Un fusil Heckler Koch G3 puede comprarse en una armería legal en Texas, incluso en línea, por poco más de $1,800. Conocido como G3, popular en los conflictos armados centroamericanos de los ochenta, es un fusil alemán que puede disparar hasta 600 balas por minuto, con la posibilidad de soportar un lanzagranadas de 40 mm. El agente Nicolás no tuvo que viajar a Texas ni llenar un solo papel para conseguir uno: conoció a la persona correcta, un teniente retirado con acceso a armas ilegales, que le vendió un G3 en $600. Una auténtica ganga.
La transacción ocurrió el 5 de julio de 2011 en el interior de la venta de armas Perfection Arms and Security, un local lúgubre, iluminado con luz artificial, conocido como la armería San Carlitos. Nicolás, un policía autorizado para actuar como agente encubierto, con una orden firmada por el entonces jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado, Rodolfo Delgado, entró al local y descubrió lo que parecía una armería en regla: ocho vitrinas con balas, fundas para armas de fuego, chalecos y ropa de corte militar. La segunda planta, sin embargo, funcionaba como oficina alternativa para vender AK-47 y AR-15 ilegales.
Nicolás llegó a la San Carlitos por un informante que contó a investigadores policiales, el 16 de junio de 2011, que conocía a militares retirados que se dedicaban a vender ilegalmente armas de guerra. Nicolás fue designado al caso, y el informante le presentó al teniente a finales de junio. Pocos días después, Nicolás realizó la primera compra controlada, ese G3 verde, serie G3FMP368841/80, por el que pagó $600. Con la confianza de la primera venta, la puerta para más productos quedó completamente abierta: el teniente, tal como consta en el acta policial anexada al expediente fiscal, le ofreció venderle dos fusiles AK-47, cada uno por $1,500, y un rifle de asalto AR-15 por $1,600.
La Fiscalía dio el aval para la siguiente compra controlada, en la que el agente Nicolás había negociado, incluso regateando, un fusil M16, de los mismos que utilizan los soldados salvadoreños, en $1,350. El 17 de agosto de 2011, a las 2:50 de la tarde, un batallón del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía entró a la armería segundos después de que Nicolás tomara el teléfono, a la salida del negocio, para avisar que el teniente le había ofrecido y mostrado el M16. Los uniformados entraron y detuvieron a cuatro personas, entre ellas al teniente retirado Mario Antonio Deleón Elías. Los otros dos fueron los empleados José Rafael Escobar Girón y Carlos Alberto Gálvez Ramírez. No fue esa captura, sin embargo, lo que más llamaría la atención de Policía y Fiscalía. Tampoco el armamento ilegal incautado en la San Carlitos: un rifle de guerra Norinco Mak 90, una granada 40 mm con número MA83T16618, una mira telescópica conocida como “Siete Poderes”, numerosas pistolas y el M16 en cuestión. Lo interesante fue que entre los detenidos estaba la dueña de la armería, Ana Cecilia Pocasangre de Velásquez, la mujer señalada en la investigación de conseguir las armas ilegales para la San Carlitos, la hermana del mayor retirado Miguel Ángel Pocasangre Escobar, el eslabón que une esta historia con la Oficina del Registro y Control de Armas de Fuego del Ministerio de la Defensa.
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El allanamiento del 17 de agosto de 2011 en ese local de la alameda Roosevelt N.º 2425, en el centro comercial San Carlitos de San Salvador, fue retomado por los periódicos nacionales, y reseñado como un procedimiento donde se incautó dos fusiles sin matrícula. Una semana después, el fiscal Delgado fue el encargado de explicar que las armas ilegales que fueron ofrecidas al agente Nicolás habían sido encontradas en la oficina de la dueña del local, la señora Pocasangre.
Después de eso hubo silencio.
La Fiscalía decidió mantener la investigación con bajo perfil, pero siguió con las diligencias en los juzgados. La atención se centró entonces en el hermano de la señora Pocasangre, el mayor Miguel Ángel Pocasangre Escobar, según consta en el proceso que la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado siguió en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador, fechado el 27 de febrero de 2013.
La investigación se abrió por tres delitos: tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de guerra; comercio ilegal y depósito de armas; y agrupaciones ilícitas. La FGR recabó testimonios que señalaban que las armas ilegales que vendía la San Carlitos provenían de la misma fuente de las que se podrían comprar –ilegalmente también– en la armería Rivera Hoover.
Rivera Hoover y Asociados S. A de C. V. fue constituida el 4 de marzo de 1993, con un capital de $11,428.57. Su administrador único es el mayor Pocasangre, según los datos públicos del Centro Nacional de Registro. El mayor de Artillería también es dueño de otra armería, una que abrió en febrero de 2004, un par de años después de darse de baja en la Fuerza Armada.
El caso se centra en Rivera Hoover, concretamente en la oficina donde operaba entre 2003 y 2006 ubicada en la colonia Las Mercedes de San Salvador. En esa casa, de acuerdo con el expediente de la Fiscalía, se reunieron en numerosas ocasiones el mayor Pocasangre junto con el teniente coronel Carlos Guillermo Zavaleta Morán, entonces jefe de la Oficina del Registro y Control de Armas y Fuego del ministerio de la Defensa. Un testigo le explicó a la Fiscalía la naturaleza de esos encuentros vespertinos, generalmente entre las 6 y 7 de la tarde: “Pocasangre le hablaba a Zavaleta, a quien le decía que necesitaba armas de fuego, fusiles, para negociarlos legalmente, pero de procedencia ilegalmente”.
Es decir, armas en poder del Registro, armas decomisadas, armas que serían destruidas, que terminaron en una armería para ser vendidas como si estuvieran en regla.
“Lo que Pocasangre le pagaba a Zavaleta era un aproximado de $500 por arma de fuego y ocasionalmente se tramitaban también licencias para portar armas de fuego, cuyo valor oscilaba entre $100 a $150”, agregó el testigo.
Lo que la Fiscalía ha documentado es una práctica para lavar licencias para portar armas y matrículas para las armas. Funcionaba de la siguiente manera: Zavaleta entregaba carnés en blanco y con un sello del Ministerio de la Defensa, que eran llenados por Pocasangre o sus empleados –a máquina de escribir– con datos de cualquier persona que apareciera en el registro de Defensa. De cualquiera. La intención era que apareciera como el primer dueño del arma de fuego en cuestión, que en realidad era ilegal. Ese nuevo carné se llevaba al Registro, con el aval de Zavaleta, y entonces se realizaba el traspaso al nuevo dueño, que pagaba entre $3,000 a $5,000 por una matrícula ya lavada. Armas que se convertían en legales.
La información que tiene la Fiscalía es que estos trámites ocurrían al menos una vez a la semana durante el período investigado. La cantidad total de matrículas que pudieron ser lavadas no ha sido precisada por la Fiscalía.
Entre febrero y marzo de 2011 hubo otro negocio que ha quedado registrado en la investigación fiscal. Un hombre identificado como Ovidio Cerón Moreno compró 25 fusiles M16 A2, 5,000 cartuchos y nueve cargadores para cada uno, y quince silenciadores por un total de $125,000. Las armas, según lo que la Fiscalía se enteró, también eran ilegales y obtenidas con el mismo método.
Cerón Moreno fue agente de la Policía Nacional Civil. En 1999 fue detenido la primera vez por estar vinculado a la estructura de robafurgones de Margarita Parada Grimaldi. En septiembre de 2005, meses después de la compra de los 25 M16, fue detenido por tráfico ilícito de personas.
El coronel Salvador González Quezada era el director de Logística de la Fuerza Armada en 2010. Dos años después, fue detenido porque la Fiscalía lo acusó de usar su cargo para inscribir de forma fraudulenta armas de fuego, que luego vendió con la ayuda del teniente José Arístides Figueroa.
Los clientes del coronel González Quezada pagaron $4,500 por un fusil AR-15 o $6,000 por un fusil Colt.
El 28 de noviembre de 2014, el teniente Figueroa fue condenado a siete años de cárcel por comercio ilegal y depósito de armas. El coronel González Quezada no fue enjuiciado: la Fiscalía le concedió el beneficio de ser testigo criteriado. Su testimonio fue clave para condenar a su subalterno en el negocio de armas que él mismo inició.
En una entrevista con este periódico, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, se refirió a ambos casos. Está enterado de la investigación fiscal contra Zavaleta, aunque no aclaró si al teniente coronel se le indaga internamente. “Esa es una información que no puedo revelarla en este momento, porque tengo la impresión que hay una investigación en curso por otras instancias legales. Por eso no puedo hacer referencia a eso”, sostuvo el general el 23 de abril.
“En el Registro ha habido algunas irregularidades que nosotros mismos las hemos investigado y los casos los está llevando la Fiscalía en este momento”, respondió cuando se le preguntó sobre los casos de los dos oficiales (Zavaleta y González), ligados al Registro de Armas, e investigados por varios casos de venta de armas ilegales.
La investigación fiscal que involucra a Pocasangre y Zavaleta inició en 2011 y hay constancia de diligencias en 2013. En los dos años que han seguido, la Fiscalía no ha informado de los avances. En agosto de 2014, el fiscal general Luis Martínez sostuvo que la investigación continuaba. “Sí se han hecho diligencias, sigue en investigación. El caso está activo”, aseguró.
El fiscal valoró entonces los múltiples casos de tráfico desde la Fuerza Armada. Dijo: “Todo apunta que son varios hechos recurrentes, de diferentes naturaleza y eso es una señal de alerta para la sociedad y para el Ejecutivo también”.
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