Posteriormente, durante una alocución, rechazó las acusaciones en contra de Franqui y Efraín. “¿Ustedes creen que es un una coincidencia que los imperialistas fabriquen este caso con el solo objetivo de atacar a la primera dama, a la primera combatiente, a la esposa del Presidente?… Basta ya de ataques en contra de las mujeres revolucionarias, incluyendo a mi esposa, Cilia Flores”.

La defensa de Campo y Flores ha pasado por varias manos. Sin embargo, desde abril de 2016 recae sobre el empresario Wilmer Ruperti, quien se dio a conocer en el país en 2002 al auxiliar al Gobierno en el transporte de crudo luego de que se decretara el paro petrolero.

Dos años después pagó 1,6 millones de dólares por dos pistolas originales que pertenecieron al Libertador, Simón Bolívar y se las regaló a Hugo Chávez.

Con los años la lista de contactos se amplió y el 29 de septiembre anunció que estaba pagando los costes de los abogados. La semana anterior había cerrado un trato con Petróleos de Venezuela. Los fiscales mostraron una copia de una nota de prensa en la que anunciaban que Maroil Trading, una compañía de Ruperti, obtuvo un contrato por 138 millones de dólares.

Ruperti ha asegurado que su única motivación es patriótica. Que costea la defensa para no perturbar la paz presidencial. “Necesitamos que el presidente esté calmado… Estoy ayudando a preservar el Gobierno constitucional”, aseguró en una entrevista al Wall Street Journal.

La vecindad al desnudo

Antes de que estallara el escándalo, Campo y Flores no eran de los familiares más conocidos de la Primera Dama. A diferencia, por ejemplo, de Carlos Erik Malpica Flores quien no solo fue tesorero de la República y administrador de las finanzas de PDVSA, sino que protagonizó una investigación en la que se le descubrieron 16 empresas distintas registradas en Panamá. O el caso que salió a la luz pública en 2008, que daba cuenta de que 47 familiares de Cilia Flores trabajaban en la Asamblea Nacional, mientras ella era la presidenta del legislativo.

Los dos tenían redes sociales. Campo tenía la foto de un Nissan GT-R amarillo y un Lamborghini como avatar de su Twitter y una foto de Messi como portada. Usaba Whatsapp y como de perfil de su Blackberry tenía una imagen de Hugo Chávez. Incluso, sus iniciales eran HRCF, por Hugo Rafael Chávez Frías.

El usuario de Blackberry Messenger de Flores era Don Ramón y la foto que aparecía era la del torpe protagonista de la serie mexicana, “El Chavo del 8”, con su franela azul y su sombrero blanco. Sin embargo, las risas que produce este emblemático show latinoamericano no resonaron durante el juicio. De los dos, él era el más serio, circunspecto. La mayoría del tiempo tenía el entrecejo fruncido, miraba hacia el frente y evadía el contacto hacia donde estaban sentados los periodistas.

En cambio, Campo parecía relajado. Hablaba con los abogados y se reía. Trataba de mantener una actitud despreocupada. Pero apenas la Fiscalía mostró sus conversaciones telefónicas, su actitud cambió. Movía la boca, se frotaba sus labios y parpadeaba como si le estuviese cayendo un aguacero encima.

The end

A los 12 miembros del jurado les tomó seis horas y media decidir que Franqui Flores y Efraín Campo Flores eran culpables. La ley establece que, en estos casos, el veredicto debe ser unánime.

Lo cierto es que este veredicto no recae solo sobre las cabezas de Flores de Campo sino que forma parte de un expediente más amplio y alarmante, relacionado con la posibilidad de que las autoridades de Estados Unidos logren demostrar la participación de altos funcionarios gubernamentales en tráfico internacional de droga. Y la carpeta ya la están armando.

Desde el año 2010, con el caso de Walid Makled, se puso la luz sobre políticos y militares de la Guardia Nacional que supuestamente recibían el pago de este narcotraficante para que le facilitara el envío de los cargamentos. Cuando fue arrestado, tanto Estados Unidos como Venezuela, pidieron su extradición desde Colombia, pero fue a parar a una cárcel en Venezuela.

Otro de los casos más emblemáticos es el de Vassily Kotosky Villarroel Ramirez, excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana quien “habría utilizado vehículo del Gobierno para transporta más de siete toneladas métricas de cocaína de la frontera colombiana a varios aeropuertos y puertos en Venezuela”, según expedientes estadounidenses hechos públicos en 2013.

En julio de 2014, Hugo “El Pollo” Carvajal Bernal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, fue arrestado en Aruba a petición de Estados Unidos. Desde 2008 ha sido señalado por el Departamento de Tesoro de ese país por supuestamente colaborar con las FARC y otros criminales por narcotráfico y venta de armas a la guerrilla.

Maduro calificó su arresto como un secuestro y exigió su libertad. Había sido designado como el cónsul general en Aruba seis meses antes. Aunque el gobierno holandés -Aruba es parte del reino de los Países Bajos– no le había otorgado el plácet, y fue liberado por inmunidad diplomática.

Voló a Venezuela y es diputado de la Asamblea Nacional por el partido de Gobierno.

En 2016, Maduro designó a Néstor Luis Reverol Torres como ministro de Interior y Justicia. La decisión ocurrió dos días después de que la Corte Federal de Estados Unidos en Brooklyn (N.Y.) emitiera una acusación en su contra por “participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína”.

El agregado más recientemente a esta lista es el actual vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y su supuesto testaferro, Samark López. Todas sus cuentas y pertenencias fueron congeladas y decomisadas luego de ser acusados de participar activamente en el narcotráfico y formar parte de una extensa red internacional.

La escritora Mildred Camero está convencida de que la participación de oficiales militares en el narcotráfico se ha incrementado con los años. Pasó de ser un permiso para que la carga pasara libremente por Venezuela, a ser los jugadores principales en el negocio ilegal en Venezuela.

Una de las últimas decisiones de Barack Obama antes de abandonar el cargo -el 13 de enero de 2017- fue la extensión de un año más del Decreto que califica a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria”. Ante el anuncio, Cabello no tardó en salir al paso:  “¡Sí somos una amenaza!…Porque somos socialistas, sí somos una amenaza porque somos revolucionarios, sí somos una amenaza porque somos chavistas, sí somos una amenaza porque queremos que el pueblo ande tranquilo!”, agregó exaltado el también diputado de la Asamblea Nacional.

El capítulo final de esta historia aún no tiene fecha. Se supone que el 7 marzo el juez dictaría la sentencia que les espera a Campo y a Flores. Pero dilaciones de procesos legales lo han impedido. También en marzo de 2017 el presidente Donald Trump despidió al fiscal acusador del caso, Preet Bharara.

Lo cierto es que independientemente de cuál sea el fallo, este caso podría ser solo la punta del iceberg de una red de corrupción enquistada en las más altas esferas del poder en Venezuela.


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