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    EL EVENTO

    El Auditor General de la República, la directora de Colombia Compra Eficiente y el Superintendente de Industria y Comercio señalaron en el primer encuentro de #DiálogosCONNECTAS cómo se pueden combatir las malas prácticas del poder corporativo.

    El martes, 15 de noviembre, dio inicio el nuevo espacio de debate y reflexión, Diálogos CONNECTAS, que consiste en ciclos regionales de encuentros con actores del mundo público y privado que conversan sobre temas clave para el desarrollo de América Latina.

    El primer ciclo, que lleva por nombre “Las prácticas corporativas que lesionan el poder público”, fue inaugurado con un evento en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, en el que contamos con María Margarita Zuleta, Directora de Colombia Compra Eficiente; Carlos Felipe Córdoba, Auditor General de la República; y Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Los invitados conversaron con Carlos Eduardo Huertas, Director de CONNECTAS, y Nathan Jaccard, subeditor de la Unidad de Investigación del diario El Tiempo.

    El tema del diálogo, que se extendió por una hora y media, fue “Colusión, Concentración y Cartelización, las tres C que afectan la confianza en los empresarios” y sirvió a los panelistas para explicar de qué se trata cada práctica, cómo se identifica, cómo se combate y cuáles son las consecuencias reales que dejan en la sociedad civil.

    La actividad comenzó con una intervención de Zuleta, que planteó el principio para entender el contexto colombiano para abordar estos temas. “Desde 1991, Colombia es un Estado competitivo. Cuando hay un acuerdo entre los que compiten, hay un detrimento en el que paga”.

    Para el Superintendente Robledo, “hemos vivido en un ambiente muy propenso a la cultura del atajo, de la ilegalidad y eso se ha terminado incrustando en el ADN de nosotros y del Estado”, porque, a su juicio, la gran mayoría de los empresarios que atentan contra la libre competencia lo hacen con plena conciencia.

    En esa misma línea, el Auditor Córdoba señaló que la sociedad nos vende que la persona exitosa es aquella que se hace rica más rápido. Esa idea es parte de nuestra psiquis, afirma. Lo más grave es lo que él mismo denuncia: que se encuentran tan normalizadas estas prácticas que alrededor de 200 municipios de Colombia insisten en no rendir cuentas a los organismos de control. No envían reportes al CECOP, por ejemplo.

    Los tres estuvieron de acuerdo con que estos temas no son exclusivos de Colombia, Zuleta expuso casos de colusión en varios países del mundo donde, después de descubierto el crimen, lograron reducir el gasto público. Algunos ejemplos mencionados son Estados Unidos, donde pudieron disminuir en 23% el gasto en seguridad cuando desmantelaron una red, y otro ejemplo de Japón, donde solo 28 proveedores se llevaban todos los contratos públicos y eso aumentaba los valores de los contratos.

    El Auditor señaló que hay que corregir el tema de control. “Solo una malla empresarial de estas tiene 8.1 billones de pesos contratados en 29 de los 33 departamentos del país. Son mallas que tienen nexos: el mismo revisor fiscal, o tienen los mismos socios entre empresas que contrata el Estado. Así uno empieza a ver cómo se las arreglan para quedarse con los contratos del Estado”.

    Tan peligroso como esto son las malas prácticas del mismo Estado y la falta de planeación. Así lo señaló Zuleta, explicando que cuando una entidad pública no ejecuta su presupuesto y se va terminando el año, se apresura a hacer contrataciones para ejecutar los recursos, lo cual prepara el campo, por un lado, para la contratación directa, y por otro, para la concentración de los contratos. “Hay cosas que no se pueden hacer en menos tiempo del que necesitan. Si no se les da ese tiempo, habrá asimetría de información y hay territorio fértil para que haya prácticas anticompetitivas”, señaló la funcionaria.

    Sobre las sospechas, señala el Superintendente que “hay una diferencia entre olfato y las pruebas. Y esta últimas son difíciles de encontrar y cada vez serán más difíciles porque cuando se descubre una práctica, se sofistica el método”. Para él, el delincuente siempre cae, pero luego se cuida más.

    También destacó que no debemos confundirnos con situaciones como que varias empresas ofrezcan el mismo producto o servicio al mismo precio, porque eso es, tan prueba de que hay un cartel, como de que hay libre mercado. Es la lógica del líder-seguidor. “Primera regla: un empresario es un empresario, no es un cartelista per se. Segunda regla: cualquier empresario puede estar implicado en un caso de cartelización. No importa que sea una empresa muy querida para los colombianos”, concluyó.

    Así como el mundo de las comunicaciones y los negocios está cambiando, derrumbando fronteras, el mundo del crimen lo está haciendo igual. “La glocalización es un tema muy contemporáneo. Hay que fortalecer los canales de trabajo conjunto entre países. Eso nos ayuda muchísimo a mejorar en materia de competencia y en la lucha contra la corrupción”, comentó Córdoba. A lo cual Robledo agregó: “Una cosa es un cartel internacional y otra tener el mismo cartel en varios países. Para ser efectivos en el segundo caso las autoridades hemos optado por tener un protocolo de seguimiento de las competencias en otros países. Hay observatorios que ayudan a notar si hay ese tipo de carteles, el mismo cartel o carteles internacionales. Eso ayuda a alertar a las organizaciones que le hacen control a este tipo de ilegalidades”.

    Finalmente, los tres panelistas estuvieron de acuerdo en que era importante que tanto las empresas como la sociedad civil tuvieran claro que el seguimiento y la sanción no son contra los empresarios, si no a favor del consumidor.

    La actividad contó con las palabras inaugurales de José Escobar, Coordinador Académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Santo Tomás y el apoyo de Fabiola León, docente de la misma universidad y periodista.

    Si quiere mirar la conversación completa, haga clic en la imagen

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