En junio de 2010, Nicaragua se declaró oficialmente “País Libre de Minas”, lo que constituyó una hazaña como nación, ya que era el más minado de Centroamérica, como resultado del conflicto armado en los años 80.
Cinco años después, E&N explora, registra y comparte los diversos ángulos, los testimonios de sus protagonistas, los resultados positivos de esa hazaña nacional e internacional y, sobre todo, los desafíos de la Nicaragua Post Desminado, en este Especial de tres entregas.
Primera de tres entregas.
Rigoberto Ramírez, militar retirado y poblador de la comunidad de Gocen, se vio forzado a mandar a vivir a su hijo con su abuela paterna, a más de 140 kilómetros de distancia de la capital nicaragüense, para no profundizarle el trauma psicológico que le produjo la amputación del testículo derecho, tras estallar accidentalmente una munición anti-aérea que se encontraba sin detonar y oculta entre la maleza que el muchacho quemaba.
“El está bien actualmente”, dice Ramírez sobre su hijo, evadiendo entrar en detalles sobre el accidente ocurrido el 23 de enero de 2011, tres semanas después de que el muchacho cumpliera 21 años. La explosión ocurrió en el lugar menos esperado, frente a su humilde vivienda en la comunidad de Gocen, a 18 kilómetros de la capital nicaragüense.
El padre no estaba en casa, porque se encontraba trabajando, así que al joven herido lo evacuó su vecino, José Mercedes Pasos, también oficial retirado del Ejército de Nicaragua y lisiado de guerra, a bordo de una destartalada camioneta. Lo trasladó a un hospital capitalino y allí los médicos decidieron amputarle uno de sus testículos.
El ex militar Rigoberto Ramírez vive en Gocen. Su hijo sufrió un accidente con una de las municiones sin estallar. Foto: Estrategia y Negocios.
Ese accidente, paradójicamente, atrajo la atención nacional e internacional sobre el peligro inminente que corren alrededor de 80 familias nicaragüenses asentadas en la comunidad de nombre bíblico, donde impera la pobreza, las viviendas elaboradas con restos de plywood, zinc y plástico y, donde no hay agua potable.
Se abastecen de un pozo y racionan el agua por sector, corresponde a dos ó tres veces a la semana por sector, por lo que deben administrarla gota a gota para conseguir bañarse, cocinar, alimentar a los animales de crianza y regar los cultivos. La energía eléctrica entró un par de años atrás y todas las calles de acceso son de tierra.
La mayoría de las familias están encabezadas por oficiales retirados del Ejército de Nicaragua, muchos de ellos heridos y lesionados en combate en los años 80, que no tuvieron más alternativa que asentarse a la fuerza en esas tierras que pertenecían al Estado y que colindan con las instalaciones de la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”, fundada en 1994, y de donde egresan entre otros los especialistas en artillería terrestre y anti-aérea.
“… Las tierras habían pertenecido oficialmente al Ejército de Nicaragua, que las utilizaba como sitio de adiestramiento para su escuela de artillería. Como consecuencia, el área estaba contaminada por REG (Residuos Explosivos de Guerra), fundamentalmente MUSE (Munición sin estallar) y municiones explosivas abandonadas, lo cual se puso de manifiesto cuando los soldados jubilados comenzaron a cultivar la tierra”, señala el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, en su documento titulado “Capacidades nacionales y contaminación residual: Nicaragua”, refiriéndose a la amenaza latente en la comunidad de Gocen.
Municiones sin estallar en Gocen. Foto: Estrategia y Negocios.
En respuesta, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó a la comunidad cooperante el proyecto titulado “Despeje de contaminación por municiones y rehabilitación de tierras-Comarca Gocen”, en alianza con el Ejército de Nicaragua y la Fundación Humanitaria Golden West, en su Portafolio de Proyectos AICMA/PACAM 2011-2012, para impulsarse en el periodo comprendido entre enero-diciembre 2012.
Con el respaldo financiero de Noruega, el Programa de la OEA, en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua, impulsaron la fase 1 del citado proyecto entre febrero y junio de 2012, despejando 6 áreas peligrosas, en un área de 79.142 metros cuadrados. Según los registros oficiales, destruyeron 1.371 artefactos, de los cuales 1.319 eran de alto calibre.
Entre esos residuos de guerra de alto calibre, descubiertos y destruidos, estaban granadas de morteros, de lanzacohetes RPG-7 y proyectiles anti-aéreos, entre otros, que no habían detonados y representaban un peligro latente, ya que podían estallar por contacto, por un golpe o por la acción del fuego.
Durante la labor de barrido y basándose en el testimonio de los pobladores de la comunidad, se detectaron otras 5 áreas peligrosas, mayor a la despejada, ya que sumaba 129.852 metros cuadrados, sin embargo la OEA ya no obtuvo fondos de la comunidad cooperante y no se reanudaron las operaciones de barrido. Por tanto tres años después, la amenaza persiste sobre alrededor de 80 familias, entre ellas la del propio Rigoberto Ramírez, padre del muchacho lesionado.
Granada de RPG-7 sin estallar, junto a municiones de otro calibre. Foto: Estrategia y Negocios.
“En mi caso, solo limpiaron un pedacito, casi solo en la entrada, pero en el resto (de sus tierras) no hicieron nada porque dicen que se terminó el financiamiento. Arriba, inclusive, dejaron otras áreas señalizadas con cintas amarillas, donde iban a trabajar, pero todo quedó así. Tenemos que tener cuidado, porque esas municiones quién sabe a qué profundidad están”, asegura Ramírez.
En una ocasión, relata, estaba quemando la basura porque ahí no pasa ningún camión recolector de basura, le pegó fuego y se alejó rumbo a su casa. Dos horas después, escuchó una fuerte detonación: ¡Pangán!, ¡pangán!. Resultó tan fuerte que restos de piedra cayeron sobre el techo de zinc de la vivienda. Más tarde comprobó que con el fuego había estallado una ojiva anti-aérea que permanecía enterrada.
Ahora, lo que hacen todos ellos es recoger y colocar la basura lejos de las viviendas, pegarle fuego y resguardarse en las viviendas. “Esas granadas ya están viejas, oxidadas, pero el fuego las hace explotar. Por eso, cuando llega la época de sembrar, de limpiar y de prender fuego a las tierras, a cada rato se oyen los pencazos, las explosiones”, insiste Ramírez.
La pobreza es visible en la comunidad de Gocen. Foto: Estrategia y Negocios.
En su relato no hay sobresalto, cuenta sobre el riesgo que corren con toda naturalidad, quizás porque se incorporó al Ejército de apenas 15 años, en 1981, donde permaneció activo hasta 1990, cuando el Alto Mando lo incluyó en los planes de retiro forzado que se implementaron al finalizar la guerra en 1990, con el propósito de reducir el tamaño de las fuerzas armadas y de seguridad.
Ramírez asegura que a los oficiales como él, les prometieron retirarlos otorgándoles 6 meses de salario, 1 predio urbano con casa, capacitación técnica, un lote de terreno de 50 manzanas y financiamiento por US$1.000 para emprender una micro-empresa. De todos esos beneficios, dice que solo cumplieron con los 6 meses de salario. El resto quedaron en promesas rotas, que ninguno de los gobiernos siguientes cumplió, ni ha cumplido todavía.
“Esos acuerdos de paz sólo quedaron en papeles, yo pregunto ¿a quién acudir para que esos acuerdos sean revisados y se cumplan? Para mí, este gobierno sandinista que está en el poder tiene la mayor responsabilidad, porque es el gobierno al que yo serví en los años 80”, reflexiona Ramírez, de 49 años.
Él fue teniente primero y tiene una cicatriz que le cubre gran parte del estómago y del pecho. Dice que es producto de una herida, durante un combate registrado en el año 82, en la zona fronteriza del departamento de Chinandega, donde operaba su unidad militar, donde fungía como explorador.
“La bala me desguazó todos los intestinos, pero no me tocó los órganos vitales. Me atendieron en el hospital soviético que existía en la entrada de Chinandega, donde llevaban a víctimas de la guerra”, recuerda.
Como resultado de esa lesión, no pudo volver a participar como oficial de infantería, así que lo ubicaron hasta su retiro en labores de logística, apoyando a los estados mayores regionales a lo largo del territorio nacional. Con el correr del tiempo se han agravado las secuelas de esa herida de guerra y para sobrevivir, evita ingerir licor, chile, bebidas carbonatadas, lácteos, etcétera.
“En dos ocasiones he gestionado una pensión de víctima de guerra ante el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), pero me la han negado, porque dicen que tendría que faltarme una canilla (pierna), o un brazo, como a otros compañeros. Sólo me han dado pequeñas indemnizaciones, pero yo me merezco una pensión como veterano de guerra”, reclama Ramírez.
Este artículo fue realizado por Estrategia y Negocios, y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
Municiones sin estallar
Santos García, de 50 años y teniente retirado del Ejército de Nicaragua, también vive en la comunidad de Gocen con su esposa y su hija adolescente. Habita una pequeña casa y se dedica a criar cerdos y gallinas para venderlos y obtener ingresos para comer, vestirse y sobrevivir.
Ocultas en un tronco de árbol, resguarda unas municiones sin estallar, fuera del alcance de su hija Juana. Las trae en la mano y las muestra. Lucen oxidadas y son de pequeño tamaño, casi igual que la dimensión de los dedos de su mano.
“Sería bueno que terminen de desminar toda la zona, para que estemos tranquilos, hay granadas y obuses sin estallar, entonces es un peligro para nosotros porque adonde no está desminado, hay peligro. Si la OEA tiene la facultad de seguir limpiando, que terminen de hacerlo para así nosotros trabajar tranquilos”, afirma García.
El teniente retirado del Ejército de Nicaragua, Santos García, sostiene residuos explosivos de la guerra. Foto: Estrategia y Negocios.
La labor de despeje de las 6 áreas contaminadas en Gocen, península de Chiltepe, se llevó a cabo dos años después que concluyera oficialmente el Programa Nacional de Desminado Humanitario en Nicaragua, que se prolongó por 21 años (1989-2010), con el apoyo de la comunidad internacional, a un costo que superó los US$81 millones.
El resultado final de esa titánica misión fue el desminado de 74 de los 153 municipios del país, y la destrucción certificada de 179.970 minas antipersonales y antivehículo en todo el territorio nacional. Además de la voladura de 133.435 minas almacenadas por el Ejército de Nicaragua.
Este hombre de baja estatura, tez blanca, permaneció en las fuerzas armadas desde 1982 hasta 1990, combatiendo en diferentes batallones de lucha irregular y ocupando diferentes cargos. Hasta que los mandos superiores lo incorporaron al primer Plan de Retiro y su reintegración social resultó compleja.
“Yo estaba acostumbrado a la guerra, a dirigir tropas en el Ejército, y venir a la vida civil y sin ningún beneficio fue duro, porque a nosotros nos mandaron a la calle y no nos dieron nada, pese a que nos merecíamos algo porque somos veteranos de guerra, que nunca claudicamos”, valora García.
Sin más opción laboral, se incorporó a las filas de las empresas que brindan servicios de seguridad y permaneció en esa labor hasta 2008, cuando se metieron a la fuerza a las tierras que hoy ocupan.
“Estábamos sofocados porque la mayor parte de nosotros no tenía dónde vivir, y dijimos: Si somos desmovilizados, ¿por qué vamos a estar en la calle, por qué no tenemos un techo digno donde vivir con la familia? Si defendí la Revolución (sandinista), ¿por qué andar en la calle?”.
En Gocen tampoco ha resultado fácil, ya que además de estar contaminadas por residuos explosivos de guerra, las tierras son áridas y no poseen todavía su título de propiedad, extendido por la Intendencia de la Propiedad. Les han prometido llegar para agilizar los trámites, pero han transcurrido varios meses y siguen esperando la llegada de los técnicos de esa entidad pública.
Sin ese título, García no puede gestionar ni optar a crédito o financiamiento para comprar unas vacas, para expandir la crianza de cerdos y de gallinas, o para incursionar en cultivos rentables. “Si tuviera para riego, ahí sembraría chiltomas, tomate y todo, porque una vez sembré tomates y los vendí en el mercado”.
Lisiado de guerra
José Mercedes Pasos, teniente retirado del Ejército de Nicaragua, es lisiado de guerra. Perdió una pierna durante una emboscada en el año 86, en una zona muy conflictiva en el Norte del país. De 14 oficiales que caminaban con la tropa, sólo 2 sobrevivieron, él y un teniente primero al que apodaban “Masayita”.
Tras la herida, lo atendieron en el hospital militar “Alejandro Dávila Bolaños” y luego lo trasladaron a Bulgaria para ser atendido, pero ahí le confirmaron que tenían que amputarle la pierna derecha y regresó al país con una prótesis. También trajo consigo un peritaje médico que confirmaba que no era apto para la vida militar, por tanto recomendaban darle de baja, a los 38 años de edad. Así que lo pasaron a inicios del año 1990.
Como lisiado de guerra tiene derecho a US$73 mensuales. En la imagen, sostiene un ayote de los que cultiva en sus tierras. Foto: Estrategia y Negocios.
Sin embargo, este hombre próximo a cumplir 63 años, tiene una personalidad de un buldózer. Habla con serenidad, entusiasmo y exhibiendo una actitud positiva frente a la adversidad.
“Después de tomarnos estas tierras que eran parte del polígono del Ejército, y después de luchar por ellas, terminaron cediéndolas. Hoy tenemos en nuestro poder una certificación, pero todavía estamos esperando que vengan a medirlas y a titularlas para ser dueños. Por el momento, solamente estamos en posesión”, refiere.
En total estiman que el Ejército de Nicaragua cedió alrededor de 142 manzanas de tierras, por tanto, a cada una de las familias les correspondería un promedio de 5 manzanas. Este periodista intentó corroborar oficialmente con el Ejército de Nicaragua la donación de esas tierras, pero no atendieron la solicitud periodística.
“A mí me desminaron alrededor de manzana y media, pero donde no está barrida, aparecen ojivas anti-aéreas sin detonar. También los zapadores que vinieron, encontraban granadas de RPG-7, que si estallan, ni quiera Dios el daño que causan”, dice.
En el área que le limpiaron y descontaminaron a partir de 2012, Pasos siembra pipianes, ayote y maíz, libre de peligro. Lo que cosecha lo utiliza para autoconsumo familiar y una parte comparte incluso con sus 6 hijos, lo que lo llena de satisfacción y orgullo. Sin embargo, el potencial agrícola se enfrenta a la adversidad de los suelos y del clima. Durante dos años, 2013-2014, el invierno ha sido muy malo y sólo pérdidas ha registrado en sus cultivos de subsistencia.
Pasos sobrevive sobre todo con la pensión otorgada por el INSS, en calidad de lisiado de guerra. Asegura que recibe alrededor de C$2.000 córdobas mensuales, equivalente a unos US$73.00 mensuales (de acuerdo al tipo de cambio oficial).
También tiene derecho a solicitar la reposición de su prótesis en caso que ésta sufra de desgaste excesivo o ya no le sirva. En ese caso, la solicita ante las autoridades del INSS y éstas giran una orden de trabajo dirigida a algunas de las empresas estatales o no gubernamentales que sirven como proveedoras de servicios de prótesis. Sin embargo, entre la solicitud y la autorización reconoce que transcurren varios meses y eso representa una dificultad grave para los lisiados de guerra.
“A mí se me quebró el pie (de la prótesis) hace como cuatro meses y para solicitar la reposición me hicieron dar vueltas y vueltas, chorro, qué horrible, no resuelven, así que tuve que hablar con mis hijos y tuve que sacarlos de mi bolsa. Me costó US$100, para evitar esa burocracia. Yo no estoy en contra del gobierno, estoy con el gobierno, pero no hay una buena asistencia, estamos penqueados”, refiere.
Su esperanza es que el gobierno de Nicaragua o el Ejército de Nicaragua les otorgue por su parte una pensión vitalicia como veteranos de guerra, pero eso tendría que aprobarlo el Poder Legislativo, que somete año con año a plenario el Presupuesto General de la República, el cual enfrenta fuertes restricciones.
También aboga por retomar el despeje final de los residuos explosivos en toda la comunidad Gocen. “Ojalá continúen con esa labor para evitar muertes, o para evitar que queden como yo, o como el hijo de Rigoberto. Eso es doloroso y traumático”, concluye José Mercedes Pasos.
Ejército cuenta con capacidades nacionales
Carl Case, Coordinador general del programa de Acción contra las minas antipersonal y de Asistencia al control de armas y municiones de la OEA, confirmó vía correo electrónico a E&N que la primera fase del proyecto “Despeje de contaminación por municiones y rehabilitación de tierras-Comarca Gocen”, se llevó a cabo con financiamiento del Reino de Noruega, país que proporcionó alrededor de US$250.000.00 para ese propósito y para atender víctimas de minas y continuar con campañas educativas sobre el riesgo de minas y municiones sin estallar.
Zapadores utilizan equipos especiales en la búsqueda de municiones sin estallar. Foto: Estrategia y Negocios.
El despeje de la comarca Gocen inició el 13 de febrero de 2012 y concluyó el 22 de junio del mismo año, con las seis áreas despejadas. Durante el proyecto, Case refiere que se capacitó nuevamente a 30 efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua en temas de Remediación de Sitios, Gestión de Información, y Método de Incineración de Artefactos.
“Cuando finalizó el financiamiento disponible en junio de 2012, se suspendió el proyecto. Sin embargo, se consideraba que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua contaba con la capacidad técnica para continuar el despeje en la zona de Gocen-Chiltepe”, afirma Case.
Por otra parte, revela que el Programa de la OEA sigue apoyando a los países centroamericanos en los temas de manejo, seguridad y destrucción de armas y municiones y; del despeje de remanentes explosivos de guerra, fortaleciendo las capacidades nacionales en el tema de destrucción de artefactos explosivos a través de un curso anual, ofrecido conjuntamente con el Ministerio de España para capacitar técnicos nacionales en esta materia, en la Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares, España.
“A la fecha, unos 70 técnicos de 12 países de America Latina, incluso 6 nicaragüenses, han asistido el curso y se calificaron como expertos de EOD (destrucción de artefactos explosivos) al nivel III, según las normas internacionales. En ese sentido, es importante que los mismos gobiernos de la región tomen las medidas necesarias con medios nacionales, bajo el concepto de una mayor apropiación nacional”, afirma Case.
Finalmente, indica que el Programa de la OEA sigue gestionando recursos para apoyar a los estados centroamericanos, tanto Nicaragua como los países vecinos, en este tema. Sin embargo, “desafortunadamente, el Programa no ha recibido recursos financieros para estos propósitos desde el 2012”.
“Por lo general, se ha visto una disminución de contribuciones para ayudar a países afectados por minas y artefactos explosivos en todo el mundo, viéndose menor énfasis en las regiones como Centroamérica que se han declarado libre de minas, mientras los donantes enfocan su apoyo en las regiones y en los países que todavía cuentan con áreas contaminadas por minas”, concluye Case.
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