COYOTES AL ACECHO “Ya no podía más”, recuerda Liz “la altura y el frío acabaron con mis fuerzas”. Relata del punto más crítico de su travesía en el altiplano, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y rocas. Allí fue abandonada junto a un grupo de 15 personas más, la mayoría de República Dominicana, como ella. Los “coyotes” les dijeron que los esperaran, que estaban apenas a 20 minutos de Iquique así que podían llegar caminando. Los migrantes les creyeron. No sabían que en realidad se encontraban recién en la cordillera de Los Andes y que para llegar a Iquique faltaban más de 200 kilómetros de desierto. No volvieron por ellos. Quedaron abandonados a su suerte en una tierra casi deshabitada. Caminaron por horas hasta encontrar una vivienda de pastores aymaras. Los dueños de casa no querían escucharlos. Los migrantes les imploraron que por lo menos ayudaran a Liz, “que está embarazada”. La respuesta nuevamente fue negativa. “Entonces por favor denúncienos a la policía”. A eso sí accedieron. Carabineros del Retén Cancosa los recogió y traslado hacia su cuartel. Ahí el grupo comió y se abrigó después de varios días de haber vivido un infierno. “Fue la primera muestra de humanidad”, recuerda Liz Dorvielle que aún agradece el trato recibido. Estuvieron cinco días en el retén porque la nieve estaba tan alta que no podían salir. En ese transcurso los carabineros encontraron a otros 17 migrantes también abandonados, en un lugar cercano al que dejaron a Liz. El calvario de esta dominicana de 23 años había comenzado mucho antes, en su país natal. Explica que producto de una agresión de su expareja, decidió tomar rumbo a Antofagasta, Chile, donde vive su madre. Voló con un amigo hasta Ecuador y en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel le preguntó al taxista cómo podía llegar a Chile. Éste la contacto con los “coyotes”. Liz asegura no haberse dado cuenta que en realidad se trataba de una red de tráfico de personas. Incluso recibió una tarjeta de identificación andina, que resultó ser falsa. En la frontera entre Ecuador y Perú cayó en razón. Antes de cruzar un puente, la hicieron bajar del vehículo, obligándola a caminar durante tres horas. Luego el viaje continuó en autobús hasta Lima y luego en otro bus hasta Tacna. Desde allí fueron llevados a Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia. Relata que en el camino los policías peruanos los detuvieron varias veces, pero mediante el pago de una coima, a cuenta siempre de los migrantes, los dejaron continuar. En Bolivia los alojaron por tres días amontonados en un gallinero. “Allá los traficantes intentaron abusar de las mujeres y los otros dominicanos nos defendieron”, relata Liz. Después de eso, los subieron nuevamente a un viejo vehículo y terminaron abandonados en el desierto chileno. Era mayo de 2014. Casi seis meses después de este terrible episodio, Liz está a pocos días de dar a luz en Antofagasta. Sobre ella pesa una sanción de expulsión que podría concretarse una vez nazca su tercer hijo. “Pensaba que podría más adelante traerme mis otros niños, que llegaría legal a Chile, pero nos trajeron engañados y ahora estoy de irregular”. Lucha contra el delito Félix Corozo Cortez de 61 años era uno de los extranjeros más buscados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El ecuatoriano estaba acusado de tráfico de inmigrantes, un delito que hasta hace una década prácticamente no se registraba en el país austral, pero que hoy ha crecido en tal magnitud que una unidad especializada de la Fiscalía Nacional está investigando los casos. Corozo había logrado eludir a los policías hasta mayo de este año, cuando fue detenido cruzando por la costa con dirección hacia Arica. Junto a él iban siete colombianos que le habían pagado 100 dólares cada uno. Corozo los había contactado unos días antes cerca del terminal de buses de Tacna. La travesía comenzó en taxis que dejaron al grupo cerca de la aduana peruana de Santa Rosa. Después de eso, caminaron hasta la costa. Ya en territorio chileno, fueron interceptados por la PDI. La de Corozo es una de las 60 causas judiciales que se han abierto este año contra bandas o particulares sorprendidos ingresando extranjeros –la mayoría colombianos– por pasos no habilitados del norte de Chile. El innegable aumento en este tipo de delitos llevó a que La PDI creara una unidad especializada en la zona norte: la Brigada Investigadora de Trata de Personas. El comisario a cargo, Cristian Rojas, explica que el caso más emblemático fue la “Operación Hito 23”, en la cual se desmanteló una red que internaba migrantes principalmente de República Dominicana, con la promesa de contratos de trabajo en Chile. “Durante el año 2013 tras cinco meses de investigación, se logró identificar y detener a personas que se dedicaban a internar ilegalmente a dominicanos a nuestro país a cambio de dinero bajo la fachada de una empresa de turismo”. En la causa hay cuatro imputados que ya fueron condenados, mientras otros cuatro están detenidos a la espera del Juicio Oral, entre ellos Clara Josefina Corporán Minaya, quien sería la dueña de la falsa empresa y fue extraditada desde República Dominicana. El primer caso judicializado –y que terminó en condena– se registró en 2012. Tres sujetos establecieron una red de tráfico de inmigrantes en Tacna. Previo cobro de dinero, cruzaban clandestinamente a los extranjeros, primero dentro de un camión y después haciéndolos caminar por el desierto. Eran llevados a Arica y posteriormente hasta el sur del país. La banda fue capturada mientras trasladaba a diez personas, entre ellas una embarazada y un menor de edad. A los migrantes incluso se les cobraba los gastos de las residencias donde los alojaban. Otro de los casos de amplia repercusión se cerró durante 2013, resultando en una condena por tres años y un día de libertad vigilada contra Cristian Pérez Vásquez, un exasistente policial de la PDI que trabajaba en el complejo fronterizo de Chacalluta. Según la investigación realizada por la Fiscalía, Pérez Vásquez se aprovechaba de su cargo para ayudar a ingresar mujeres peruanas vulnerables que luego eran sometidas a explotación sexual en un domicilio de Arica. El exfuncionario policial –que fue expulsado de la institución– incluso solicitaba favores sexuales a cambio de protección. La denuncia que terminó en su detención fue realizada por las mismas víctimas.

En algunos casos, los migrantes deciden pagar por un cruce clandestino a sabiendas de las sanciones que se exponen. En otros, son convencidos de que todo será legal, pero al final del viaje les quitan hasta el último céntimo y los abandonan en el altiplano.

Los traficantes los dejaron abandonados a su suerte en una tierra casi deshabitada.

Se han encontrado casos de funcionarios que facilitan el paso de mujeres para luego meterlas en redes de trata con fines sexuales.

 

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