Aunque todos los días cada bus de la empresa Ciudad Jardín, perteneciente a la familia del concejal colorado Celso Morel Rojas, transporta unos 320 pasajeros, la firma está suspendida ante el Ministerio de Hacienda a pedido de los propios dueños. Es decir, los colectivos no deberían circular y en caso de hacerlo, de acuerdo a la estipulación legal, los ingresos que generan se manejarían “en negro”, según contadores consultados.
La situación de Ciudad Jardín SRL, una de las 9 empresas del transporte de la ciudad, es reflejo del estado en que se encuentra el sistema de transporte público urbano, que lleva 20 años operando, según funcionarios de Transporte Público de la Municipalidad local.
Desde el 2012, cuando vencieron los contratos de prestación de servicios ante la Comuna, las empresas trabajan con acuerdos provisorios con la Comuna. Por presión de la ciudadanía a través de manifestaciones y reclamos en redes sociales, el 03 de junio la Junta Municipal autorizó en su sesión ordinaria a la Intendencia municipal a que llame a licitación pública nacional e internacional en un plazo de 90 días, pero aún no se ha hecho.
Celso Morel Rojas es concejal municipal en Ciudad del Este por cuarto periodo consecutivo. Como edil, forma parte de la Comisión Asesora de Obras y Servicios de la Junta Municipal, que tiene la responsabilidad de estudiar los itinerarios que deben cumplir las empresas del transporte público dentro de esta capital departamental.
El edil también es empresario del transporte, aunque aclara que primero fue transportista y luego político. Afirma que Ciudad Jardín SRL, que cumple itinerarios urbanos hace más de 15 años, pertenece a su familia. También de sus hermanos son las firmas S y S, urbana, y Tres Frontera, interurbana pero con itinerarios designados en Ciudad del Este.
Suspensión temporal
Para la Subsecretaría de Tributación, la empresa Ciudad Jardín SRL está suspendida temporalmente, según el sitio web de la institución pública.
En la página web de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, al 26 de junio la empresa Ciudad Jardín S.R.L., con RUC 80000275-0, se encontraba en “suspensión temporal”, pero “no se encuentra en el listado de RUC con situación irregular”.
Acorde contadores consultados, el hecho que conste en la web que el RUC de la firma no tiene inconvenientes, significa que las actividades de esta empresa están suspendidas por decisión de sus dueños. Pero también que se trata de una empresa que no debería estar funcionando, o sea, los buses no deberían estar circulando y, si lo hacen, sus ingresos y demás movimientos económicos se encontrarían “en negro” y habría una evasión de impuestos.
Con todo, los ómnibus de la firma recorren diariamente las calles de Ciudad del Este, transportando pasajeros que, por estar la empresa suspendida, en caso de accidentes no tienen ninguna protección social. De hecho, los pasajeros no reciben boleto ni ningún otro tipo de comprobante de que hayan abordado un bus de la empresa, como ocurre con todas las demás líneas del transporte público urbano, según denuncias de los propios usuarios.
Este desamparo lo comparten los choferes, que no tienen el seguro médico y social del Instituto de Previsión Social (IPS) que les corresponde por Ley, puesto todos sus empleados se encuentran inactivos al estar la empresa en suspensión.
Los buses de una compañía de transporte urbano, propiedad de la familia de un concejal, siguen transportando a usuarios en Ciudad del Este pese a tener una suspensión de circulación vigente.
Relaciones familiares y ley orgánica municipal
Además, la relación familiar entre el concejal Rojas y las firmas S y S y Tres Fronteras, en principio atenta contra el artículo 27 de la Ley 3.966/10 Orgánica Municipal, y el artículo 40 de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, según explica el abogado y ex concejal Darío Aguayo.
La Ley Orgánica Municipal prohíbe a los concejales e intendentes, intervenir en la obtención de contratos o concesiones municipales que importen beneficio propio y obtener de manera directa o indirecta beneficios originados en contratos, comisiones, franquicias u otros actos en los que intervengan en su carácter de autoridades municipales.
La Ley de Contrataciones Públicas prohíbe que presenten propuestas en procedimientos de contratación y contratar con los organismos, entidades y municipalidades, a “los funcionarios públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado…”.
Pese a ello, ni los concejales comunales, que deberían conocer la Ley Orgánica Municipal, ni la intendenta, Sandra Mc Leod de Zacarías, han tomado medidas.
El concejal Celso Moral posa con una niña de su familia frente a un bus de la empresa Ciudad Jardín, que pertenece a sus parientes. Foto tomada del perfil público del edil.
Sin contratos ni llamado a licitación
Las empresas de los familiares del concejal Morel forman parte de las 9 firmas que brindan el servicio de transporte público urbano en Ciudad del Este, en su mayoría desde hace más de 20 años. Ellas son Ciudad Jardín SRL, S y S S.A., Mburucuya SA, Mburucuya Poty, Acaray, Aracay-mi, Santo Domingo, 3 de Febrero, San José.
El director del Transporte Público de la Municipalidad, Teodoro Román, explicó que todas las firmas tienen contratos provisorios con la Comuna, para el cumplimiento de itinerarios designados por resolución de la Junta Municipal. “Habían contratos con vencimiento cada 5 años, pero esta última vuelta, si mal no recuerdo fue en el 2012, ya se hicieron contratos provisorios nomás porque se debe llamar a licitación”, puntualizó.
Román tiene 15 años como funcionario de la Dirección de Transporte Público y desde hace 7 años es director. En todo ese tiempo, dijo en entrevista, llegó a firmarse sólo un contrato con cada empresa de transporte.
La existencia de contratos provisorios sin llamados a licitación, según el ex concejal y abogado Pablo Darío Aguayo, viola el artículo 168 de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Contrataciones Públicas, poniéndose en riesgo la propia vida de los pasajeros.
El concejal colorado Gustavo Ruiz Díaz asevera entretanto que los contratos son provisorios, pero las leyes vigentes no se violan porque la Municipalidad tiene potestad de hacer contrataciones directas. “No se viola la Ley porque nosotros tenemos solamente 9 empresas, nunca se presentó un oferente distinto para prestar el mismo servicio, entonces se hacen directamente las contrataciones”.
El mismo equipo político
En su perfil público de Facebook, el concejal Celso Morel tiene fotografías en las que aparece junto con la intendenta Sandra Mc Leod, en un encuentro político partidario realizado el 19 de mayo pasado, en el tinglado de su familia, según se especifica en la publicación.
El edil Morel trabajó activamente en todas las campañas políticas, apoyando al actual grupo de poder que administra la Municipalidad, como parte del Partido Colorado. De hecho, ocupa su banca actual por haber integrado la Lista 1 de candidatos a concejales en las últimas elecciones comunales, siendo también electa por la Lista 1 la intendenta Sandra Mc Leod de Zacarías.
El citado perfil de Facebook está encabezado por una foto de Morel junto al presidente de la República, Horacio Cartes, y a Javier Zacarías Irún, político de un movimiento colorado y marido de la actual jefa comunal.
Durante los actos políticos previos a las elecciones nacionales de abril del 2013, Morel hizo campaña política por el actual Primer Mandatario y por el hermano de Javier Zacarías, Justo Zacarías Irún, quien fue electo gobernador de Alto Paraná. En esos comicios, por el Partido Colorado ganó el cargo de concejal departamental Evaristo Morel Rojas, hermano de Celso Morel.
Autor: Mariana Ladaga [*] | Agosto de 2014
