El “splash” de Odebrecht

La investigación del Lava jato cruzó la frontera de Brasil y promete ser el gran escándalo de corrupción de los primeros meses de 2017, que involucra millones de dólares en sobornos y a decenas de países latinoamericanos.

Trabajadores de Odebrecht chequean una obra de tratamiento de aguas en Sao Paulo. Imagen referencial bajo licencia Creative Commons bajo autoría de Rogério Reis

Ya se ha dicho varias veces que uno de los cánceres más letales para la sociedad contemporánea es la corrupción. Una sombra que oscurece la humanidad, diría Marx. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos, según cifras del Banco Mundial, y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del producto interior bruto mundial, de acuerdo con informes de la Cámara de Comercio Internacional.

Por ello, cuando en diciembre de 2016 los medios del mundo informaron que la firma Odebrecht había llegado a un acuerdo con el estado brasileño, estadounidense y suizo, en el que concertaba pagar una multa de 3.500 millones de dólares y confesar transacciones ilícitas por 788 millones de dólares con gobiernos de 10 países de la región, la evidencia de los sobornos, que son un desahucio, puede tomar ribetes de esperanza según como actúen los actores de la justicia regional.

El caso de Odebrecht empezó a tomar fuerza cuando después de varios meses de trabajo en la investigación judicial llamada “Lava Jato” (Lava Autos en español), en la que se procesa el caso de corrupción más grande de la historia de Brasil, a mediados de 2015 los fiscales que llevan el caso, liderados por el juez Sergio Moro, destaparon los vínculos ilícitos de la constructora con la entidad estatal, Petrobras. No sólo eso, presuntamente varias de las grandes personalidades de la política latinoamericana, como el ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, están implicadas en el caso por supuestas intermediaciones entre el Estado y sus proveedores.

Desde entonces y especialmente después de la condena a 19 años de cárcel que recibió Marcelo Odebrecht en marzo de 2016, todos los países empezaron a hacer inspecciones propias al interior de sus carteras, sabiendo que el “splash” del escándalo terminaría por salpicarlos a todos. Y así fue.

Dentro del documento que contiene la confesión publicada por el departamento de Justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre, se lee que Odebrecht ganó hasta ocho veces más de lo que pagó en sobornos en 12 países: Angola (50 millones de dólares), Argentina (35 millones), Brasil (349 millones), Colombia (11 millones), República Dominicana (92 millones), Guatemala (18 millones), Ecuador (33.5 millones), México (10.5 millones), Mozambique (900 mil), Panamá (59 millones), Perú (29 millones) y Venezuela (98 millones).

La justicia ha tenido respuestas dispares a lo largo del continente americano. Mientras en Colombia ya la justicia está llamando a funcionar públicos a declarar, Perú llegó a un acuerdo preliminar con Odebrecht, que se comprometió a suministrar información y a devolver al Estado 8.8 millones de dólares, parte de las ganancias ilícitas obtenidas en ese país. Días antes, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski había creado una comisión de fiscales exclusiva para el caso. En Ecuador, entretanto, mientras no tenga la justicia una traducción oficial ha dicho que no iniciará una investigación exhaustiva.

En Venezuela, el escándalo resuena más por el silencio de las obras detenidas que por las acciones judiciales contra los implicados en el escándalo. Según lo que ha trascendido, en Venezuela se habría pagado el mayor monto en sobornos. Entre 2006 y 2015, desembolsó 98 millones de dólares a cambio de obras públicas. El país tendrá que renegociar cinco proyectos en desarrollo, ya que a partir de las confesiones de Odebrecht se suspendió la financiación otorgada por el Banco Nacional de Desarrollo y Fomento de Brasil, destinada a 16 obras públicas de la región, que estaban en manos de las cinco compañías investigadas en el “Lava Jato”: Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS.

Las personalidades salpicadas

La lista de salpicados y procesos va en aumento. En Colombia, donde se recibieron alrededor de 11 millones de dólares en sobornos entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente, Juan Manuel Santos, ya se empezó a citar a audiencia a altos funcionarios de ambas administraciones.

Tomás Uribe, hijo del ex presidente Uribe también está bajo el foco, por una reunión con funcionarios de la firma brasileña en Ciudad de Panamá unos meses antes de que se le adjudicara un millonario contrato por el proyecto Ruta del Sol tramo 2. Dice Guido Nule, contratista judicializado por corrupción en Colombia, que la función de Tomás en la reunión era convencer a los miembros de Odebrecht de aliarse con los Nule para la construcción de la carretera.

Ante estas acusaciones, el ex mandatario ha enviado declaraciones de disgusto en las que asegura que sus hijos han demostrado transparencia en sus acciones e inocencia.

 

En Panamá el poder no ha salido ileso. Se ha señalado la vinculación con el caso de los hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, por haber recibido 6 de los 59 millones de dólares en coimas que se entregaron en ese país.

En Perú, estarían implicados funcionarios de las últimas tres administraciones (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala), y eso llevó al Gobierno actual a modificar las leyes de contratación del país para impedir que estas y otras empresas corruptas vuelvan a ser contratas por el Estado.

Con la declaración de culpabilidad de la compañía, que tenía un departamento dedicado exclusivamente al pago de sobornos, se abre una ventana a la posibilidad de desmantelar redes de corrupción internacional que antes parecían blindadas.