El municipio con mayor tasa de violaciones en El Salvador

La tasa de violaciones sexuales en ese municipio implica el doble del promedio nacional, que es 30.5 por cada 100,000 habitantes. En detalle, en nueve años hubo 230 violaciones sexuales en La Libertad. La mayor parte de casos, cometida contra adolescentes de 13 y 14 años, con un total de 74 casos en ambas edades.

El agresor predominante en el departamento de La Libertad es el “desconocido”, en el 25.79 % de los casos. “Ordinariamente se entiende en el municipio que el hecho que una adolescente esté con una persona adulta, que le brinda techo y comida, aparentemente para la colectividad lo ve común y normal”, plantea Rodolfo Menéndez, juez de Paz de La Libertad, y añade “lógica y jurídicamente hablando, eso no hace desaparecer el delito. Al contrario, lo que hace es la permanencia del delito, lo vuelve continuado”.

Pese a la elevada tasa de violaciones, Menéndez revela las cifras de acusaciones presentadas en el Juzgado de Paz bajo su jurisdicción: siete casos de violación en 2014. Ese mismo año, el IML realizó 39 peritajes por violación. Un año antes, el instituto conoció de 32 casos de abuso sexual.

El juez Menéndez hace hincapié en algo: la naturalización de las relaciones entre hombres adultos con niñas o adolescentes. Y, repite, es delito. “Aunque la persona crea estar enamorada no tiene la posibilidad concreta, legalmente hablando, de decir: ‘Yo me voy a ir con esta persona, porque lo amo y quiero que sea mi esposo’, o algo así”, dice.

Este periódico analizó los datos de peritajes registrados por el IML entre los años 2006 y 2014, con la colaboración de un analista de datos de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos); y LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA. El examen de los datos arroja que de 21 municipios con las tasas más altas de violaciones de todo El Salvador, 10 están ubicados en la zona oriental.

Este artículo fue realizado por La Prensa Gráfica y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Americas del International Center for Journalists, en alianza con CONNECTAS.

Incidencia en oriente

Una nota publicada por este periódico en junio de 2014 daba cuenta de que en el municipio de Conchagua (La Unión) la incidencia de violencia sexual es alta.

Un jefe policial manifestó entonces que “el 70 % de los casos que ocurren en esta zona no se denuncian por miedo”. Conchagua es, también, uno de los municipios con mayor número de embarazos adolescentes. Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) estimaron, en un cálculo conservador, que el 10 % de los casos correspondían a niñas violadas por familiares. Conchagua tuvo una tasa promedio de 36.1 violaciones por cada 100,000 habitantes entre 2006 y 2014.

Sin embargo, la tasa más alta de la zona oriente se da en el municipio de La Unión (La Unión), con una tasa promedio de 61 violaciones por cada 100,000 habitantes.

El proyecto Auton Lab, de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, ayuda a entender, en parte, la gravedad del fenómeno. A través de la herramienta de análisis estadístico T-Cube, se vislumbra que en 2008 en la zona oriental de El Salvador el problema de las violaciones alcanzó su pico más alto en décadas. Las conclusiones del análisis de datos arrojan que lo que pasó en el oriente del país durante abril y mayo de 2008 tiene probabilidad de ocurrir de uno entre 2,000 millones de casos.

Así, los municipios como Conchagua, San Miguel (San Miguel), San Francisco Gotera (Morazán), La Unión y Soyapango (San Salvador) duplicaron o triplicaron sus casos de violación sexual entre abril y mayo de 2008. Tres años después, en 2011, sucedió algo similar en la zona central del país, específicamente en municipios como Ayutuxtepeque.

Un documento de Naciones Unidas califica como grave las tasas de violaciones en países del Caribe, que tienen 15 violaciones por 100,000 habitantes. La tasa promedio de El Salvador es del doble (30.5) y es más alta aún en varios municipios del país. “En todos los países caribeños con información comparable disponible se verifica una tasa mayor que el promedio en los 102 países que respondieron a la encuesta del Sistema de Justicia Criminal, que es de 15 violaciones sexuales por cada 100,000 habitantes”, refiere el informe “Estrategia regional de UNFPA para América Latina y el Caribe para la prevención y el abordaje de la violencia sexual contra las mujeres 2011-2013”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Uno de los países que históricamente se ha considerado como el de mayor índice de violaciones sexuales, Estados Unidos, tuvo una tasa de 36.6 violaciones por cada 100,000 habitantes en 2014, según datos del sitio oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Entre 2006 y 2010, el municipio de San Salvador tuvo cifras constantes de violaciones entre los 128 y 160 casos. En 2011, el IML hizo peritajes a 244 víctimas de violación provenientes de ese municipio.

Silvia Juárez, coordinadora del programa “Por una vida sin violencia” de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA), asegura que el repunte de casos de violación en 2011 tuvo una explicación: la discusión legislativa y entrada en vigencia de leyes para proteger a niños y mujeres, como la ley LEPINA y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

“Las denuncias se dispararon, lo interpretamos como voto de confianza al sistema”, afirma Juárez, pero matiza que el Estado no aprovechó ese voto de confianza para reformar el sistema, al que califica como ineficiente para atender este tipo de casos.

Una mujer que acudió con su hija, el pasado 4 de diciembre, al Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador relata en pocas palabras lo que la niña de 11 años ha experimentado en el sistema judicial, luego de ser víctima de agresión sexual por parte de un hombre adulto. “Primero dio su testimonio con la detective de la Policía. Después, a la fiscal del caso. Luego con Medicina Legal. Ahora venimos aquí a que dé el testimonio a cámara Gessel”, dijo la madre.

Juárez critica que “debería ser un sola entrevista”. Y agrega: “Hay muchos casos que se caen por eso, porque el momento de la revelación es único”. La especialista dice que han corroborado, durante los acompañamientos a víctimas en procesos judiciales, que el testimonio brindado durante un juicio “nunca es el mismo” que el primero que dio frente a la policía.

Juárez relata que siempre ha hecho una dinámica durante talleres a empleados del sistema judicial: pone una silla al centro e invita a quien quiera contar su primera experiencia sexual con detalles.

“Todos se ríen, pero nadie se sienta en la silla a contarlo. Yo les digo: ‘Pero ustedes le piden a un niño de ocho años que cuente, no una historia de placer, no entre conocidos, sino entre extraños, una historia de total trauma, frente a su agresor, y si se equivoca en la hora todavía lo tildamos de mentiroso’”, comenta.

La poca respuesta del Estado a la violencia sexual, según Juárez, se dimensiona con las violaciones de miembros de pandilla a jovencitas en las comunidades. Algunas de las cuales son ejecutadas por varios agresores sexuales a la vez.

Entre 2006 y 2014, el IML efectuó peritajes en 1,726 víctimas de violaciones sexuales colectivas. Esto implica poco más del 10 % de los casos de ese período. O de otra forma: de cada 10 violaciones en el país, una será ejecutada por varios agresores contra una víctima. Y, generalmente, la víctima será una adolescente entre los 13 y los 15 años. La mayoría de esos casos fueron perpetrados por “desconocidos”; y casi la tercera parte de ellos (606) casos se concentraron en el departamento de San Salvador; y fueron ejecutados, incluso, en microbuses del transporte colectivo.