Política, negocios y narcotráfico

¿La caída del multimillonario clan Rosenthal en Honduras muestra que en América Latina la única justicia efectiva es la internacional?

La caída fue estrepitosa, escandalosa, como cuando un gigante se derrumba. A principios de octubre los hondureños amanecieron con la noticia de que los Rosenthal, una de las familias más ricas e influyentes del país, que se había acostumbrado a pasearse por los pasillos del poder, tenía problemas con la justicia de Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Yankel Rosenthal, que hasta junio pasado se desempeñaba como ministro de Inversiones, fue el primer implicado. El 6 de octubre fue detenido en el aeropuerto de Miami. Su primo Yani, ministro de la Presidencia de Honduras de 2006 a 2007, congresista hasta 2014 y varias veces precandidato presidencial, también está en la mira de Washington, así como Jaime Rosenthal, el jefe del Clan, quien alcanzó a ser vicepresidente de Honduras, congresista, dirigente del Partido Liberal y director del Banco Continental.


La aventura de la familia Rosenthal en Honduras empezó en 1924, cuando Yankel un electrisista rumano se estableció en la ciudad de San Pedro de Sula. Abrió un almacén, después se expandió gracias a la importación y representando compañías extranjeras. Sus prósperos negocios lo llevaron a formar el Grupo Continental, que sigue siendo uno de los más poderosos en Honduras.
Según las autoridades de Estados Unidos, los Rosenthal, a través del Banco Continental y seis empresas más “proveyeron durante una década de servicios de lavado de dinero, y otros, para apoyar actividades de traficantes de drogas centroamericanos y organizaciones criminales”.

Aunque el proceso contra los Rosenthal se va a demorar, en Honduras muchos piensan que en el país hubiera sido imposible adelantar una investigación judicial sobre un clan tan poderoso. El clan y sus empresas fueron incluidos en la famosa Lista Clinton, que se centra en dineros del narcotráfico y que es realizada por la OFAC, una dependencia del departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y ejecuta sanciones económicas y comerciales. Hace justamente unas semanas esta lista negra celebró sus 20 años de existencia. Por ella han pasado miles de personas y empresas, en gran parte colombianos. Los primeros designados fueron Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, además de José Santacruz Londoño y Helmer ‘Pacho’ Herrera, los tres capos del Cartel de Cali.

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En Washington consideran que esta lista ha sido clave para desarticular las redes financieras y trasnacionales de los carteles de la droga. Eso ha permitido que caigan importantes lavadores de dinero, que posaban de empresarios honrados, cuando en realidad servían la mafia. En Colombia, además de grandes capos como los cabecillas del Cartel de Cali, jefes narcoparamilitares o líderes guerrilleros, han caído todo tipo de personas.


El equipo de fútbol América de Cali, uno de los más populares de Colombia, salió de la lista hace apenas dos años. Varios miembros de la familia Guberek, especializada en los textiles, también estuvieron en la mira de Washington. En el municipio de Envigado, vecino de Medellín, han caído varios empresarios, funcionarios públicos, dueños de clubes de fútbol, expolicías. El problema es que muchos no tienen procesos abiertos en Colombia, donde han seguido con su vida como si nada.
Y salir de la famosa lista es casi imposible y se demora años y años, incluso si ya se pagó por el delito. Este fue uno de los calvarios del América, que por más de 13 años no pudo tener patrocinadores por estar en la lista. En Cali incluso organizaron una manifestación para que el equipo fuera excluido de la lista. Sin mayo éxito.
Y ese es justamente el lío. ¿Hasta dónde tiene que llegar el poder de la justicia de Washington? ¿Debería países como Colombia y Honduras ajustar apenas se active la Lista Clinton? ¿Se pueden cometer errores en Estados Unidos?
En todo caso, hace ya varios meses se siente que la justicia en América Latina depende cada vez menos de sus jurisdicciones nacionales. No solo porque la Lista Clinton se hace sentir en cada vez más países del continente e incluye peruanos, mexicanos, hondureños, venezolanos, sino también por los poderes que están tomando organizaciones como la OEA y la ONU.
En Honduras, desde hace meses un sector de la opinión viene pidiéndole a la OEA que cree un tribunal especial internacional para combatir la corrupción y la impunidad, similar a la Corte que permitió investigar y finalmente tumbar el presidente de Guatemala Otto Pérez. A fines de septiembre finalmente se anunció su creación, lo que hace presagiar que otras ollas podridas puedan ser destapadas.
En Honduras, como en Guatemala, y en decenas de países de América Latina muchos sienten que hay clanes intocables, gente que por su poder económico y político viola la ley sin enfrentar demasiados problemas. Otros consideran colonialista que Washington, la OEA o la ONU se metan con la justicia local.

¿Sería necesario buscar más independencia frente a la justicia de Estados Unidos?
¿Es positivo que la OEA y la ONU creen tribunales especiales para investigar sobre corrupción e impunidad?