¿Quién gana y quién pierde con la crisis Colombia-Venezuela?

Prueba de fuego para los organismos multilaterales.

Sería muy fácil decir que todo se debe a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó el estado de excepción durante 60 días y cerró parte de la larguísima frontera con Colombia, el pasado 20 de agosto, después de que tres militares de su país resultaron heridos en un incidente en San Antonio del Táchira, atribuido a supuestos contrabandistas y paramilitares colombianos. Sería fácil, pero se simplificaría en exceso una situación que va mucho más allá de las imprevisibles decisiones que un mandatario pueda tomar para hacerle el quite a una tormenta interna, a pocos meses de unas cruciales elecciones parlamentarias.

Detrás de la más reciente crisis entre Colombia y Venezuela hay otros factores (la innegable presencia, a lado y lado del río Táchira, de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes; el abandono estatal en que vive la frontera; el momento político por el que atraviesan ambas naciones, y el contrabando, entre otros) y de ella parecen surgir varios perdedores y muy pocos ganadores.

La crisis se ha vuelto un dolor de cabeza político para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuestionado por un sector de la opinión pública que no entiende su apuesta por la vía diplomática, cuando ya son más de 1.000 los colombianos que se calcula han sido deportados, obligados a dejarlo todo o a echarse a cuestas unas pocas pertenencias para cruzar el río que sirve de frontera, y son más de 8.000 los que, por temor a correr la misma suerte, han abandonado voluntariamente Venezuela.

El Gobierno colombiano parece haberse equivocado tras asumir, en un inicio, que la decisión de Maduro era algo pasajero, un intento más para buscar un chivo expiatorio, un enemigo externo que desvíe la atención de su propia crisis. Pero lejos de calmarse, la situación empeoró con el paso de los días, con lo cual Santos y todo su gabinete debieron rectificar y empezar a hablar de verdadera “crisis humanitaria”.

Pierde el Gobierno de Colombia, también, porque la crisis vuelve a poner en evidencia la desgracia que para esa región, y en general para toda la frontera con Venezuela, desde La Guajira hasta los Llanos, ha representado la falta de presencia institucional, el olvido en que ha estado sumida esta zona, desde tiempos inmemoriales. Pierde además un importante sector de la izquierda colombiana, por su silencio frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas, en su afán por deportar a miles de colombianos de la frontera, incluidos niños y ancianos.


Podría perder, por otra parte, el proceso de paz con las Farc que se desarrolla en La Habana (Cuba), dado que Venezuela ha jugado un papel preponderante en los diálogos entre esa guerrilla y el Gobierno colombiano.

Y aunque el expresidente colombiano Ernesto Samper, actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), matizó sus palabras tras las duras reacciones en su país por un tuit publicado cuando se desató la crisis, le ha sido imposible disipar totalmente las sospechas en su contra.

Para el próximo 3 de septiembre se convocó en Ecuador una reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros de la Unasur, para tratar la problemática fronteriza.

La crisis ha puesto a prueba, de hecho, a los organismos multilaterales. Este 31 de agosto se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, para decidir si convocaba una reunión de consulta de cancilleres con el fin de exponer la crisis humanitaria que se vive en la frontera, como lo quería el gobierno Santos. Pero en la votación, Colombia no logró los 18 votos necesarios (alcanzó 17), tras lo cual la canciller María Ángela Holguín cuestionó el papel del organismo y aseguró que “perdió el continente” y es necesario “replantearse para qué está la OEA”.

Para calentar aún más los ánimos, durante la sesión extraordinaria, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, sostuvo que “en Colombia hay una campaña de odio contra Venezuela” y que “en Venezuela están apareciendo formas de crimen exportadas que vienen todas de Colombia”.

En cuanto a Maduro, para la población venezolana seguidora del Presidente, fiel a la doctrina chavista, este sale como ganador indiscutible de la nueva crisis, pues es gracias a su “valiente decisión” que se les ha puesto un freno a la delincuencia y al contrabando de productos venezolanos hacia Colombia. Para esos ciudadanos, la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) es “absolutamente necesaria”.

El que también parecería estar sacando réditos es el expresidente colombiano y ahora senador Álvaro Uribe, líder de una oposición de ultraderecha a la que comenzaba a enredársele el panorama para las elecciones regionales del próximo 25 de octubre, y quien siempre ha demostrado tener una gran habilidad para aprovechar coyunturas de este estilo. Tan pronto Maduro decretó el estado de excepción en la frontera, Uribe compró varios mercados y cogió un avión rumbo a Cúcuta, donde muchos lo recibieron emocionados.

La comunidad internacional sigue muy de cerca el desarrollo de la crisis. El Gobierno de Panamá acaba de ofrecer su mediación para lograr “una solución pacífica a las diferencias” entre Colombia y Venezuela, mientras el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, emitió un comunicado en el que señala su “continua preocupación por la situación en la frontera”, además de aplaudir cualquier iniciativa que permita abordar el conflicto en foros multilaterales. Según Kirby, es clara “la importancia de las fronteras seguras, pero las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe”.


Palabras que no cayeron nada bien en Venezuela, cuya canciller, Delcy Rodríguez, tachó al gobierno de Estados Unidos de “injerencista” y le exigió “no inmiscuirse en asuntos estrictamente bilaterales entre Colombia y Venezuela”.

El gran problema es que pierden los ciudadanos de ambos países. Miles. Pierden porque aunque son muchas más las cosas que los unen que las que los separan, por cuenta de dos gobiernos que tienen varios cortocircuitos han quedado en medio de una crisis que no es la suya, que no les pertenece.


Y pierden, como ha quedado claro en estas dos semanas de crisis, pierden cada vez más credibilidad los foros multilaterales. ¿Cree usted, así como la canciller colombiana María Ángela Holguín, que es necesario replantear el papel de estos organismos?