La geografía de Nicaragua ha sido bondadosa: hay tres millones de hectáreas de bosques naturales. En el norte, trescientas mil son de pinares que recorren la frontera con Honduras y desde el año 1999 han sido infectados con gorgojos. Una plaga que puso en riesgo el recurso y fue la excusa para un negocio de tala ilegal que abultó los bolsillos de dueños de tierra, empresarios madereros y funcionarios públicos.
El corte de pino en la reserva natural de Dipilto y Jalapa está prohibido. En el año 2010, la aparición del gorgojo descortezador abrió la puerta a la excepción: el gobierno nacional permitió deforestar los árboles afectados en zonas protegidas, bajo el argumento de evitar que avanzara el mal. Ese fue el atajo que tomaron empresarios para arrasar con pinos sanos: los permisos de “saneamiento” para talar los afectados ampliaron el terreno a otros de los más antiguos del bosque continental, para venderlos.
En un recorrido por cuatro municipios del departamento Nueva Segovia, el ruido de camiones y moto sierras no cesa: es la tala propiciada por la corrupción bajo la excusa de la conocida plaga. El mecanismo es simple. Los “Planes Generales de Manejo Forestales” (PGMF), un instrumento técnico y legal para aprovechar el recurso y preservar el medio ambiente, regulan el proceso: el maderero busca al dueño de las tierras y le ofrece comprar los pinos afectados para frenar el contagio; si el dueño acepta, buscan al regente forestal -un técnico independiente autorizado por el Gobierno-, que inspecciona, calcula y gestiona el permiso “especial de saneamiento”. Luego se reúnen con el representante del Instituto Nacional y Forestal (Inafor), que avala en nombre del Gobierno. Todo supervisado por un delegado departamental y el alcalde del municipio.