El desangre de dólares en Venezuela, la conexión con Ecuador

Humberto Vera Vásquez es estibador del puerto marítimo pero aparecía como accionista y gerente de Multisun S.A., que recibió $ 8’579.340 del sistema Sucre por exportaciones de productos químicos a Venezuela

Nueve empresarios venezolanos estuvieron en el centro de este negocio que duró menos de dos años.

El dinero llegaba a Ecuador por supuestas ventas a Venezuela y a los pocos días salía al exterior, principalmente hacia Estados Unidos y Panamá. Las operaciones se hicieron a través del sistema de compensación Sucre, que permitía pagos por anticipado, incluso antes de que se embarcara la mercancía. Algunas exportaciones estaban sobrevaloradas, otras nunca se realizaron.

En las operaciones que generaron estos $ 228 millones intervinieron 60 compañías venezolanas y 30 ecuatorianas. El negocio se terminó tras la quiebra de dos instituciones financieras en Ecuador: el Banco Territorial y la cooperativa Coopera.

Aparte, la Fiscalía investiga un posible lavado de activos por transacciones bancarias desde Venezuela que suman $159 millones, que recibió una transnacional asentada en Ecuador dedicaba a la elaboración de casas prefabricadas. Dos contratistas del gobierno venezolano, encargadas de construir casas populares en el marco de la Gran Misión Vivienda, enviaron ese dinero.

Diario EL UNIVERSO, el periódico El Nuevo Herald (Miami) y la página web www.armando.info (Caracas) hicieron el seguimiento de los $ 228 millones que llegaron al Ecuador y determinaron que $ 84 millones salieron a través de transferencias bancarias hacia doce países.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Tres sentenciados por caso Escastell, de ventas sobrevaloradas a Venezuela.

Dólares venezolanos se fueron de Ecuador hacia EE.UU. y Panamá.

Guayaquil, Quito, Caracas, Miami

Los agentes encontraron a Dolores, de 56 años, en su casa con techo de zinc y cerramiento de caña guadúa, en la cooperativa Paraíso de la Flor, en el noroeste de Guayaquil. Era a mediados del 2013 e investigaban a una proveedora de zanahorias para exportaciones a Venezuela. Pero en la vivienda no había ningún cultivo ni ella sabía del negocio.

A esta casa, ubicada en la popular cooperativa Paraíso de la Flor, al noroeste de Guayaquil, llegó la Policía para verificar la existencia de cultivos de zanahoria para exportaciones hacia Venezuela.A esta casa, ubicada en la popular cooperativa Paraíso de la Flor, al noroeste de Guayaquil, llegó la Policía para verificar la existencia de cultivos de zanahoria para exportaciones hacia Venezuela.

Dolores les contó que sacó un registro en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para recibir un “bono” de $ 30 mensuales.

Varios testimonios como este confirmaron que dos exportadoras quiteñas pagaban este “bono” en barrios periféricos de Guayaquil a cambio de la inscripción en el SRI. Con ese documento mandaban a imprimir libretines para facturarse a sí mismas y maquillar gastos.

“Accedí a este ‘bono’ porque en ese tiempo no tenía el bono solidario y peor aún en mi calidad de discapacitada podía acceder a una fuente de trabajo. Solo saqué mi RISE para recibir mi bono”, les relató Dolores.

En en el edifcio Parque Central (der.), en las av. Shyris y Eloy av. Alfaro, al norte de Quito, funcionaban las empresas Escastell y Prospermundo.
DSCN0671Su sede era una pequeña oficina ubicada en el piso 6, que les costó $ 113 mil, y ahora nadie la ocupa.

Las compañías eran Espinosa & Castellanos Comercializadora Internacional Cía. Ltda. (Escastell) y Prospermundo S.A., que recibieron $ 27,8 millones del sistema de compensación Sucre por ventas de hortalizas y máquinas agrícolas a Venezuela, entre noviembre del 2011 y mayo del 2013. Las autoridades detectaron falsificación de facturas y sobreprecios. Así, exportaban en $ 410.200 una desgranadora de maíz de $ 2.473.

Los socios  de Escastell eran el colombiano Adriano Castellanos P. y el ecuatorianoByron Espinosa B., mientras que en Prospermundo están Castellanos y la esposa de Espinosa, Rosalin Mogollón A. La pareja de ecuatorianos está  en la cárcel, sentenciada a cuatro años por lavado de activos. La asistente contable  que repartía los “bonos”, Wendy Cedeño L., fue condenada a 8 meses.

Castellanos, en cambio, vive en Bogotá y atendió una llamada de EL UNIVERSO a su local RDSI-Tec Ltd. “No voy a hablar al respecto. Esas son cosas de abogados”, dijo. El proceso en su contra está suspendido hasta que venga a Ecuador.

Según informes de los procesos judiciales, de los $ 27,8 millones que recibieron Escastell y Prospermundo, $ 8,35 millones fueron a manos de tres venezolanos: Samuel Sánchez Boada ($ 3,85 millones), Pedro Emilio Silva Conde y su primo Gustavo Conde Cabrera ($ 4,5 millones). Esta cifra incluye el dinero recibido por la ecuatoriana GuadalupeFarms, cuyos socios eran los dos parientes.

Silva Conde aparece como representante de Inversiones Siltor 2009, estadounidense que firmó un contrato de comisión mercantil con Prospermundo en septiembre del 2012. Siltor recibió $ 1 millón de Escastell. Así como otro millón de Mercaimpex (de Tulcán), que a su vez había recibido $ 17,6 millones del sistema Sucre.

Los documentos  del juicio a Escastell indican que para realizar los giros se consignó como dirección una casilla postal en  Miami. El titular de esa casilla, Pedro Antar, dijo a  El Nuevo Herald que Silva Conde lo había hecho a sus espaldas.

La ruta de los millones de dólares
Así se movió el dinero Fuentes: Informes del SRI, Unidad de Lavado de Activos, Unidad de Análisis Financiero y Auditoría externa del Banco Territorial, como citados en los procesos judiciales del Banco Territorial y Coopera.

“Eso es un fraude, un abuso”, indicó Antar, quien explicó que conocía a Silva  desde hace casi una década y que hace cuatro años los ayudó a crear dos empresas en Florida, pero luego las  canceló. “No sé nada de negocios con Ecuador ni de negocios con Silva ni con Sánchez Boada”, dijo. Estas empresas eran Fondo Global de Construcciones Sac  e Inmobiliaria & Constructora JAAR Sac Corp.

Exportadoras relacionadas

Los venezolanos recibieron dinero de otras firmas ecuatorianas: Samuel Sánchez, $ 4,38 millones, y Pedro Silva, $ 110 mil. Algunas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, De Todo Un Poco e Imporplace son accionistas de Bestitan, Grurosalli, Negberry, Starlexa y Gruyaseli. A estas se suman Distribuciones Stortelt y Teksolsa.

Este Diario ha buscado sin resultado a los representantes de estas exportadoras, en su mayoría ya disueltas por la Superintendencia de Compañías. Sus direcciones  no existen o son inexactas. Sin embargo, en seis meses, a sus cuentas bancarias fueron $ 53,64 millones desde Venezuela, a través del Sucre.

Por ejemplo, Bestitan está registrada en el  Guasmo Oeste, en la cooperativa Los Cinco Magníficos, que colinda con un ramal del estero Salado, pero ahí nadie la conoce. Lo mismo ocurre con Teksolsa, situada en la isla Trinitaria, cerca del estero. Una de las personas que consta como su accionista trabaja en una compañía de seguros, pero dijo que ni siquiera conocía el nombre de la firma Teksolsa.

De Todo Un Poco recibió $ 3,1 millones de Prospermundo, pagados en cheques con el rubro de devolución de inversión a Pedro Silva, según consta en un informe de la Superintendencia de Compañías.

Otro grupo de exportadoras es el de Juecrey, Neheminvest y Oseasdany, que recibió $ 12,45 millones del  Sucre. Su dueño era Ninrod Pantoja, un chofer de bus de la línea 38 de Guayaquil. Su hermana se mostró sorprendida, pues Pantoja falleció el 21 de marzo del 2013 y no tenía bienes. “Murió de una forma media rara, sin diagnóstico”, acotó.

Pantoja compró las empresas en noviembre del 2012 al abogado Félix Montiel Sellán, en cuya oficina (Edif. Gran Pasaje) están domiciliadas. Montiel indicó que crea compañías para venderlas y ofreció dar información sobre los traspasos de acciones, pero no lo hizo.

Oficina del abogado Félix Montiel, en el edif. Gran Pasaje, en el centro de Guayaquil. Ahí tenían su sede las firmas Juecrey, Neheminvest y Oseasdany, que recibieron $ 12,45 millones del sistema Sucre.Oficina del abogado Félix Montiel, en el edif. Gran Pasaje, en el centro de Guayaquil. Ahí tenían su sede las firmas Juecrey, Neheminvest y Oseasdany, que recibieron $ 12,45 millones del sistema Sucre.

Los reportes  judiciales suman transferencias por $ 9,05 millones a dos empresas en Estados Unidos y $ 100 mil a otra ubicada en Charlestown, en la isla Nieves (Antillas).

Una de ellas es Global Supplies and Equipment Services, en Weston (Florida), considerado uno de los enclaves de la comunidad venezolana en los EE.UU. También recibió transferencias de Samuel Sánchez  y de   Transadi, que había sumado $ 5,96 millones del Sucre. Entre enero y mayo del 2013, Global obtuvo $ 10,15 millones.

Dentro del proceso hay dos facturas que justificaron transferencias por casi un millón de dólares desde el Banco Territorial. Los documentos tienen formatos distintos y coinciden en un error en la dirección.

El Nuevo Herald constató que en la dirección registrada hay una casa abandonada, pese a que la sociedad está activa. Su representante es el venezolano Nelson Contreras Chávez, empresario de transporte pesado radicado en su país y que ha sido representante de otras cinco firmas en Florida, ya disueltas.

Contreras indicó a la web Armando.info que conoce a Sánchez Boada pero que no sabe de él desde hace mucho tiempo, pues le prestó dinero y no le pagó. Consideró que podría tratarse de una usurpación de identidad, ya que no ha recibido transferencias desde Ecuador.

“Yo abrí la empresa en Miami con la finalidad de mudarme, pero nunca lo hice. La empresa sigue activa en papeles, pero prácticamente tiene años sin ninguna actividad”, señaló.

Otro destino en EE.UU. fue Yachting Experts, un broker de yates de Coconut Grove, Miami. Recibió $ 2,52 millones de Sánchez, Neheminvest y Juecrey. Su gerente,  Frank De Varona, no quiso hablar.

USA-SANCHEZ-SILVA-YACHTING-EXPERTSMIAMI, EE.UU.Yachting Experts, que vende yates de segunda mano, recibió $ 2,5 millones del venezolano Samuel Sánchez y de dos empresas ecuatorianas.
Local de Aeronet Consulting Corp. en Fort Lauderdale, EE.UU.

Finalmente, Sánchez Boada adquirió una avioneta Lear 55 (matrícula N 550JB), a fines del 2012, por $ 1 millón a Aeronet Consulting Corp, en Fort Lauderdale (Florida). Un representante de Aeronet, dijo a El Nuevo Herald que la compra se hizo a nombre de una empresa en Delaware, Lear 55 Holdings Inc., porque Sánchez no es ciudadano norteamericano.

Sánchez hizo otra transferencia por $ 490 mil para el fabricante de aviones Bombardier Aerospace Corporation.

Todas estas empresas también enviaron dinero hacia Panamá $ 2,8 millones, Hong Kong $ 2,2 millones, Venezuela $ 1,2 millones, Bahamas $ 1 millón, las Antillas $ 700 mil y  Colombia $ 460 mil.

El proceso  judicial en contra de Sánchez y Silva está suspendido hasta que regresen a Ecuador a responder por las operaciones de Escastell y Prospermudo, que recibieron $ 27,8 millones del Sucre. En este caso, la Fiscalía pudo probar la entrega de “bonos”, la alteración de facturas y el sobreprecio en exportaciones. De las demás firmas que participaron en esta trama y que cobraron $ 89,65 millones, no hay ningún  juicio.

Existen transacciones cruzadas entre este grupo de empresas y otras que ha investigado la Fiscalía porque operaban en Coopera, que cerró en junio del 2013. Muchas  fueron con documentos alterados. Estas firmas ecuatorianas recibieron $ 53,7 millones del sistema Sucre; detrás de ellas estaba el venezolano Luis Carmona Salazar.

Autoridades venezolanas del comité de comercio exterior investigan

Importadoras sancionadas por no justificar uso de dólares

Quito y Caracas

Mientras manejaron negocios en Ecuador, los venezolanos Samuel Sánchez Boada y Pedro Silva Conde solían reunirse en el Hotel República, en el centro norte de Quito, para negociar exportaciones a Venezuela, según relataron los empleados de las empresas Escastell y Prospermundo a la Fiscalía.

A las citas asistían también los principales de esas compañías: el colombiano Adriano Castellanos Pedraza y el ecuatoriano Byron Espinosa Barreros.

Una trabajadora del área de contabilidad relató que los venezolanos daban la lista de importadores a los cuales se debían enviar los productos, principalmente químicos y máquinas agrícolas.

Las importadoras cambiaban dólares a una cotización preferencial de 4,30 bolívares. Las ecuatorianas recibían las divisas a través del sistema Sucre. Parte del dinero recibido lo transferían a cuentas de Sánchez y Silva en Ecuador, en dólares que en Venezuela tenían una cotización que fluctuaba entre 12 y 24 bolívares, en los meses en que se hicieron las operaciones.

Sánchez Boada se presentaba como representante de Agro Industrias Enmary 777, que tiene su sede en Lecherías, en Venezuela. En Miami también existió una empresa con ese mismo nombre, pero que se disolvió en el 2011, y otra tiene su sede en Delaware (EE.UU.)

Entre 2011 y 2012, Agro Industrias Enmary 777 recibió dinero en préstamo del Grupo Mantex, consorcio venezolano que tiene participación en una veintena de compañías con actividades en construcción, bienes raíces, publicidad, etc. Así lo indicó un reporte de la firma Deloitte de abril del 2014.

En Mantex Metrópolis, actúan como vocales suplentes de la junta directiva Pedro Silva Conde y su primo Gustavo Conde Cabrera, quienes fundaron la ecuatoriana GuadalupeFarms S.A. Esta empresa y Conde Cabrera recibieron pagos por el total de $ 3,7 millones en Ecuador por parte de Escastell.

Su padre, Gustavo Conde Delfino, principal de la junta de Mantex Metróplis, así como Mantex Investments Ltd. (Barbados) recibieron $ 1,1 millones de otro grupo de exportadoras ecuatorianas.

Pedro Silva Conde accedió a dar una entrevista en Caracas, en la sede de Mantex, pese a que estaba ocupado porque, dijo, su padre iba a ser operado. Pero luego de este ofrecimiento ya no respondió.

VNZ-SANCHEZ-SILVA-MANTEX-METROPOLISSede de Mantex Metrópolis en Caracas, empresa de la que forman parte Pedro Silva Colde y Gustavo Conde Cabrera, como vocales suplentes
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Agro Industrias Enmary 777 fue sancionada por las autoridades de ese país por no haber justificado el uso de dólares a precio oficial para sus importaciones. Este Diario intentó contactar a Sánchez Boada en los correos electrónicos de esa empresa, pero ya no funcionan.

Otras  seis importadoras venezolanas, que compraron al menos $ 13,5 millones, a las exportadoras de este grupo también han sido sancionadas. Estas son: Asociación Labriegos del Campo, Comercializadora Broki, Importadora Mi Gran Sacrificio, Quimiorbis, Intercolven e Importadora de Alimentos Siglo XXI.

VNZ SANCHEZ SILVA IMPO ALIM SIGLO XXICaptura de la página de Facebook de la Importadora de Alimentos Siglo XXI, cuyo último posteo fue en noviembre del 2012.

Periodistas de Armando.info visitaron la sede de la Importadora Mi Gran Sacrificio, en el  local 26 del centro comercial Santa Bárbara, en Cúa (estado de Miranda). Todo estaba cerrado, la puerta con telarañas y los recibos de electricidad acumulados en la reja de la ventana. Los vecinos aseguraron que no saben quiénes ocupan esa oficina. Las demás importadoras no pudieron ser contactadas.

Sánchez y Silva están llamados a juicio en Ecuador por un supuesto lavado de activos, sin embargo, el proceso está suspendido hasta que se presenten ante las autoridades.

En septiembre del año pasado, Sánchez creó en Panamá la empresa Petreleon Trade Corp. En julio del mismo año, los primos Silva y Conde junto con Ricardo Galindo Gimón crearon siete empresas en Panamá. Todas ellas tienen nombres de importadoras venezolanas que aparecen en otro grupo de compañías que investigó la Fiscalía ecuatoriana y  por cuyas  actividades dos personas están sentenciadas por lavado de activos.


Esta es una investigación conjunta del diario El Universo de Ecuador, la plataforma digital Armando Info en Venezuela y El Nuevo Herald. Los nombres de los periodistas se mantienen en reserva para evitar represalias. La investigación periodística se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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