Los 27 integrantes de la familia Hernández viven en una casa ubicada a cinco metros de un acantilado, en Culiacán, Sinaloa. La vivienda no tiene puertas ni agua potable ni energía eléctrica; su hogar es un inmueble hecho de láminas, tablas viejas, cartón, ladrillo y adobe, que ni siquiera es suyo: es un lugar que invadieron cuando se hallaba abandonado.
Ahí viven 18 niños, tres mujeres y tres hombres mayores de 20 años y tres adultos mayores. Los más grandes son originarios de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, pero después migraron y crecieron la familia en La Mesa, Sinaloa de Leyva, un poblado enclavado en la Sierra Madre Occidental, al lado de un río, en los límites con la entidad chihuahuense.
Ellos, al igual que los cerca de 5 mil desplazados internos por la violencia en Sinaloa, huyeron de su pueblo para salvar la vida. Ese era el objetivo.
En la actualidad, los menores no cursan la escuela, las mujeres hacen y venden pan ranchero y acarrean cubetas con agua que les venden los vecinos. Los hombres adultos trabajan de peones de albañil cuando encuentran empleo, y los tres adultos mayores –dos mujeres y un señor con la pierna quebrada–, viven para extrañar a su pueblo y para perderse en el pasado.
Este artículo fue realizado por Noreste y El Universal de México y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
Se hallan en la capital del estado, pero su marginación es igual o peor a la que tenían en la sierra. Después de que en febrero pasado aparecieron en las noticias locales, el DIF estatal los visitó y les ofreció ayuda, sin embargo, la familia sólo recibió algunas despensas y sigue en las mismas condiciones de pobreza. El presupuesto público no los ha alcanzado.
En verano de 2012, con la llegada de los grupos del crimen organizado, esta familia salió huyendo entre el monte en una vieja camioneta doble cabina de caja larga: apenas cupieron todos en ella.
“Oímos una llorona de mujeres, gritaban que habían matado a cinco ahí cerca; eso nos tocó ver a nosotros. Se vino toditita la gente y luego, como a los tres días, nos vinimos nosotros”, recuerda la señora Consuelo Ramos, habitante de la casa y parte de la familia.
Unos vecinos les prestaron una vivienda y ahí estuvieron ocho meses, pero la familia directa de Consuelo no se resignó a la costosa vida de la ciudad, y se regresaron a La Mesa.
“Enfrente de la casa de nosotros vimos que bajaron un montón de encapuchados, y córrele dijimos nosotros. Pasamos muchas noches en el monte. Ellos nos dijeron que no querían gente ahí. No había qué comer y había mucha gente mala, pero no nos veníamos otra vez por miedo, porque revisaban todos los carros en la pasada”, recuerda.
Cuando regresaron a La Mesa ya les habían robado todas sus pertenencias; pasaron siete meses de terror y escasez, y un día les dijeron que esa tarde se tenían que salir porque iban a matar a todos los que estuvieran en el pueblo. Entonces regresaron a Culiacán.
México debe de afrontar el desplazamiento forzado: IDMC
El Estado mexicano no se ha hecho responsable del desplazamiento interno forzado, como sí lo ha hecho Colombia y recientemente Honduras, advierte Sebastián Albuja, Director del Departamento de Africa y América en el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, con sede en Ginebra.
Esto obedece a que el gobierno mexicano cree que aceptar el problema le dará una mala imagen internacional, comenta, cuando es al contrario.
“Tienen miedo de que hablar de desplazamiento les dañe esta imagen a nivel internacional, cuando creo que es lo opuesto, justamente porque es un Estado tan fuerte, porque es una economía en crecimiento, (debe) decir: estamos afrontando nuestros problemas, estamos afrontando esta lacra del crimen organizado, y también nos estamos responsabilizando por sus víctimas. Es darle la vuelta al mensaje”, afirma Albuja en entrevista por videoconferencia desde Ecuador.
Albuja recomienda que México siga los pasos de Colombia en el tema, un país que ha dado la cara al problema e incluso le ha servido para posicionarse a nivel internacional.
“En Colombia existe toda una arquitectura institucional de respuesta al desplazamiento. Colombia es el país en el mundo que tiene el sistema estatal de respuesta al desplazamiento más avanzado. Tienen programas nacionales de restitución, de registro”, destaca.
Incluso Honduras, que tiene menos desplazados que México, acaba de instalar la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.
Además, expone que el desplazamiento mexicano tiene tres características: es invisible, las víctimas están desprotegidas, y se tienen cifras imperfectas.
“Es un desplazamiento causado por violencia criminal”, agrega.
Laura Rubio Díaz Leal, académica del ITAM y estudiosa del fenómeno del desplazamiento interno forzado, critica que los gobiernos de México no quieran aceptar la falta de seguridad en la población porque manifiesta su debilidad institucional.
“Durante el gobierno de Felipe Calderón se negaba abiertamente que existiera un problema de desplazamiento, y con (Enrique) Peña Nieto simplemente no se habla de eso: no sé qué es más grave, una negación o una omisión del tema”, compara. Desde 2011, Díaz Leal ha podido documentar 121 desplazamientos masivos en México.
No hay política de estado, reconoce el gobierno de sinaloa
Juan Ernesto Millán Pietsch, Secretario de Desarrollo Social de Sinaloa y coordinador de un comité local intersecretarial que se creó para la atención de los desplazados internos, admite que el tema se ha abordado con base en esfuerzos aislados, y no como una política de Estado en la que deben de intervenir los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sinaloa, y el Federal.
“No solamente el Secretario de Educación, el de Salud, el de Obras Públicas y el de Seguridad Pública y el Procurador y el DIF estatal y los DIF municipales (deben participar): necesitamos una acción coordinada de todos”, plantea el funcionario sinaloense.
Menciona que se han entregado algunas casas y despensas, pero no se han conseguido empleos suficientes. Tampoco tienen un presupuesto especial para los desplazados, y una muestra de ello es que se alcanzó un acuerdo con el Infonavit para proveer de casas a los afectados, pero el gobierno local no ha tenido dinero para poner la parte que le toca. Esto mantiene detenido el trámite.
Otro ejemplo lo expone Juan Carlos Estrada Vega, Alcalde panista de Choix en el periodo 2011-2013, que atendió la ola de desplazados que llegaron a la cabecera municipal después de prolongados enfrentamientos en la parte alta de la sierra.
En 2012, recuerda, el Gobernador Mario López Valdez acudió a Bacayopa, donde en abril de ese año se dio el primer enfrentamiento, e hizo un puñado de promesas a los pobladores. “A la fecha no hay ningún proyecto productivo para esa zona”, lamenta Estrada Vega.
En la sierra de chihuahua, desplazamiento de pies ligeros
A pesar de que en la sierra de Chihuahua el fenómeno del desplazamiento no se compara con el sucedido en la frontera norte de Ciudad Juárez, éste sí existe, afirma Héctor Fernando Martínez Espinoza, Vicario General de la Diócesis de la Alta Tarahumara, con sede en Creel, Chihuahua.
“Por supuesto que sí hay historias de familias que han tenido que dejar sus lugares”, asegura el sacerdote.
Desde hace décadas, Héctor y el padre Javier “Pato” Ávila han exigido seguridad en la sierra Tarahumara, han enfrentado y criticado al gobierno estatal, y han organizado marchas para recordar a las víctimas del crimen organizado.
Entrevistado en una banca de la parroquia, el padre Héctor menciona que el desplazamiento forzado en la sierra Tarahumara no se ha dado de forma masiva; por eso es difícil de percibir.
“Sí tenemos conocimiento, pero no tenemos una estadística o una denuncia. Por ejemplo: llegas a visitar a una familia a una ranchería y te das cuenta que hay otra familia que no conocías, y te cuentan que vienen huyendo de los barrancos porque la presencia de gente armada los ha intimidado, porque a veces los obligan a salir porque van a usar sus territorios, o porque los quieren usar de mano de obra en la cosecha de la mariguana, de la amapola”, advierte.
Incluso, agrega el sacerdote, se ha percatado de la presencia de extranjeros dentro de las filas del crimen organizado serrano, principalmente de salvadoreños y de hondureños.
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