Victoria Solano tiene 58 años y un extraño problema dermatológico que no se cura con nada. Una especie de alergia que ha oscurecido y llenado de costras sus piernas, y que relaciona con el contacto cotidiano con una piscina de residuos construida al pie de su casa en la época Texaco. “Es como si me picaran agujas”, se lamenta la mujer de mirada triste y ojeras profundas, que vive junto a un pozo petrolero cercano a la estación Shushufindi Suroeste.
A diferencia de la mayoría de pobladores de Shushufindi, que pese a ser afectados directos de la contaminación apenas han escuchado sobre el litigio judicial que mantiene enfrentados por 22 años a un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana con la petrolera Chevron (que absorbió a Texaco), en una batalla legal que inició en 1993 en la Corte de Nueva York y pasó a la de Lago Agrio diez años después; Victoria sí sabe que desde 2011 tienen una sentencia favorable que no ha logrado ejecutarse. Incluso en algún momento asistió a reuniones que se hicieron sobre el caso en su comunidad 18 de Noviembre, pero de eso hace ya mucho tiempo.
Este artículo fue realizado por La Historia de Ecuador y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS
Eso sí, todos ignoran una cantidad de procesos y argucias legales que mantiene la petrolera con el Estado ecuatoriano y los abogados de sus demandantes. Entre los que destacan dos arbitrajes internacionales en la Corte Permanente de la Haya, el juicio RICO en un tribunal neoyorquino y una demanda en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el gerente general de Chevron y otros 10 directivos de la empresa. Además de sendos juicios que siguen los defensores de los afectados para homologar la sentencia en Argentina, Brasil y Canadá.
Victoria hasta llegó a pensar que podría beneficiarse con algún tipo de indemnización “por todo el tiempo que hemos venido sufriendo”, pero sus esperanzas se diluyeron cuando supo por un dirigente que de cobrarse la sentencia de $9.500 millones, la suma se invertiría en proyectos de beneficio común. “Eso de nada nos sirve a nosotros, porque ya estamos mayores, cerca de morir”, explica la mujer que vive con su esposo enfermo de diabetes, problemas en las articulaciones y esa extraña alergia que ella padece. Ninguno de los dos puede trabajar por sus dolencias y viven intranquilos por no tener un sustento, de lo poco que les dan sus hijos que trabajan de jornaleros y tienen ya sus familias.
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