Las empresas consentidas del gobierno mexicano

La Administración Pública Federal mexicana ha favorecido a emporios y grupos empresariales internacionales a la hora de salir a comprar. Y varios han sido por adjudicación directa.

El análisis de las compras públicas efectuadas por el Gobierno mexicano entre 2013 y 2015 arrojó irregularidades. Foto tomada del diario El Universal de México

La Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL junto con la organización PODER y Quienesquien.wiki analizaron los más de 505 mil contratos que otorgó el gobierno mexicano y que están disponibles en el sistema Compranet, donde se registran las compras públicas, dependiente de Función Pública.

Del análisis se encontró la forma cómo compró el gobierno federal de 2013 a 2015 y qué empresas fueron beneficiadas: a través de adjudicaciones directas, invitación a tres empresas o licitaciones públicas, algunas de ellas internacionales.

Las empresas además se distinguen por pertenecer a grandes conglomerados o incluso forman parte de grupos transnacionales españoles, como es el caso de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) o portugueses, como es el caso de Mota-Engil México. De los mil 349 contratos que recibió la empresa Grupo Fármacos Especializados, el 79.4% fueron otorgados a través de adjudicaciones directas mientras que otra de las empresas del mismo ramo, Farmacéuticos Maypo, obtuvo el 78.3% de sus contratos de la misma manera, es decir, sin tener que concursar con otro competidor de manera directa.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron las entidades de gobierno que gastaron decenas de miles de millones de pesos en contratos públicos, y son las tres primeras de una lista de 300 organismos federales, estatales y municipales. Las empresas que durante este sexenio recibieron la mayor cantidad de recursos públicos fueron Grupo Fármacos Especializados; al obtener 38 mil 808 millones de pesos (casi 2 mil millones de dólares). Le sigue CIC Corporativo Industrial Coahuila, S.A. De C.V.; que con un solo contrato se colocó en la segunda posición, al recibir 23 mil 700 millones de pesos (118 millones por parte del gobierno mexicano.

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Esta empresa además forma parte del conglomerado Altos Hornos de México, que preside actualmente Alonso Ancira Elizondo.

En el tercer sitio está Farmacéuticos Maypo, con 15 mil 604 millones de pesos (780 millones de dólares) y Seguros Inbursa, con 14 mil 368 millones de pesos (700 millones de dólares) otorgados a través de compras gubernamentales. También figuran Comercializadora Milenio SA de CV; con 13 mil 500 millones de pesos (675 millones de dólares), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos, con 13 mil millones de pesos (650 millones de dólares), Avanzia Instalaciones, con 12 mil 500 millones de pesos y CAF México, con 11 mil 600 millones de pesos (550 millones de dólares).

Avanzia es una empresa que encabeza Florentino Pérez, pero quien forma parte de su consejo es Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda.

Por último, dentro de este top diez situadas en Compranet, están las empresas Mota-Engil México SA de CV, con 10 mil 581 millones de pesos (529 millones de dólares) y La Peninsular Compañía Constructora, con 9 mil 600 millones de pesos (450 millones de dólares).

Llama la atención que La Peninsular forma parte del grupo Hermes, mismo que encabeza Carlos Hank Rhon.
Las empresas de este sexenio son, en pocos casos, desconocidas. Aseguradora Inbursa y CAF México son dos grupos dedicados por muchos años a su sector. La primera, una aseguradora y la segunda, una filial de una multinacional encargada del sector carretero. Llama la atención la incursión de nuevos competidores como Comercializadora Milenio, la cual se encargó de repartir las televisoras en todo el país con motivo de la transición de televisión análoga a digital.

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Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que el caso de esta empresa es un ejemplo de los compromisos que adquirió un nuevo gobierno como el del presidente Enrique Peña Nieto con relación a uno anterior, el del ex presidente Felipe Calderón, para comprar televisiones y hacer frente al apagón analógico. Varias de éstas empresas, como Avanzia Instalaciones o La Peninsular, se encuentran disputándose el mercado que significa la construcción del Nuevo Aeropuerto, lo cual también abrió nuevos mercados en disputa.

Otro caso emblemático es el de la empresa CIC Corporativo Industrial Coahuila SA de CV, que a través de una Licitación Pública Internacional que lanzó la CFE, ganó mucho dinero, 23 mil millones de pesos en un solo contrato.

Sin embargo, es otro ejemplo de los requerimientos lanzados por una dependencia para la adquisición de carbón mineral térmico no coquizable, que se autorizaron días antes de que iniciara el actual sexenio.

La cifra de los montos contabilizados en estos contratos es equiparable al monto que podría ser recortado el próximo año a los 32 estados del país en 2017, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Compras abiertas

Para Bohórquez, experto en el tema de compras públicas, el sistema mexicano está en un punto de quiebre en el que deberá analizar si quiere beneficiar a las empresas pequeñas y medianas y abrir los procedimientos o se quedará en el sistema en el que no permite identificar incluso si las compras se hicieron a través de empresas fraudulentas o relacionadas con el crimen organizado.

Empresas
“El reto es que tenemos que llegar a saber quién es el beneficiario real y por otro lado, tener la visión de conjunto y ver como está comprando el Estado mexicano. Un sistema de compras sano sabe muy bien si se está beneficiando a las pequeñas y medianas empresas; o si está premiando la trayectoria de una empresa, o si son empresas que son cumplidas con el Estado”
explicó Bohórquez en entrevista
Transparencia Mexicana busca un Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas e impulsar que se conecten todos los sistemas involucrados en la contratación –desde la planeación hasta su implementación–.

Se solicitó la versión de la Secretaría de la Función Pública para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta edición, no se contó con ninguna respuesta al respecto.

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Este reportaje fue elaborado por la Unidad de Periodismo de Datos de EL UNIVERSAL y PODER, bajo la coordinación de Lilia Saúl y Eduard Martín-Borregón, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS. También integraron el equipo que produjo este especial Claudia Ocaranza, Daniela Guazo y José Félix Farachala, (textos y análisis de datos), así como I.M. López y T. Kevin Brown (análisis de datos).


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