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¿Asoma un Caballo de Troya?

Un centenar de miembros de la fuerza pública salvadoreña han sido expulsados por vínculos con las temidas maras. Los de la Salvatrucha prefieren infiltrar la Policía, mientras que la Pandilla 18 lo hace con el Ejército. Esta última institución es la de controles más débiles.
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Varios oficiales de las fuerzas armadas salvadoreñas han sido sancionados por infiltraciones con las maras. Foto: cortesía a los autores.
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En El Salvador parece estar replicándose aquel mítico estratagema de la guerra conocido como el Caballo de Troya. En el poema de La Odisea inmortalizado por Homero, se cuenta la historia de como el griego Ulises finge la retirada de su ejército, y deja a las puertas de las murallas de Troya un caballo de madera lleno de soldados. De manera ingenua los troyanos aceptan la ofrenda y cuando ingresan el gigantesco obsequio los soldados griegos salen y destruyen la ciudad. En el caso salvadoreño, los autores del ardid son las temidas maras.

 Acá no hay una historia de amor detrás como sucedía en el relato griego. En El Salvador, en una primera instancia, se trata de infiltrar a la Fuerza Pública para robar armas como lo ha declarado el ministro de la Defensa David Munguía Payés. Pero es algo que también muestra la evolución de estos grupos que quieren tener mayor poder, buscan afectar las investigaciones en su contra y obtener información clave en la lucha contra el delito en la medida en que sus actividades delincuenciales cada vez son más lucrativas, como lo señala el criminalista Carlos Ponce, ex asesor de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

En los últimos cinco años, de acuerdo a un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional, se identificaron 91 casos de vínculos con las maras entre miembros activos y un par de personal administrativo. De estos, 49 tenían relación con la Pandilla 18 y el resto con la Salvatrucha. En el mismo periodo en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) 29 personas fueron expulsadas de la Escuela al probarse estos vínculos. En este caso 16 de ellos tenían relación con la Salvatrucha.

Si bien es cierto que porcentualmente no pareciera una cifra de mayor impacto los casos sancionados para los más de diez mil miembros de la Fuerza Pública que han llegado en el mismo periodo de tiempo a estas instituciones, un centenar de infiltrados detectados es a todas luces una señal suficiente de alerta para instituciones que deben velar y garantizar la tranquilidad de los salvadoreños.

Identificar a los infiltrados no es tarea fácil. Por un lado son diferentes los procesos de personas con algún tipo de vínculo con las pandillas, a miembros propiamente dichos. Por otro, ambas instituciones deben ser lo suficientemente garantistas en los procesos y contundentes en mostrar esas relaciones y su impacto. Es de suponer que un proceso mal sustentado se devolvería contra el Estado traducido en millonarias demandas.

En el caso de la ANSP, según su director Jaime Martínez “en ningún caso se ha logrado demostrar que un alumno de la academia está activamente involucrado en una pandilla”, y los expulsados corresponden a que se lograron demostrar vínculos que a la institución no le daban confianza. En el caso del Ejército, a juzgar por el informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, sí se han identificado casos en los que incluso a los implicados se les ha encontrado haciendo los tradicionales grafitis alusivos a las maras. 

$339,700 le fueron incautados al panameño Victor Carrillo Lucero, el 22 de junio de 2009, quien llevaba oculto el dinero en su maleta. .

En otros casos los indicios se dan por la forma como se expresan y el uso de ademanes propios de estos grupos delictivos, según lo explican en la entidad. Según fuentes del Organismo de Investigación del Estado (OIE), el hecho de que los pandilleros hayan dejado de tatuarse o se tatúen en lugares menos visibles en comparación con las generaciones anteriores, les ha permitido evadir el radar de las autoridades.

La investigadora Gema Santamaría, de la Red Transnacional de Análisis Sobre Maras, coincide con la OIE y agrega que este fenómeno se evidencia a partir de los primeros años de la década del 2000, cuando las autoridades salvadoreñas comienzan a implementar las llamadas políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura. “Dado que estas políticas hicieron del uso de tatuajes el principal mecanismo para identificar a los miembros de las maras y dado que la mera pertenencia a esos grupos se criminalizó, los pandilleros adoptan estrategias para esconder su pertenencia al grupo y las maras adquieren un carácter cada vez más clandestino y escurridizo”, afirma Santamaría.

Según fuentes castrenses, hay casos en que mareros han han llegado hasta amenazar a militares para que colaboren con ellos. Bien sea por corrupción o por coacción varios acceden a sacar armas de alto calibre de sus respectivas instituciones, como lo ha revelado el ministro de Defensa, de acuerdo con sus investigaciones. Por cada artefacto explosivo la delincuencia paga de 400 a 500 dólares y entre 800 y 1,200 dólares por fusil, explicó Munguía en esa oportunidad.

Un ejemplo de los alcances de este tráfico de armas, puede ser el caso descubierto por las autoridades en Chalatenango (al norte de San Salvador fronterizo con Honduras), donde encontraron 4 fusiles AK-47, un fusil G-3, un lanzagranadas M-79, una subametralladora Uzi, y una escopeta. El arsenal estaba dentro de un barril enterrado en las afueras del referido municipio, listo para ser entregado al interesado.

En otro caso, según reportó la Fiscalía General de la República fueron recuperadas a finales del año pasado 213 granadas anti tanque M90. Según el Ministerio Público estos artefactos eran de un lote del Ejército que tenía que haber sido destruido pero que se incumplió la orden, para venderlas posteriormente. No se identifica aún a los responsables, pero es claro que estas armas pueden beneficiar a la delincuencia de las pandillas, y que sólo lo pueden hacer con personas infiltradas.

La pregunta que hay es qué tanto son una serie de episodios aislados, o si se trata de una estrategia calculada. En el caso del crimen organizado relacionado con los carteles se adelantan investigaciones contra funcionarios de alto rango por estos vínculos. Es lo que pasa con un alto oficial que está siendo indagado por sus posibles vínculos con el llamado Cartel de Texis. ¿Han logrado las pandillas ese nivel de infiltración también?

Casos como el del joven pandillero Francisco Alfonso Hernández Montes, alias El Pinky, hacen pensar que la situación es aún más crítica de lo que se percibe en las estadísticas. En este caso, El Pinky se había convertido en testigo estrella en contra de la Pandilla 18. Pese a intentos de soborno e intimidaciones se mantuvo en su decisión de testificar en contra de sus homies. La madrugada del 2 de marzo de 2013, un grupo de hombres encapuchados ingresó a las bartolinas de la subestación de Planes de Renderos, al sur de San Salvador, donde estaba recluido y supuestamente a salvo, y lo asesinaron a balazos.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía concluyó que 14 policías de la subdelegación colaboraron con “la 18 “para impedir que El Pinky siguiera colaborando con las autoridades. Los investigadores que conocen el caso señalan a uno de los uniformados de intentar sobornarlo, filtrar información a “la 18” y facilitar le entrada de los asesinos. La FGR también asegura que los policías permitieron que huyeran.

Sin embargo, el 7 de marzo de 2013, el tribunal de Panchimalco dictó prisión preventiva contra el agente que estaba a cargo de las bartolinas en el momento en que ocurrió el asesinato. Los demás fueron restituidos en sus cargos ya que según el juez no había suficientes pruebas para demostrar que actuaron en connivencia con la Pandilla 18. 

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Fuerzas armadas salvadoreñas. Foto: Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador

Según Carlos Ponce, este es un claro ejemplo de cómo los pandilleros u otros actores vinculados a estructuras criminales buscan infiltrar las fuerzas de seguridad con el propósito de desviar el curso de las investigaciones policiales o ingresar armas a los centros penales que han sido utilizadas para atacar a testigos criteriados, como El Pinky, o a integrantes de grupos rivales.

El Inspector General de la PNC, Ricardo Martínez, no quiso precisar el número de policías que han sido procesados por involucramiento en actividades delictivas durante los últimos años ni le permitió a este equipo de reporteros acceder a los expedientes. Sin embargo, en la OIE sí se logró conocer que se adelantan al menos cuatro investigaciones de uniformados asesinados, cuyos crímenes según los investigadores de esta entidad, podrían ser por no cumplir con los compromisos que asumieron con los pandilleros.

Las investigaciones no son fáciles. Según el director de la ANSP en esta institución sólo basta con tener suficiente indicios que demuestren tal vínculo para proceder a la expulsión de los sospechosos. "Se sigue una investigación técnica profesional que realiza la Unidad de Verificación -UV- de Antecedentes que es un organismo propio de la Academia Nacional de Seguridad Pública, pero con policías con experiencia en investigación", sostiene.

Los alumnos son sometidos a cinco pruebas, la última es de verificación de antecedentes; sin embargo, una vez que entran a la institución, el que formen parte de ésta no garantiza que se van a graduar, ya que continuamente se recoge y actualiza información. La mayoría de los investigados no hace uso de abogados por ser de clase humilde, ellos mismos ejercen su defensa. En casos excepcionales, bajo la presente administración, algunos alumnos se apoyaron en abogados para defenderse. Sin embargo, los procesados administrativamente en la ANSP pueden recurrir al auxilio de la Procuraduría General de la República. Los encausados tienen derecho a la defensa, presunción de inocencia, aportar pruebas, a demandar imparcialidad del juzgador, recurrir a doble instancia y ser sometidos a un debido proceso.

Martínez explica que la labor de la UV es investigar los lugares de procedencia de los alumnos. "Es como un último filtro cuando los alumnos van a ingresar a la ANSP". "Si llega un informe de algún alumno que tiene vínculos con pandillas se hace una reverificación. Si la UV encuentra indicios todavía el alumno tiene una garantía, porque no se le puede expulsar solo por el informe, porque ya tienen un derecho ganado", explicó el director. Sin embargo, si los indicios son suficientes se procede a separarlos.

Esa por ejemplo fue la situación de 13 alumnos en 2011 que fueron expulsados de la academia, el año con más alto número de espulsados por este motivo de la ANSP. Martínez aclara que al hablar de vínculos, se refiere al hecho de que estos alumnos tenían una relación familiar, amorosa o de amistad con un pandillero o pandillera. Buscan identificar quiénes son los que llevan una doble vida. Aquéllos que cambian el uniforme del día por los pantalones holgados en la tarde, y los compañeros de tropa por sus homies.

Pese a las medidas es evidente que en los controles de selección, existen fisuras que permiten que las filtraciones se den. Así como en la lejana Troya los griegos no iban a ser tan evidentes de querer infiltrar con algo que pudiera ser considerado hostil, en el caso de un plan estratégico de las maras sería demasiado básico pensar que sólo lo harán con personas de sus propias comunidades, que hablen y se comporten como ellos. Sin el refuerzo de los filtros el día de mañana pueden despertar con ‘caball de Troya’ dentro de las murallas de la Fuerza Pública.

+ Ver nota relacionada en El Diario El Mundo

+ Ver nota relacionada en La Prensa Gráfica 

+ Ver nota relacionada en El Salvador.com

+ Ver nota I en Global Voices

+ Ver nota II en Global Voices

 
*Este reportaje fue realizado por  Jaime López y Mauricio Cáceres, del Diario de Hoy; Luis Alberto López Castillo, deTelecorporación Salvadoreña; Mario Beltrán  de www.paxnoticias.com; Ross Mary Zepeda y Tatiana Alemán, de Radio Casa Tomada, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
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