacciones directas a siete personas y empresas, por un total de $ 8,6 millones. La firma Comercializadora CYC acumuló $ 4,2 millones; le siguen Klok Ventures C.A. y Rapidfix Comercializadora C.A., que también recibió dinero de GuadalupeFarms.
Captura de pantalla del sitio web de la empresa Rapidfix, venezolana que recibió dinero de las empresas relacionadas a Luis Carmona Salazar, Pedro Silva Conde y Gustavo Conde Cabrera.
A Estados Unidos se enviaron $ 6,7 millones, siendo el principal receptor el Trium Bank Ltd. con $ 2,6 millones desde una cuenta de Ibicampus, pero no se especifica el nombre del beneficiario.
Pah Distributors, domiciliada en Medley (Florida) y Cubix Latin America, ubicada en Doral (Florida) recibieron $ 500 mil cada una. El Nuevo Herald visitó Pah Distributors, que fue creada para el venezolano Pedro Alfonso Hurtado, y sus representantes indicaron que no sabían de ninguna transferencia desde Ecuador.
A empresas o cuentas de Hong Kong, Corea del Sur, Suiza, Perú, Argentina y Colombia llegaron $ 6,2 millones, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero.
En este documento se señala que el Club Atlético Lanús, de Argentina, recibió $ 170 mil de Megasesorías en una cuenta del Bank of America. La tesorera del club, Mariel Bruno, respondió que no han recibido ese dinero y que no tienen cuenta en ese banco.
CAPITALIZACIÓN DEL BANCO TERRITORIAL
Varias empresas ecuatorianas relacionadas al venezolano Luis Guillermo Carmona Salazar realizaron depósitos a nombre de quien fue el principal accionista del Banco Territorial, Pietro Zunino Anda. Los pagos eran para capitalizar a esa institución financiera.Parte de los fondos salieron de las cuentas que las exportadoras Multisun y Multiregi mantenían en otro banco. Estas firmas, que recibieron del sistema Sucre $ 14,28 millones, giraron 48 cheques a favor de ocho exportadoras, que tenían cuentas en el Territorial.
Las beneficiarias fueron Biofresh, Ibicampus, Jecusacorp, Lemantec, Menapro, Tropicpoin, Navapoint y Beainepoint. Estas empresas, que también recibieron fondos del Sucre, entregaron $ 4,37 millones a Zunino Anda.
Carmona Salazar tenía la firma autorizada para administrar las cuentas que Multisun, Multiregi, Lemantec e Ibicampus abrieron en Coopera.
Las exportadoras Salivam y Durcodor también aportaron para capitalizar al banco; la primera, con $ 3,05 millones y la segunda, con $ 3 millones.
Las direcciones que estas empresas registraron en la Superintendencia de Compañías eran falsas o imprecisas. En algunos casos, sus dueños y administradores eran personas de bajos recursos económicos, que dijeron a la Fiscalía que sus documentos fueron falsificados.
Estos aportes fueron observados por la Superintendencia de Bancos, puesto que no cumplieron con las normas de control financiero. Por esta y otras razones, el entonces superintendente, Pedro Solines, ordenó el cierre del Banco Territorial el 17 de marzo del 2013.
La dirección que la empresa Lemantec registró en la Superintendencia de Compañías era el solar 9350, de las calles García Moreno y la 11, que en la realidad no se cruzan.
PLAN DE VIVIENDA POPULAR JUSTIFICÓ ENVÍO DE DINERO HACIA ECUADOR
La Gran Misión Vivienda es un plan del gobierno venezolano para construir casas populares. Dos contratos de ese programa permitieron el envío de $ 159,8 millones a Ecuador. Esas operaciones están en la mira de la Fiscalía ecuatoriana, que investiga un posible lavado de dinero.
CÚA, Venezuela. En este terreno de 36 hectáreas, ubicado en la carretera de Cúa a Ocumare, Thermo Group debía construir casas multifamiliares para el programa Gran Misión Vivienda. El terreno está abandonado y no tiene vigilancia. Los vecinos consultados desconocían que allí debía construirse condominios. La ecuatoriana Fondo Global de Construcción firmó un millonario contrato con Thermo Group para venderle paneles prefabricados.
El ministro de Vivienda venezolano, Ricardo Molina, firmó en marzo del 2012 dos contratos para la construcción de 8.400 viviendas multifamiliares con las empresas venezolanas Elm Import y Thermo Group, por $ 654 millones.
Ambas compañías solicitaron al Ministerio de Industrias venezolano que certificara que no existía suficiente producción de varios materiales y así poder importarlos. El ministro Ricardo Menéndez Prieto emitió los permisos, facilitando así la importación de casas prefabricadas por $ 409 millones, en septiembre del 2012.
Ese mismo mes se constituyó en Ecuador la firma Fondo Global de Construcción, como parte de un consorcio que tiene empresas del mismo nombre en varios países y cuya matriz está en Colombia. Sus socios en Ecuador eran el colombiano Álvaro Pulido Vargas y el venezolano Luis Sánchez Yánez.
Esta empresa firmó un contrato por $ 465 millones con Elm Import y Thermo Group en diciembre del 2012 para venderles casas prefabricadas.
Fondo Global montó en Durán una fábrica de paneles, construida por la venezolana Técnicas Modernas de Construcción a un costo de $ 6,9 millones.
Fondo Global alquiló bodegas de Sai Baba, complejo en la vía Guayaquil-Daule. Las bodegas fueron clausuradas debido a las investigaciones.
La firma Elm Import envió $ 159,8 millones a Fondo Global, entre diciembre del 2012 y marzo del 2013. No obstante, Fondo Global exportó apenas $ 3,1 millones, según Aduanas del Ecuador.
LATACUNGA. Paneles prefabricados de Panecons, empresa que asegura haber vendido este material a Fondo Global una sola vez, aunque en el proceso judicial aparecen varias facturas.
Este desbalance llamó la atención de la Fiscalía, que en julio del 2013 inició una indagación. Cuatro meses después, imputó a los accionistas de Fondo Global por supuesto lavado de activos.
Con base en informes de varias entidades de control, el entonces fiscal Luis Jaramillo Calero indicó en la audiencia que la empresa había usado facturas falsas para recibir esas transferencias y que hubo sobreprecio en las pocas exportaciones hechas. El juez aceptó la imputación y ordenó la retención de $ 60 millones en las cuentas de Fondo Global.
No obstante, en julio del 2014, la Unidad Penal Norte Uno de Guayaquil ordenó la nulidad del proceso porque determinó que la Fiscalía no tuvo la autorización judicial para incautar las facturas de Fondo Global durante el allanamiento a sus oficinas. Así, el caso regresó a la etapa de indagación previa.
Jorge Zavala Egas, abogado de Fondo Global, indicó que su representada recibió los $ 159 millones como pago anticipado. En efecto, el Banco Central de Venezuela creó esa forma de pago en marzo del 2012.
En las transferencias bancarias aparece como domicilio de Fondo Global el local 20 del Centro Comercial Galerías, en el norte de Guayaquil. En esa dirección se registró Negosupersa, que recibió de Elm Import al menos $ 2,7 millones en una cuenta del extinto Banco Territorial. La Superintendencia de Compañías disolvió esta empresa en agosto del 2013 por registrar una dirección falsa.
Zavala dijo que desconoce una relación entre Fondo Global y Negosupersa. Agregó que la acusación del sobreprecio en las exportaciones no tiene sustento técnico y que ningún fiscal estuvo presente en el allanamiento, por lo que la acción no tiene valor legal.
Según él, los contratos públicos de Elm Import y Thermo Group son parte del convenio que firmaron el fallecido presidente Hugo Chávez y su par colombiano, Juan Manuel Santos, en noviembre del 2011. Los mandatarios establecieron una alianza entre la colombiana Fondo Global de Construcción y el venezolano Ministerio de Industrias para impulsar la Gran Misión Vivienda.
A través de un correo electrónico posterior a la entrevista, Zavala indicó que la empresa Fondo Global de Construcción de Ecuador no tiene relación alguna con la firma Fondo Global de Construcciones Sac, creada en Miami por los venezolanos Pedro J. Antar y Pedro E. Silva. Este último está llamado a juicio en Ecuador por su posible participación en un caso de lavado de dinero, con fondos del sistema Sucre. El proceso está suspendido hasta que se presente ante los jueces.
La firma estadounidense se creó en diciembre del 2011 y cerró en octubre del 2012. Antar dijo a El Nuevo Herald que creó la firma por pedido de Silva, su cliente, pero que la disolvió porque no tuvo actividad.
Esta es una investigación conjunta del diario El Universo de Ecuador, la plataforma digital Armando Info en Venezuela y El Nuevo Herald. Los nombres de los periodistas se mantienen en reserva para evitar represalias. La investigación periodística se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
