Espionaje a lomo de “pegasus”

Crece la polémica por el uso de herramientas de espionaje adquiridas para luchar contra el crimen en contra de periodistas, activistas y opositores. México, el más reciente capítulo.

Enrique Peña Nieto, presidente de México. Foto bajo licencia CC 2.0 bajo autoría del World Economic Forum

Una poderosa bomba estalló en la opinión publica mexicana esta semana cuando un prestigioso grupo de organizaciones reveló en un completo informe cómo un software conocido como Pegasus, una de las herramientas más contundentes contra el crimen organizado, se usó en contra de opositores políticos, activistas y periodistas que han denunciado irregularidades y corrupción bajo el actual gobierno.  El informe, realizado a la par de una completa investigación por The New York Times, no señala directamente un responsable, pero por ser un software que sólo se vende a gobiernos, de inmediato dirigió todas las miradas al presidente Enrique Peña Nieto.

La respuesta del Primer Mandatario, causó aún más sorpresa. Tras decir que hasta él se siente espiado, fue enfático en señalar que había dado orden de actuar en torno a las acusaciones y de “aplicar la ley a quienes han acusado falsamente a su gobierno”.

Si bien a las pocas horas se desdijo de sus afirmaciones asegurando que lo que buscó decir era que se investigaran las denuncias y no a los denunciantes, todo el episodio dejó un doble mal sabor de boca en la opinión pública. Por un lado por las contundentes revelaciones de que el espionaje sí se ha dado, y por otro, por la indolencia oficial y la poca esperanza de justicia ante las denuncias dada la primera reacción de Peña Nieto.

En América Latina es recurrente que se utilicen las más novedosas tecnologías adquiridas para la lucha contra el crimen trasnacional, como el narcotráfico, para combatir las ideas, las inconformidades ciudadanas o los grupos que despiertan sospechas entre las autoridades como lo son los defensores de derechos humanos y los periodistas. Los espionajes se trasladaron de las marchas y movilizaciones y escuchas telefónicas a insertar software o malware (virus malicioso) informático en las computadoras y en los dispositivos móviles. Como es el famoso “Pegasus” que se usó en México.

Hay antecedentes de episodios similares en Ecuador, Paraguay y Colombia. De hecho, casos como el de Panamá tienen en jaque al ex presidente Ricardo Martinelli. Recientemente fue detenido en Estados Unidos por una orden de Interpol, por la intervención de comunicaciones a 200 de sus opositores durante su mandato. El exmandatario panameño ahora mismo está bajo custodia de la justicia en Estados Unidos y en espera de una solicitud de extradición del gobierno de Panamá.

En Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe las interceptaciones a las comunicaciones o como se les llama localmente “chuzadas”, fue el epicentro de sucesivos escándalos que dejó tras las rejas a varios de sus más cercanos colaboradores. De ahí que algunos compararan la situación actual de México con la vivida en su momento en Colombia.

En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, quien dejó la presidencia en mayo pasado, también se vio envuelto en un escándalo de espionaje a partir de la filtración de la lista de clientes de la compañía italiana Hacking Team. La información develaba la relación contractual entre la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y la empresa de espionaje informático, que habría capacitado a la Senain en la instalación y uso de softwares para el seguimiento de políticos de oposición. A pesar de que las filtraciones mencionaban a funcionarios públicos y daban detalles de montos cancelados, el gobierno negó cualquier vinculación e invitó a la prensa a un recorrido a las instalaciones (hasta ese entonces ocultas) de la Senain, sin que se conociera el detalle del alcance de las investigaciones.

De forma similar en Paraguay el diario ABC Color denunció que inteligencia militar intervino los celulares de dos de sus periodistas que habían publicado irregularidades cometidas por la cúpula.  En el espionaje se habría usado el sistema de inteligencia adquirido por el gobierno de Horacio Cartes que, según lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil, sirve para intervenir las comunicaciones que los ciudadanos mantienen por internet.

El común denominador en la mayoría de estos casos es la impunidad de los verdaderos responsables, los que dan las ordenes para que se cometan estos espionajes. Las denuncias se diluyen entre la inacción de las autoridades y el apresamiento de mandos medios que supuestamente actúan por su propia cuenta. Sin embargo, es claro que la información a la que accede un periodista o un investigador en casos sensibles de derechos humanos es algo que sólo le interesa a la cúpula del poder.

De ahí que John Scott, colaborador en la investigación que documentó #GobiernoEspía, explicó que a pesar de que no se puede comprobar al 100 por ciento el espionaje realizado por el gobierno mexicano, se ha comprobado que el software Pegasus es utilizado solo por gobiernos. “Si no es el gobierno mexicano, quien está espiando, me parece importante que investigue qué país está violando la ley en su territorio”, explicó el investigador de Citizen Lab. Desde esta perspectiva, el hecho incluso podría desatar conflictos diplomáticos. Lo que se pide es un llamado a la justicia, y lo que es inadmisible es que que se ponga ahora el foco de las investigaciones en los denunciantes.

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