El debate, que se realiza en el Tribunal B de Mayor Riesgo, inició con las constantes interrupciones del abogado Moisés Galindo, defensor de Esteelmer Reyes, quien solicitaba la suspensión de la audiencia, alegando falta de imparcialidad y competencia de las juezas Yassmín Barrios y Patricia Bustamante, presidenta y vocal del tribunal, para que continúen conociendo el caso. “Ellas manifestaron enemistad conmigo, es claro que emitirán juicios parcializados. Mi cliente tiene derecho a un juicio imparcial”, insistía Galindo. Pero sus peticiones fueron denegadas por el tribunal.
Galindo, abogado y exmilitar, es miembro de la Fundación contra el Terrorismo y ha defendido a exmilitares como Byron Lima, el expresidente Otto Pérez Molina y al general Efraín Ríos Montt. El tribunal que preside Yassmin Barrios, es el mismo que condenó a 80 años de prisión por el delito de genocidio a Ríos Montt, sentencia que fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad. En 2014, Galindo denunció a Barrios en El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) por una supuesta falta de respeto durante el inicio del juicio por genocidio, lo cual le bloqueó a la jueza la posibilidad de aspirar a una magistratura en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Según la Fiscalía, el juicio podría prolongarse durante al menos un mes. Durante ese tiempo el tribunal conocerá los medios de prueba que los querellantes presentarán para demostrar la culpabilidad de los militares, en los que se incluye la declaración de 14 testigos presenciales. Las víctimas, aunque permanecerán durante todo el proceso en la sala del tribunal con los rostros cubiertos, solo observarán el proceso. Ya en octubre de 2012 declararon ante la justicia, y sus testimonios fueron aceptados como prueba anticipada. La defensa, por su parte, informó que presentará a 48 testigos de descargo, la mayoría pobladores de las comunidades vecinas a Sepur Zarco: 18 declararán a favor de Reyes, y 30 a favor de Valdez.
Durante la audiencia del lunes, el teniente Reyes se abstuvo de declarar; incluso se negó a decir su nombre completo al ser requerido por los jueces. “No voy a aceptar que me juzguen. Ustedes dos (las juezas) no tienen ninguna solvencia para exigirme a mí, porque se declararon enemigas de mi abogado. Pónganse en mi lugar. Yo no puedo aceptar algo así, cuando sé que llevo las de perder”, dijo. Más tarde, en declaraciones a los reporteros, Reyes dijo que tiene documentos de respaldo que prueban que estaba de vacaciones en el extranjero cuando sucedieron las agresiones sexuales contra las mujeres por las que se le procesa. También alega que las mujeres q’eqchí que testificaron, no lo identifican con su nombre completo. “Habían muchos tenientes Reyes en el área. Además nosotros usábamos seudónimos, el mío era Águila. ¿Por qué usaría mi nombre real? Ellas se refieren a otro teniente Reyes, no a mí”, se defendió.
Heriberto Valdez, en cambio, sí aceptó declarar ante el Tribunal B de Mayor Riesgo. “Yo trabajé como policía de la municipalidad de Panzós, nunca fui comisionado militar”, afirmó. Sin embargo, Hilda Pineda, fiscal del Ministerio Público a cargo del caso, asegura que en las próximas audiencias presentarán el carné de identificación como comisionado militar de Valdez, proporcionado por el Ministerio de la Defensa.
El destacamento de Sepur Zarco estuvo ubicado entre Alta Verapaz e Izabal, fue un lugar para la recreación militar que funcionó de 1982 a 1988. Varios campesinos indígenas fueron obligados a construir sus cimientos, un sitio cercado por cinco garitas de seguridad, protegido, construido en su totalidad con madera, piedras y algo de cemento. Según las víctimas, allí más de 20 mujeres q’eqchíes, solas, con sus esposos desaparecidos desde el 25 de agosto de 1982, padecieron abusos sexuales durante seis meses. Medio año en el que cocinaron, lavaron los uniformes militares, tuvieron hemorragias, abortos, y eran obligadas a tomar medicamentos para evitar embarazos. Según testimonios de las mujeres, soportaron cinco años y medio más en el destacamento y huyeron a la montaña. Algunas se quedaron en la comunidad de Sepur Zarco.
En la audiencia de este lunes, declararon tres testigos de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. El primero, Pedro Cuc, pidió ayuda para encontrar a su hijo Miguel, que desde 1982 se lo llevaron los soldados y ya no lo volvió a ver. Recordó cuando empezaron las capturas y cómo el Ejército sacó a los campesinos de sus comunidades, les obligaron a construir el destacamento de Sepur Zarco y a las mujeres a que cocinaran y lavaran sus uniformes, según su declaración.
Juan Maquil Caal, el segundo testigo de la Fiscalía, rompió a llorar cuando narraba su historia. Fue apresado por los soldados y retenido en una base militar de Cobán. Lo acusaban de ser guerrillero. Él logró huir, refugiarse en la montaña durante seis años. Su familia no tuvo la misma suerte. A su hermana la quemaron los soldados y a su madre la torturaron para que delatara su paradero. “Mi padre formaba parte de las 33 personas que estaban pidiendo la legalización de sus tierras. En una exhumación reconocí la camisa y pantalón de mi padre, en ese momento supe que no lo volvería a ver”, decía entre lágrimas Maquil.
El tercer testigo de la Fiscalía, Rogelio Hüits Chon, señaló con el dedo a los dos acusados. “Él es el Canche Asij y él es el teniente Reyes”, dijo señalando a Heriberto Valdez y a Esteelmer Reyes. Durante su declaración, describió cómo fue apresado por el Ejército y retenido junto a siete personas en el destacamento de Sepur Zarco. Se levantó la camisa y mientras se tocaba el estómago, gritaba que dos soldados lo golpearon, le quebraron huesos de las costillas y lo tiraron a una fosa.
En las próximas audiencias, seguirán declarando los testigos de la Fiscalía, de los querellantes adhesivos, y de los acusados. Después se presentarán los dictamines de identificación genética; peritajes de género, militares, lingüísticos; y, por último, las pruebas documentales. Paula Barrios, miembro de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización querellante adhesiva, espera que el juicio siga su curso y no se utilicen más amparos con el fin de retrasar el debate. “El amparo no debe ser una figura para pervertir el proceso. La actitud de la defensa es insistir en un punto que ya ha quedado claro, y estás acciones sólo pretenden retrasar el juicio”.
Galindo, por su parte, dijo que seguirá apelando a la suspensión del proceso. “Este es un fraude de juicio, no podemos seguir un debate que no lleva a ningún lado. Las juezas no pueden conocer el caso, vamos a insistir en conformar un nuevo Tribunal”. Mientras se resuelven las solicitudes de la Defensa, el juicio continuará su curso.
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La entrega de esta investigación fué escrita por Angélica Medinilla para Plaza Pública y es republicado en CONNECTAS gracias a un acuerdo para difusión de contenidos con Plaza Pública de Guatemala
