Un continente de “bad hombres”

América se divide por cuenta de las políticas migratorias de exclusión que se discuten desde Argentina hasta Estados Unidos.

Mauricio Macri y Evo Morales, mandatarios de Argentina y Bolivia, hoy se enfrentan por un decreto de Macri que limita la entrada de extranjeros, bolivianos entre ellos, a Argentina. Foto propiedad de la Casa Rosada y bajo licencia Creative Commons

En aras de la seguridad nacional, las medidas migratorias que excluyen a ciudadanos de otros países prosperan en diversos puntos de la región. No sólo es el sonado caso de Estados Unidos. En varios países se discute qué hacer con los extranjeros que ademas de “traer inseguridad” “roban las oportunidades” a los locales. No deja de ser contradictorio que son precisamente estos países los que quizás deben más su existencia a la presencia de migrantes.

En Argentina, un país en el que en 1853 se escribió una constitución que tenia como uno de sus principio “gobernar es poblar” y donde se han recibido varias olas de migrantes desde el siglo XIX por cuenta de sus políticas migratorias, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto en el que refuerza los requisitos de entrada y exclusión de extranjeros de su territorio. La medida se justifica por el aumento de reclusos extranjeros en las cárceles del país.

Esto fue reforzado con el diputado Alfredo Olmedo, que aparte de declararse seguidor del presidente estadounidense, ha pedido construir un muro que separe Argentina de Bolivia, la segunda población más grande de migrantes en el país gaucho.

Ante esta situación, las quejas no se hicieron esperar, no solo del gobierno boliviano, sino del paraguayo, que es la población extranjera más grande en territorio argentino, y que ya hace un tiempo cuenta con un muro que divide la frontera de ambos países.

Las declaraciones públicas sobre las nuevas medidas migratorias señalan que este nuevo plan operativo más que disminuir el crimen en Argentina, refuerza el discurso de “xenofobia, racismo y discriminación”, según dijo el Ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira.

En Panamá, donde ha habído un aumento de la población migrante, especialmente venezolana y cubana, han empezado las manifestaciones de descontento porque, según la percepción de los panameños, el sistema de salud, educativo y laboral no tiene capacidad para recibir a tanta gente.

Para el doctor Hugo Noé Pino, presidente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los gobiernos de la región deben adoptar nuevas políticas económicas que contribuyan en la reducción de la pobreza, generación de empleo y mayores oportunidades para los Centro Americanos, en especial reducir la violencia y la criminalidad para que de esa forma disminuya a mediano y largo plazo la migración ilegal.
En esa linea va el proyecto de ley que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentará al parlmento chileno buscando entregar más y mejores garantías a los extranjeros que se muden al país. La iniciativa sugió precisamente después de que la oposición pidiera que se reforzaran las políticas migratorias al estilo argentino.

El país austral, que actualmente cuenta con una ley migratoria del año 1975, en la que se presenta al migrante extranjero como una amenaza a la estabilidad doméstica, ha tenido problemas, por ejemplo, con los desplazados del Pacífico colombiano que entran al país por Antofagasta, como lo presentó CONNECTAS en un reportaje de 2015.

Paradojicamente, México, el país que más presión ha recibido del nuevo gobierno norteamericano, también ha sido protagonista en una de las rutas de migración más mortíferas en el mundo, la de aquellos que salen huyendo de la violencia en Centroamérica hacía el norte.

Las válvulas de escape a problemas de seguridad y escasez para víctimas de varias de las crisis que enferman a América Latina se hacen cada vez más complejas. En el proceso, las alternativas presentadas por algunos de los países de la región para detener la movilización, incluido el del hermano mayor, Estados Unidos, se endurecen y empiezan a hacer mella en los ánimos de la sociedad.

Cerca de 30 millones de Latinoamericanos viven fuera de sus países, 70 por ciento de ellos en los Estados Unidos. Un flujo migratorio que se ha intensificado en los últimos años y que seguramente en 2017 tendrá un gran impacto con los anuncios del nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Los dos líderes que han alzado la voz para hacer una oposición contundente ante este panorama han sido los presidentes de Ecuador y Bolivia, quienes han presentado como única alternativa el fortalecimiento de la región, no solo a nivel comercial, sino político.


Que sean justo líderes de izquierda quienes esten aprovechando para “pescar en este río revuelto” para enarbolar de nuevo la bandera “anti yanqui”, no deja de ser inquietante para un vecindario donde estas propuestas han traido complicaciones a varias naciones, y a la integración como continente.

Las condiciones económicas e históricas no estén dadas para la independencia absoluta de América Latina como región. Pero es quizas una oportunidad para reforzar muchas estructuras que siempre quedaron relegadas por la relación de cada uno con el hermano del norte. Los sacrificios a corto plazo son muchos, pero sería una buena oportunidad para que los países empezaran a mirar hacía adentro y trabajaran en dar las garantías que necesitan sus ciudadanos para no quererse ir.

Siendo esto último una posible utopia, la opción B es estar listos para una nueva etapa en la que los muros se robustecen, la segregación se hace políticamente correcta y desconfiar del otro se convierte en el fundamento de las políticas públicas de la región.

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