Desplazados por la violencia en Venezuela: la ley del barrio se impone sobre el Estado (I)

Incluso efectivos de cuerpos de seguridad del Estado han debido abandonar sus viviendas en barrios populares de la capital venezolana forzados por la persecución de organizaciones delictivas.

Según analistas de seguridad venezolanos el Estado tiene una deuda con la institución policial: deficiencia en la seguridad social y pérdida del respeto al uniforme. Foto tomada de Efecto Cocuyo

6 de abril, a las 5:00 de la tarde. Una esposa camina por la calle León de El Cementerio hacia su casa. Quizás iba hablando con su hijo de seis años o solo pensaba en las labores hogareñas que le tocaban esa noche; pero la llamada que recibió en el trayecto suspendió su rutina y cambió su mundo desde ese día. “Tú eres paco, chico. Nosotros sabemos lo que eres. ¡Cállate! Sabes que estás muerto, maldito”, escuchó decir de una voz desconocida al otro lado del auricular.

A su esposo, Rafael Morillo* lo había sorprendido un grupo de 15 delincuentes de la banda de El Macua cuando pasaba por el túnel de la Planicie para regresar a su casa. Las botas estilo militar les dieron un indicio de su pasado -10 años que había trabajado en la Policía Metropolitana– y luego el carnet de la institución ,que todavía guardaba por apego, les confirmó lo que a simple vista les parecía. Era un policía y su misión era eliminarlo.

Con escopetas y pistolas habían logrado que Rafael y su amigo detuvieran la moto Yamaha 600. El policía retirado quedó entre las manos de los delincuentes que inmediatamente lo golpearon; el otro hombre, logró zafarse, corrió por el túnel y esquivó las balas.

“A punta de cachazos en la cabeza, patadas y golpes, me subieron por un callejón hacia El Guarataro. Yo les decía que me dejaran quieto, que ya no era policía, que ya me robaron. Nada. Ellos repetían que como era policía me iban a matar. Un golpe me desmayó, pero cuando me recuperé, pedí a Dios que me sacara de allí”, dijo Rafael.

La súplica fue escuchada. Un barranco fue el camino que usó la víctima para escapar y ni los tiros lo detuvieron. Este proceso fue lo que escuchó su esposa cuando del teléfono de Rafael se disparó una llamada. La mujer, en pánico, dejó al pequeño en su casa y salió a enfrentar a los malandros a su alcance, que estaban a cinco cuadras: los de la banda de El Cementerio.

“¿Qué pasa loca? Nosotros no tenemos a tu marido. Pero, ya va… ¿Ese no es el policía, pues? Nada, nada… Que agarre sus corotos porque aquí no pueden vivir más… Tienen que pirá del barrio. Esa es la ley del barrio y ningún paco vive aquí”, sentenció el líder de este grupo delictivo, que aunque no participó en el robo a Rafael, ese día lo despojó de su vivienda.

Este reportaje fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

Desde principios de 2015 los criminales agrupados en los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle pactaron entre ellos para evitar las bajas de sus integrantes y combatir unidos a los cuerpos de seguridad que pisaran su territorio.

Así los funcionarios y ciudadanos denominaron a estas tres comunidades como “Zonas de Paz”, término usado para llamar a Barlovento y Valles del Tuy luego del proyecto de pacificación que ejecutó el Gobierno.

El desplazamiento de los uniformados se convirtió en su tarea silente y para julio de ese año se contabilizaron 15 casos según un reporte de El Universal. En marzo de 2016, EfectoCocuyo registró otras cuatro mudanzas obligadas, una de ellas la de los parientes del supervisor jefe de Policaracas, Larry Morillo, asesinado el 23 de marzo en el barrio Los Sin Techos de El Cementerio. Delincuentes ingresaron al inmueble y sustrajeron todos los artefactos eléctricos. Esposa, hija,madre y sobrinos quedaron sin casa.

La frustración

Hasta las 6:00 pm de ese 6 de abril Rafael Morillo sentía que tuvo suerte en su encuentro con la delincuencia que ya tiene sitiado al túnel como lugar para delinquir.

Corrió desde la parte baja del túnel de La Planicie hasta la comandancia de Policía Nacional Bolivariana en Catia (PNB), donde varios “cursos” (como llaman los policías a sus compañeros de clases) lo auxiliaron. En palabras, no en hechos.

“Cuando llegué, llamé a mi esposa y me dijo lo que estaba pasando en casa. Que los malandros nos estaban sacando del barrio. ¡De nuestra casa! Pedí apoyo a los cursos para que fuésemos a buscar a esos malandros, yo sabía dónde vivían y cómo caerles. Pero ellos me dijeron que no podían. Les tienen prohibido entrar a El Cementerio, las Zonas de Paz. ¿Qué rabia,  qué frustración, qué impotencia!”, exclamó Rafael, tres meses después de que una hora con el hampa le diera un giro a su vida.

El fenómeno que impulsa a las personas a irse de su hogar  fue recogido en 2013 por el Instituto de Investigación de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) en un estudio basado en encuestas a padres de familias y personas mayores de 18 años de edad. En total recogieron una muestra de 1.500 personas y 33% de ellas indicaron que sentían la necesidad de mudarse o irse del país por culpa de la violencia. Así lo aseguró el director de este instituto Pedro Rangel Rojas.

“La policía no es ajena a lo que pasa en el común denominador de los ciudadanos. Ellos también son acosados por la delincuencia, incluso más porque esta profesión es un apostolado de servicio. El funcionario es un servidor público que arriesga la vida para proteger a alguien que nunca ha visto y en eso radica la profesionalización del policía”, señaló el especialista.

Con él coincidió el criminólogo Luis Izquiel, quien agregó que la mayoría de estos desplazamientos que él conoce se dan en las denominadas Zonas de Paz. “Con esos territorios prohibido para los policías se creó un reforzamiento del poderío delictivo. Entonces, cuando una banda criminal saca de su casa a un funcionario lo que envía es un mensaje de poder a la sociedad. La gente se pregunta ¿si eso pasa con un uniformado, que representa la Ley, qué pasa con el ciudadano común?”, explicó.

Ambos analistas expresaron que el Estado tiene una deuda con la institución policial: deficiencia en la seguridad social y pérdida del respeto al uniforme.

“El policía viene de las clases medias y medias bajas de la sociedad, está inmerso en el sentir venezolano. Expertos coincidimos en que los maestros, médicos y efectivos deben ser cuidados con celo por el Estado, darles todo y tratarlos con dignidad por así ellos, que tienen en sus manos las vidas de los venezolanos, pueden tratar con dignidad a las personas. Ahora, los policías se sienten menospreciados porque si bien ellos tienen la obligación de proteger a otros, nadie los protege a ellos”, apuntó Rangel Rojas.

Izquiel recordó que los bajos salarios que perciben los agentes en el país los empujan a mantener como sitio de residencia precisamente esos lugares en los que las normas son impuestas por la banda delictiva  y no por el Estado.

Este año, en el seno de la Asamblea Nacional, se discuten estos asuntos en una reforma a laLey del Servicio Policial, en las que se piensa prohibir la implementación de las Zonas de Paz, es decir esas comunidades en las que no puede haber patrullaje por orden del Gobierno,: y a través de la creación de una nueva Ley de Seguridad Social Policial, para ahondar en los beneficios que reciben los funcionarios por su trabajo.

Según Izquiel, miembro de los asesores de la AN para la redacción del documento legal, un policía podría obtener apoyo económico para un inmueble y así resguardar la seguridad de su familia, por ejemplo.

“El Gobierno desarmó a los policías, mientras que los delincuentes incrementaron su poder armado. Si esto no cambia, las implicaciones para el Gobierno son altas. Hablamos de poner en riesgo la gobernabilidad y la existencia de un Estado. Venezuela puede transitar por el camino de El Salvador, Honduras y Guatemala”, advirtió el criminólogo.

La nueva vida

Ya Rafael tiene tres meses viviendo con la abuela de su esposa y todavía no se acostumbra a compartir con tres tíos de ella. Aunque no paga alquiler y tiene una habitación con baño propio para él, su pareja y su hijo; asegura que no tiene calidad de vida.

De su antiguo hogar guarda la línea blanca y electrodomésticos, apiñados en ese cuarto que le cedieron. Estos objetos pudieron ser rescatados luego de que vecinos de El Cementerio intercedieran por él con la banda, quienes al final accedieron permitir el ingreso de su mujer al barrio para que pudiera montar sus “corotos” en un camión de mudanza y olvidar que vivieron allí. Rafael no volvió más a esa vivienda.

“A mi hijo le hemos dicho que nos mudamos porque la otra cosa era alquilada, no era de nosotros. Él extraña su casa y sus juguetes. Lo que nos queda es acostumbrarnos”, reflexionó Rafael.

Lea las otras tres entregas de esta serie

Desplazados por la violencia: la zona a dos horas de Caracas que nunca ha sido de paz (II)

 

Desplazados por la violencia: “Cuando la OLP te quita tu casa ya no sabes en quién creer” ( y IV)

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Este reportaje fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

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