Las 338 corporaciones municipales que tomaron posesión el 15 de enero, cuentan con al menos 78 contratistas entre sus alcaldes. Esto supone casi una cuarta parte de los jefes ediles, quienes tienen a sus espaldas el peso de contratos firmados con diferentes dependencias del Estado.
Algunos alcaldes dejaron de ser beneficiados con proyectos antes de 2015. Otros, todavía firmaron contratos en las últimas semanas. Para lograr esta información, se recopilaron las hojas de representantes de empresas individuales y Sociedades Anónimas inscritas en el Registro Mercantil a nombre de los 338 alcaldes electos y se cruzaron estos datos con las bases del portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.gt.
Este artículo fue realizado por elPeriódico y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
La práctica de regidores que firmaron contratos con diferentes dependencias, que se repite en todos los departamentos del país, está prohibida por el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala el impedimento de ser contratista y funcionario público al mismo tiempo.
Empresas que guiaron el camino a la alcaldía
En el análisis realizado se documentó que algunas personas pasaron de ser proveedores de una municipalidad, a liderar el gobierno local de la misma.
El caso más evidente es el de Esduin Jerson Javier Javier, nombrado alcalde de Ipala, Chiquimula, municipio situado en el oriente del país. Javier tiene inscritas dos empresas en el Registro Mercantil: Constructora y Maquinaria España, Sociedad Anónima y Constructora 3K.
La primera tiene únicamente tres contratos entre 2010 y 2013, con tres comunas. La segunda, firmó 190 contratos entre 2008 y 2014, la mayoría con la municipalidad de Ipala, que ahora gestiona Javier. Los mismos van desde la compra de piedra, arcilla y arena, a otros proyectos más ambiciosos, como la construcción de alcantarillado sanitario, por US$1.4 millones; la creación de un drenaje pluvial por US$1.3 millones; o el mejoramiento de un camino rural por US$960 mil. De los US$9.6 millones que Constructora 3K recibió en estos años, US$2.7 millones salieron de la comuna de Ipala.
Situada más al norte está Chahal, Alta Verapaz, municipalidad a cargo de Carlos Francisco Córdova Garza. Córdova fue electo con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y de febrero de 2010 a diciembre de 2015 fue el proveedor de combustible para el funcionamiento de bombas de agua de su municipalidad, a través de la Estación de Servicios Exon Chahal. El monto que recibió en todos estos años proveniente de los fondos del municipio, asciende a US$908 mil.
Otro caso, es el de Luis Alfredo Ortega Tobar, postulado por el partido TODOS en Gualán, Zacapa. Ortega es propietario del Restaurante La Bandeja, proveedor de alimentos de la municipalidad que ahora dirige. En Guatecompras.gt se registran pagos de almuerzos, gaseosas y mesas para actividades como cierres de ciclos escolares, desfiles hípicos, convivios navideños y bailes sociales. Entre marzo de 2010 y el mismo mes de 2014, el municipio abonó US$45 mil al alcalde electo.
Con montos menores, se documentaron casos como el de Juan Ujpán Culán, electo alcalde de San Miguel Panán por Lider, quien firmó cuatro contratos con su municipalidad, por fletes y viajes, entre 2011 y 2012. El monto de los mismos es de US$8 mil 500.
Eugenio Hernández Velásquez, propietario de la Gasolinera Tacaná, del municipio con igual nombre en San Marcos, vendió combustible a su ahora alcaldía en 2011, por US$8 mil 343.
Se trató de establecer comunicación con los alcaldes electos mencionados y con los que se resaltan en los siguientes párrafos, pero ninguno contestó las llamadas realizadas.
Contratistas recientes, al margen de la ley
De los 78 contratistas identificados en la revisión de contratos, hay 22 que tuvieron una relación económica con el Estado en 2015, durante el año electoral.
Por ejemplo, Luis Alfredo Ramírez Lorenzo, jefe edil de Cabañas, Zacapa, y electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es administrador único de Ingeniería Universal, S.A. La sociedad, especializada en el mantenimiento y la reparación de elevadores, recibió 72 contratos entre 2010 y 2015, la mayoría con el Ministerio de Salud y con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por US$74 mil. Según Guatecompras.gt, el 16 de diciembre de 2015, se firmó el último de estos, por la reparación de unos elevadores en el Hospital Roosevelt.
Bernabé Ajín Vicente, postulado por Lider en Yepocapa, Chimaltenango, es administrador único de Yepocom, S.A. La sociedad suma 30 contratos con el Ministerio de Educación por alimentación, por un monto total de US$78 mil 635. El último se firmó en noviembre de 2015.
Edwin Mauricio Méndez Puac, electo en San Pedro La Laguna, Sololá, por Lider, es propietario de la Constructora MW, empresa con cuatro proyectos publicados en Guatecompras.gt por supervisión técnica de obras. El último, se realizó en diciembre de 2015.
Otro ejemplo es el de Edgar Mauricio Ovalle Siguán, futuro alcalde de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez, también por Lider. Ovalle es propietario de la empresa Transportes Eben-Ezer, que cuenta con siete contratos con la municipalidad de San Miguel Panan por viajes. Estos fueron firmados entre marzo de 2013 y diciembre de 2015.
En Zaragoza, Chimaltenango, Javier Francisco Santizo López fue electo por el partido UNE. Santizo es presidente del Consejo de Administración de la Constructora El Prado, empresa que tiene registrados 85 proyectos en Guatecompras.gt por US$5.5 millones.
Los contratos de la empresa fueron firmados con varias municipalidades del área en la que se encuentra la comuna a cargo de Santizo, con la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) y con asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos se realizaron entre mayo de 2007 y febrero de 2015.
La construcción, el gran negocio
El principal negocio de los alcaldes electos, es la construcción. Hasta 17 tienen negocios con instituciones de forma directa a través de empresas constructoras. Además, son los que mayores montos obtienen gracias a proyectos de construcción, arrendamiento de maquinaria y venta de materiales.
La empresa, C&H Construcciones, en manos de Eleazar Humberto Edelman Cel, alcalde de Zunilito, Suchitepéquez, por el Partido Patriota (PP), suma hoy 126 contratos por un monto de US$7.5 millones, firmados entre octubre de 2004 y abril de 2015. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, municipalidades de la zona y consejos de desarrollo son las dependencias con las que realizó las contrataciones de construcción de salones, puentes vehiculares y sistemas de alcantarillado, entre otros proyectos.
Mario Roberto Dionisio Dionisio, jefe edil de Santa María Visitación, Sololá, con el partido TODOS, fue beneficiado con obras por US$1.2 millones con varias municipalidades, por estudios técnicos, mejoramiento de carreteras y caminos y diferentes construcciones. Sus contratos van desde abril de 2009 hasta marzo de 2015.
En Santa Catarina Mita, Jutiapa, se encuentra William Geovanny Duarte Guerra, alcalde electo por el partido Lider, que tiene a su cargo la Constructora y Venta de Materiales de Construcción Vado Hondo. La empresa logró atribuirse US$2.5 millones en contratos con diferentes comunas, la mayoría con la de El Progreso, todos por arrendamiento de maquinaria y por venta de materiales de construcción, entre septiembre de 2009 y diciembre de 2014.
En el departamento de San Marcos hay dos casos de constructoras que recibieron montos elevados por diferentes contratos. El primero es el de Juan Carlos Ochoa Arresis, propietario de la Constructora Codipla y alcalde de Esquipulas Palo Gordo. La empresa a su nombre fue beneficiada con 141 contratos, con los que recibió US$8 millones en 7 años: de 2005 a 2011.
El otro caso es el del jefe edil de San Miguel Ixtahuacán, Ramiro Bruno Soto Mejía, postulado por el partido Compromiso Renovación y Orden (Creo)-Unionista. Soto es dueño de la Constructora y Servicios R.S., que de marzo de 2009 a octubre de 2015 logró recibir US$5.2 millones con diferentes obras.
El alcalde de la cabecera departamental de Huehuetenango es otro de los contratistas que más fondos recibió del Estado. Se trata de Gerónimo Martínez Gómez, de Lider, quien tiene a su nombre la Constructora Martínez. La empresa se benefició en los últimos 11 años con contratos por un monto total de US$13 millones. El último de ellos fue firmado en octubre de 2015, por la compra de galones de pintura.
Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, es otro de los propietarios de constructoras que realizó proyectos para el Estado. Aunque el último de estos está fechado en abril de 2011, cabe destacar que los únicamente 47 contratos ganados con Moticsa, S.A., sociedad de la que es gerente general, suman US$41.4 millones.
Dado que los alcaldes afectados no contestaron las llamadas realizadas por este medio, se contactó con los responsables de los partidos políticos que más contratistas registraron.
Paula Rodríguez, representante del PP, organización con 16 alcaldes contratistas, indicó que la agrupación política no tuvo ningún contacto con los candidatos a regidores una vez estos fueron inscritos. “Nosotros confiamos en que ellos habían presentado ya su finiquito y con eso no ya tuvimos ninguna relación con ellos”, argumentó.
Carlos Barreda, diputado de la UNE, con 14 contratistas, aseguró que el partido advirtió a sus candidatos y secretarios departamentales de los requisitos y las prohibiciones establecidas en la ley. “Si algún alcalde electo tuvo contratos después de ser inscrito, va a tener problemas, porque la ley es clara”, expresó.
Roberto Alejos, fundador del partido TODOS, explicó que la agrupación propuso a candidatos que dejaron de ser proveedores del Estado antes de su registro, para evitar la prohibición legal. Según Alejos, aunque las organizaciones políticas deben suponer un primer filtro, la responsabilidad de inscribir a los aspirantes es del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Carlos Milián, representante de Lider, el partido con más contratistas -31-, fue el único que no respondió. Tampoco lo hizo Roberto Villate, secretario general de la agrupación.
La prohibición
Los alcaldes electos que cuentan con contratos con diferentes instituciones, se enfrentan a una prohibición legal, que les impide continuar en sus cargos si son proveedores del Estado.
El artículo 80 de la Ley de Contrataciones señala que no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores o trabajadores públicos del mismo o de entidades como las municipalidades.
El politólogo Renzo Rosal indicó que el hecho de existan 78 alcaldes contratistas, “confirma el nivel de deterioro que representa la gestión pública a nivel municipal”.
“Es un fenómeno de orden nacional y arrastra a la mayoría de partidos. Es grave que siendo candidatos sigan siendo contratistas, igual que los que eran candidatos y posteriormente se convirtieron en alcaldes de esos lugares. Los alcaldes se están convirtiendo en núcleos centrales para la reproducción de negocios y redes de corrupción”, cuestionó Rosal.
Hugo Novales, analista político de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), aseguró que existe un conflicto de interés, que se da sobre todo cuando los contratos se firmaron con la misma municipalidad.
“El caso de la construcción se ha prestado mucho a lavado de dinero, por estos factores es que pueden haber posibles focos de corrupción. Estos alcaldes compitieron de manera desleal o injusta”, afirmó. Novales recordó que la Contraloría General de Cuentas (CGC) “debería ver que hay un uso abusivo de los fondos”.
“La enorme cantidad de recursos trasladados a nivel territorial, en lugar de contribuir a mejorar la situación se está yendo por los orificios de la corrupción. El trabajo de la Contraloría sigue siendo absolutamente deficiente”, añadió Rosal.
Consultado al respecto, Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas, confesó que la institución a su cargo no reportó ningún hallazgo de jefes ediles electos ni de candidatos en esta situación. Según Mencos, en el sistema utilizado por la CGC para verificar los casos de contratistas, únicamente se pueden comprobar casos de empresas individuales.
En todo caso, el Contralor añadió que el impedimento para asumir como alcalde, “sólo existe si son contratistas en el momento de la inscripción como candidatos”.
A pesar de este argumento, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la curul a tres diputados el 24 de noviembre pasado, y los tres habían dejado de tener contratos con el Estado meses atrás, según Guatecompras.gt.
El máximo órgano en materia electoral no evaluó los casos de alcaldes proveedores del Estado. El argumento esgrimido por los magistrados a finales de 2015, fue que la adjudicación de corporaciones municipales correspondía a las Juntas Electorales Departamentales (JED), y entrar a analizar la situación de los cargos electos implicaría una injerencia en su toma de decisiones. Las JED, órganos temporales ya disueltos, tampoco entraron a conocer estas situaciones.
El magistrado Julio Solórzano explicó en conferencia de prensa que una vez los alcaldes electos tomaran posesión el 15 de enero, los encargados de la fiscalización serían los propios miembros de las corporaciones municipales.
Sobre la mesa está ahora la posibilidad de que las instituciones fiscalizadoras del Estado analicen estas situaciones. Mientras, los contratistas ya se han sentado en los despachos municipales, y comienzan una gestión que finalizará en 2020.
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