El embarazo precoz es un problema de derechos humanos de acuerdo con Guadalupe Ramos (Cladem, México), Stefania Villamizar (Psicóloga y consultora, Colombia), Maribel Riaño Sanabria (pedagoga, antropóloga social, asesora de la Fundación Plan, Colombia), quienes conversaron bajo la moderación de Priscila Hernández (periodista mexicana) en nuestro encuentro digital.
“El embarazo infantil es una forma de violencia y de vulneración de los derechos humanos”, sostuvo Ramos, quien considera que “se necesita apoyo económico y médico cuando las niñas han sido embarazadas por violación”.
Recordó el caso de “una niña de 11 años, que fue madre y víctima de violencia sexual por parte de su padrastro”. Denunció que la niña “con 34 kilos, enferma y cuya vida estaba en riesgo, fue obligada por el Estado a ser madre”.
La abogada y activista mexicana cree que el embarazo infantil es diferente al embarazo adolescente, y sostiene que la violencia contra la mujeres se ha normalizado y naturalizado: “Estamos frente a un embarazo forzado infantil en menores de 14 años, cuando queda embarazada sin haberlo buscado y se le dificulta el poder interrumpirlo”.
La especialista hizo referencia a la ley 046 de México, que estipula la interrupción legal del embarazo cuando es producto de una violación, y contempla el tratamiento de salud físico y sicológico. También compartió el estudio que hizo el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con el apoyo de Sigrid Rausing Trust, y que evidencia la situación regional de las Niñas madres y del embarazo y maternidad infantil forzada .
Villamizar señaló en este sentido que “la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una condición legal, si alguna mujer no desea continuar gestando” y agregó que los estudios revelan que ya “en Colombia hay interrupción clandestina de embarazos en niñas menores de 15 años”.
La psicóloga colombiana explicó que el embarazo infantil es un problema que transciende todo el sistema de un país y a la familia, consecuencia de “la falta de protección, falta de conocimiento de los profesionales para abordar este tipo de temáticas y la sociedad, por no imponer una temática de derechos sociales y reproductivos en adolescentes”.
Sostiene que la interrupción de la gestación es lo mínimo que se le tiene que dar a la mujer cuando el Estado ha fallado en su rol de educador.
Por su parte, Riaño apuntó que “los servidores públicos en Colombia han hecho objeciones de conciencia, frente a la interrupción (del embarazo)” y resaltó que “hay mucha desinformación en las redes sociales sobre el aborto, lo cual complica realizar algún tipo de tratamiento”
Asimismo, la pedagoga y antropóloga social indicó que “el machismo de la región ha generado que las mujeres tengan miedo al tomar decisiones” y ha permitido que “ese poder abusivo del machismo se convierta en abuso sexual”. Puso como ejemplo las relaciones de niñas con hombres mayores (uniones tempranas).
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Sobre nuestras panelistas
Guadalupe Ramos Ponce es abogada con una maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública (Universidad de Guadalajara), con un doctorado en Cooperación y Bienestar Social (Universidad de Oviedo). Es activista del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem, México) y es autora del libro “Estudio de feminicidio en Jalisco”.
Stefania Villamizar Cubides es psicóloga de la Universidad Externado de Colombia, con una Diplomatura Superior en Política Pública y Género de la FLACSO México. Ha participado en investigaciones nacionales como la realizada por la Universidad Externado de Colombia en relación al Aborto inducido en Mujeres.
Maribel Riaño Sanabria es asesora técnica nacional de derechos sexuales y reproductivos de la Fundación Plan en Colombia. Pedagoga, especialista en gerencia social, en derechos económicos sociales y culturales y políticas públicas. También es magister en antropología social.
