Poder público, ¿negocio de familia?

Con el aumento de los casos de corrupción de familiares de presidentes latinoamericanos, la pregunta es si la ciudadanía actuará para que no se siga socavando la democracia.

Hermano e hijo del Presidente de Guatemala acusados de beneficios en contratos públicos. Hijos del expresidente de Panamá, investigados por recibir sobornos de contratistas. El hijo de la Presidenta de Chile, señalado por aliarse con su esposa para incurrir en tráfico de influencias. *

América es una región próspera para los familiares de los dirigentes políticos. Así lo evidencian los crecientes escándalos en los que de manera repetida se dan casos de mordidas o coimas en contratos públicos, tráfico de influencias y dinastías que se enquistan en el poder.

A pesar de que la justicia en varios de estos casos comienza a actuar, y que son el centro de las agendas informativas de los medios, algo pasa con la ciudadanía pues los involucrados siguen gozando de alta popularidad, que al final del día es lo que los atornilla al poder. Frases como: “roba pero hace”, cada vez son más comunes, y de manera sorprendente sectores amplios de la sociedad, encuentran fórmulas para excusar estos comportamientos criminales.

El más reciente episodio se registró en Guatemala. Después de meses de investigación, el pasado 18 de enero fueron detenidos el hermano y el hijo de Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, señalados por corrupción. A su “favor”, se argumentó que las acciones ilegales que presuntamente llevaron a cabo Samuel ‘Sammy’ y José Manuel Morales tuvieron lugar antes de que el mandatario asumiera la presidencia.

En Guatemala varias autoridades influyentes, así como analistas políticos, aprobaron la actitud de Morales de mantenerse al margen en el proceso contra sus familiares. Incluso recibió el respaldo del embajador de Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en el país, pero la alabada no interferencia presidencial sigue siendo insuficiente para borrar del panorama las acciones de su familia.

Además, el medio digital Plaza Pública reveló que Sammy Morales, hermano del presidente, buscó utilizar sus privilegios políticos para construir un teatro en un lugar que alberga una exposición interactiva sobre la historia de Guatemala.

El mismo día que en Guatemala estallaba el caso de corrupción de Morales y sus familiares, en Panamá el ex Presidente Ricardo Martinelli, quien ejerció el poder entre 2009 y 2014, fue denunciado junto con sus dos hijos por su presunta vinculación a los sobornos de la empresa constructora Odebrecht.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2010 y 2014, la compañía pagó 59 millones de dólares en coimas a funcionarios del gobierno panameño, para asegurarse así contratos de obra pública.

Esta semana, la Oficina Federal de Suiza puso a disposición de la justicia de Panamá las cuentas que Luis Enrique y Ricardo Alberto, los dos hijos de Martinelli, habían abierto en el país. Según la Fiscalía de Panamá, en estas cuentas había un monto de al menos 22 millones de dólares que tendrán que ser justificados.

La práctica no es única de Guatemala y Panamá. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta chilena Michelle Bachelet y Natalia Compagnon su esposa, fueron señalados por el “Caso Caval”.
Este caso se hizo público hace dos años, a inicios de 2015, luego de que una investigación revelara que la empresa Exportadora y de Gestión Caval, propiedad de Compagnon, recibiera un crédito de 10 millones de dólares del Banco de Chile, aprobado justo después del triunfo de Bachelet.

En Colombia, Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe han sido mencionados en varias causas judiciales. Una de ellas tiene que ver con un complejo caso de supuestas irregularidades fiscales asociadas con Ecoeficiencia, S.A., la empresa de los dos hermanos.

Tomás Uribe también fue cuestionado por haberse reunido con directivos de la empresa Odebrecht en Panamá, señalada de sobornos, en momentos en que se adelantaban gestiones para multimillonarios contratos de obra pública en Colombia.

Por otro lado, están los casos de tráfico de influencias, como el de Venezuela, donde los sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro se ufanaban de su relación familiar para negociar con drogas. Un caso por el que fueron declarados culpables en noviembre pasado.

A finales del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri, presidente de Argentina, aprobó un decreto que permitió que los padres, cónyuges e hijos de funcionarios públicos blanqueen bienes y tenencia de monedas, si justifican que se trata de bienes adquiridos antes de que estos hubieran asumido sus cargos.

Finalmente están los casos dinásticos, como el de Ortega en Nicaragua, que no solo está en ejercicio de su tercer mandato seguido, si no que juró el cargo con su esposa como vicepresidenta, y seguido de una serie de investigaciones y denuncias por sacar provecho del erario público nicaragüense.

Un caso muy parecido al que vivieron en Argentina durante los cuatro períodos que gobernaron los Kirchner, que dejaron múltiples investigaciones por corrupción, en los que además estuvo involucrada Florencia Kirchner, hija de la pareja de ex mandatarios.

Además, a partir de 2015, otro de los hijos de la pareja se convirtió en figura pública.

A pesar de que el periodismo y la justicia condenan el nepotismo, el fenómeno no cede terreno. Sobre la mesa se mantiene el debate de qué medidas se deben tomar para evitar que esta fórmula siga siendo usada, sobre todo considerando que se trata de un asunto que va más allá de las leyes.

Es el caso del recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien nombró a su yerno como asesor. Si bien las autoridades estadounidenses dictaminaron que el magnate no estaba incurriendo en nepotismo, para la opinión pública quedó la sensación de que si bien técnicamente no lo es, es algo que se le parece mucho.

Hace un año y medio, en 2015, los ciudadanos de algunos países de la región protestaron públicamente por los casos de corrupción en sus gobiernos. En Guatemala fueron emblemáticas las propuestas ciudadanas a raíz de los señalamientos contra el expresidente Otto Peréz Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti por el enriquecimiento ilícito tanto de ella como de sus dos hijos.

Pero, paradójicamente, es este mismo país el que hoy enfrenta de nuevo escándalos por la corrupción de familiares del poder. La indignación que llevó a una manifestación ciudadana que cambió un gobierno no fue suficiente para llegar al mismo punto, ¿cuál es entonces el siguiente paso?

(*) Fotos tomadas de Nómada (autor: Carlos Sebastián), TVN Noticias (composición gráfica) y del archivo de la página de la Presidencia de Chile alojado en Wikimedia Commons.