¿La justicia internacional sobre la nacional?

Informe de expertos tumba versión oficial sobre estudiantes de Ayotzinapa.

El establecimiento de comisiones internacionales de expertos independientes en América Latina no sólo demuestra la desconfianza en las investigaciones oficiales, sino que ha evitado que muchas de ellas se cierren sin llegar a la verdad.

Acaba de suceder en México, tras la publicación de un informe de 550 páginas emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que muestra que varias áreas de investigación siguen sin ser exploradas y desmiente los tres pilares fundamentales de la versión del Gobierno sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en septiembre del 2014: la supuesta incineración de los cuerpos en un basurero, de la que no encontraron evidencia científica; los motivos del crimen, que apuntan al negocio de heroína como causa de la violencia desatada contra los normalistas y no a que hayan sido confundidos con un grupo de criminales, como aseguró la Procuraduría; y el papel de los policías militares y federales en el caso, que de acuerdo con el GIEI sabían que los estudiantes estaban siendo perseguidos y atacados por la policía municipal, pero no hicieron nada para ayudarlos.

En enero pasado, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tomó la palabra de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) y llegó a calificar de “verdad histórica” la afirmación de que los estudiantes habían sido asesinados por la banda criminal Guerreros Unidos y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, estado de Guerrero.

A las críticas que desató el informe, se suman las surgidas tras la respuesta del Gobierno, que no reconoce aún los graves errores en la investigación inicial, y las surgidas tras la respuesta de altos mandos militares, que se mostraron indignados porque los expertos independientes del GIEI han pedido entrevistar a soldados del Ejército para ampliar las investigaciones. Según ellos, de permitir esos interrogatorios se “violarían los principios del debido proceso y, por ende, los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y la vulnerabilidad jurídica”.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), por ejemplo, se mostró “profundamente preocupada” por la gravedad de los errores detectados en la investigación del Gobierno y decidió apoyar el llamado de la GIEI para que se abran nuevas líneas de investigación que permitan llegar a la verdad y a la justicia, que tanto necesitan las familias de las víctimas.

Amnistía Internacional (AI) fue un poco más allá y aseguró que el informe de la comisión de expertos independientes conformada por la CIDH “dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del Gobierno para encontrar y castigar a los responsables”.

Y Human Rights Watch, en una línea muy parecida, afirmó que en el caso Ayotzinapa las autoridades nacionales “demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria” y dijo que sin la comisión internacional, “las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH comenzó sus labores en marzo pasado y finalizó a comienzos de septiembre, pero los investigadores solicitaron seis meses más para continuar con sus pesquisas, lo que todavía no ha sido aceptado o rechazado por el Gobierno mexicano.

Lo que ya se confirmó es que la Procuraduría realizará un nuevo peritaje sobre la ahora cuestionada incineración de los estudiantes y que Peña Nieto se reunirá el próximo 24 de septiembre con los padres de las víctimas. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aceptó el ofrecimiento del GIEI de fungir como intermediario en el caso y dijo que ya está listo un plan de reparación a los familiares.

Según los expertos del GIEI, si no se acatan las 20 recomendaciones que emitieron sobre el caso de Ayotzinapa “se perderá la oportunidad de determinar la verdad y hacer justicia”. El problema es que sus conclusiones no sin vinculantes y ahora está en manos del Estado mexicano decidir si las acata o no.

En América Latina hay pocos antecedentes de misiones de la CIDH que hayan prestado asistencia de este tipo (la investigación por el ataque a la Asociación Mutual Israelita de Argentina -AMIA-, en Buenos Aires en 1994, y la que se hizo por el asesinato de la activista de derechos humanos Digna Ochoa Plácido, ocurrido en la capital mexicana en 2001, son los dos ejemplos más recordados), pero hay otras organizaciones internacionales que, con sus comisiones independientes, también han permitido destapar lo que las justicias nacionales mantenían tapado. El caso Guatemala -con estruendosos coletazos para ese país centroamericano y que ahora otras naciones parecen querer replicar- es el más reciente. En 2007, Naciones Unidas creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un grupo de expertos internacionales, liderado por el exmagistrado colombiano Iván Velásquez.

Tras varios meses de trabajo, la Cicig determinó que un grupo de empleados de las aduanas permitía el ingreso de contrabando al país, a cambio de multimillonarios sobornos, y que entre los funcionarios cómplices de esta red de corrupción estaban nada más y nada menos que el entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

La renuncia de ambos llegó tras numerosas protestas que inundaron las calles de Guatemala por la indignación de los ciudadanos, que de no haber sido por las investigaciones internacionales lideradas por la Cicig, jamás hubieran conocido en qué andaban su presidente y su vicepresidenta.

¿Por qué para saber la verdad sobre casos tan graves como estos y para que los responsables paguen por sus crímenes es necesario que se conformen comisiones internacionales de expertos?

¿Qué pasa con las justicias nacionales?

¿Será que no quieren acercarse tanto al fuego? ¿Será que temen resultar quemados?