Vinculación 14/05/11
El teniente Carlos Enrique Nieto Martínez fue vinculado en 2011, por el ministro de Defensa, David Munguía Payés, a una supuesta investigación de la Drug Enforcement Administration (DEA). En esa ocasión, Munguía Payés lo ligó al capitán Héctor Martínez Guillén. Pero omitió referirse si, al igual que el capitán, Nieto fue investigado por la pérdida de tres fusiles de asalto en el Comando de Fuerzas Especiales, en 2009. Nieto ya había recibido la baja militar en mayo de 2011, luego de que él la pidió.
Arresto 18/11/10
Héctor Antonio Martínez Guillén fue arrestado en Virginia, Estados Unidos, tras intentar trasladar un vehículo con 20 kilos de cocaína. Meses antes había aceptado, en un hotel de El Salvador, trasladar la droga en Estados Unidos. En ese momento ya había vendido varios explosivos a un agente encubierto de la DEA.
Condena 11/05/11
El capitán Héctor Antonio Martínez Guillén se declaró culpable de varios delitos en una corte de Virginia, Estados Unidos. En agosto de ese mismo año recibió una condena de 31 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, terrorismo y otros. El militar salvadoreño creyó que negociaba explosivos y droga con miembros de la FARC.
Adentro del vehículo suena una ranchera. La puerta se cierra. Resuena un zíper que se abre, raudo. El conductor, que se ha girado para mostrar la mercadería, va con uniforme militar completo e insignias a los hombros. Una escarapela militar que es ilegible y más arriba, la bandera de El Salvador. El comprador que entra al carro se sienta atrás. No hay mayor trámite o saludo. La negociación por el C-4 es directa, descarnada.
—Pero, ajá, ¿y entonces en cuánto quedamos?, pregunta el teniente.
—Decime cuánto, le responde el comprador.
—Va, ¿entonces? 600 me habían dicho solo este bolado.
—Va, ¿y 650 ya con esto?, agrega el comprador para referirse a los detonadores.
—Ajá.
—¿Y esto es a control remoto?
—Noo, es que aquí le podés agregar más cable.
—¿Y aquí que hace? Y eso qué hace ya, ¿Lo quitás y…?
—No, no, es que aquí ya está listo, esta mierda solo lo zampás aquí, ve: ¡Fum!
—Positivo, negativo… Ahh, ya te entendí, va.
—No te tardés mucho.
—Va. Yo les voy a decir que 650 y regalame 25 vos a mí.
—Decile 675, sentencia el teniente.
—Ya te hablo en unas dos horas. Vemos.
***
El nombre del teniente Carlos Enrique Nieto Martínez se hizo público el 30 de noviembre de 2010. Para esa fecha, ya era ampliamente conocido que otro militar salvadoreño, el capitán Héctor Antonio Martínez Guillén, había sido detenido por miembros de la Agencia estadounidense Antidrogas (DEA, en inglés) y que esperaba juicio en el estado de Virginia, Estados Unidos. A Martínez Guillén y Nieto les unía la sospecha que la DEA tenía de ellos: que eran parte de un grupo de militares élite de la Fuerza Armada de El Salvador que trabajaba para el cartel mexicano de Los Zetas.
“Los Zetas, según las investigaciones policiales, le han encomendado a Nieto el entrenamiento en tácticas militares especializadas a mexicanos y a pandilleros salvadoreños, sobre todo del sector norte del país. Todo lo que se refiere al uso de fusiles de asalto, técnicas y tácticas élites militares le han direccionado que sea él quien se las está enseñando. Esa es su misión, explicó un investigador de la DEA. A Nieto Martínez los investigadores también lo ubican como uno de los invitados a una fiesta organizada por narcotraficantes de Ciudad Juárez, México, a finales de diciembre del año anterior”, reportó LA PRENSA GRÁFICA en noviembre de 2010.
Eso es lo poco –y único– que públicamente se supo de Nieto. Hasta ahora. Nieto no llegó a capitán y recibió la baja militar siendo teniente. La resolución B3.1-015-129/31 OCT014 de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa Nacional estableció que Nieto recibió su baja el 1.º de febrero de 2011. El video fue grabado en 2010, cuando Nieto todavía servía en la Fuerza Armada.
En menos de cinco minutos de grabación temblorosa es posible ver y escuchar a ese oficial joven, moreno, de ojos y orejas grandes y boca prominente. El teniente –ahora de 34 años– está dentro del vehículo, en el asiento del conductor, vestido con su uniforme verde camuflado. En su pecho son evidentes unas letras bordadas: NIETO, en mayúsculas, mientras negocia cinco libras de explosivo plástico C4.
Y no, no fue depurado. Pese a ser investigado y mencionado por un agente de la DEA el teniente Nieto se fue porque quiso: fue él quien solicitó su baja.
Las fuentes militares consultadas para esta investigación concurren en un punto: no pueden hacerse los ciegos a los alcances del crimen organizado. Creen, por este y por otros casos, que este ha tocado con mano firme a la Fuerza Armada. Contrario a lo que siempre se ha manifestado en boca de los funcionarios de turno, no los ven como casos aislados. Pero también, plantean, “no es una sola estructura. Hay varias estructuras independientes entre sí”.
Esas opiniones concuerdan con los hallazgo de una investigación realizada por este periódico a lo largo de los dos últimos años. Documentación oficial que demuestra cómo armamento militar de la Fuerza Armada de El Salvador fue a parar a manos de narcotraficantes mexicanos en Honduras. Específicamente, al cartel del Milenio. O las granadas M-67 que utilizaron pandilleros en una serie de atentados, entre 2009 y 2010, que causaron 7 muertos. O los fusiles M-16 vendidos en $1,350. Pero de eso se hablará en las siguientes entregas.
***
—¿Esto cuánto es? ¿Es una libra?, pregunta el comprador.
—Esto es una libra, responde el teniente Nieto.
—¿Aquí hay diez libras?
—Cinco libras.
—No, pero…
—Cinco traje… este es eléctrico. Funciona con batería. Hay otro que aquí le sale un tubito así como este. Es gris, ese solo se le da fuego.
—Sí, es la mecha que me dijiste, la mecha lenta.
—Mecha lenta, ajá…
***
Un grupo de cadetes de la Escuela Militar General Gerardo Barrios se movilizaba entre la oscuridad de una finca de Jayaque (La Libertad), a las 9 de la noche el 29 de noviembre de 2000. Un par de detonaciones los sacó a la fuerza del ejercicio. Dos alumnos resultaron lesionados por los escopetazos que el vigilante de la finca lanzó contra los que creyó intrusos.
Uno de los cadetes que testificó en ese proceso judicial contra el vigilante, en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, fue Nieto. No pasarían muchos años para que el joven militar empezara a escalar posiciones, aprender especialidades y, con algunos años, entrar dentro de un círculo de confianza de otros militares que se conocían desde años atrás. El círculo del capitán Héctor Martínez Guillén, un veterano de Irak, mejor conocido por su alias: “Capitán Muerte”.
Una fuente militar que conoció a ambos relata que Martínez Guillén y Nieto eran muy unidos dentro del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada. “Solo juntos andaban”, aseguró. El grupo era completado por otros dos oficiales: Walber R. y Selvin Q. De los cuatro, ninguno forma parte ya de la milicia. Todos solicitaron su baja por decisión propia. Todos, además, eran diestros militares.
Martínez Guillén, Walber R. y Selvin Q. fueron compañeros de promoción. En al menos una ocasión ascendieron juntos. El acuerdo n.º 1281, del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2001, da cuenta de ese ascenso. A finales de 2000, los tres se convirtieron de cadetes a subtenientes junto con 37 alumnos más.
“Los militares del Comando de Fuerzas Especiales son codiciados”, dice una de las fuentes militares consultadas. Son la versión salvadoreña de los Kaibiles guatemaltecos: militares élite entrenados para la supervivencia en condiciones hostiles y manejo de todo tipo de armamento, con especialidades que abarcan desde el paracaidismo hasta francotirador, contraterrorismo y expertos en explosivos. Como el que se produce con la ciclotrimetilentrinitramina y el polibutileno, esa masilla mejor conocida como Compuesto 4 o C4.
Los Kaibiles tomaron relevancia a principios de 2005, cuando se determinó que desertores de este grupo especializado de las Fuerzas Armadas guatemaltecas dieron el salto para utilizar su experticia al servicio del crimen organizado: se fundieron con otros militares mexicanos de alto perfil para conformar Los Zetas, el ahora menguado cartel del narcotráfico que dio titulares diarios por la brutalidad extrema en la guerra entre capos, y por el control de rutas de la droga.
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—Mirá vo, le, le… le mataron al mejor amigo, al maitro.
—¿A quién?, pregunta Nieto al comprador.
—Al que andábamos buscando…
—No jodás… ¿no fueron ustedes que se equivocaron?
—No sé cabrón… jaja.
—Pues se equivocaron.
—Pero parece como que ya le andan, ya le andan la segunda, ya le van a dar…
—¿No te dije que yo había ido a ver esa onda?
—Ah pues sí… Y entonces, ¿y ya no lo andan buscando entonces pues?
—Comonó…
—¿Pero ustedes ya no?, pregunta el comprador.
—Comonó. No, yo como de ese, me alejé de esa onda.
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La plática sobre asesinatos consta en el video obtenido por este periódico hace dos años, y forma parte de una investigación extraoficial que nunca fue judicializada. Hasta la fecha, sin embargo, ha sido imposible precisar a qué asesinato se referían Nieto y el comprador de C4, un hombre que tampoco ha sido identificado. Las fuentes consultadas por este periódico solo consideran que el explosivo fue usado en El Salvador.
Desde la Fuerza Armada, fuentes internas sostienen que, además del tráfico de armas, el círculo del “Capitán Muerte” y Nieto también había incursionado al sicariato. Hay elementos que fortalecen esa versión. Un informe del Centro de Inteligencia Policial, fechado en enero de 2011, ubica a Nieto, Martínez Guillén y a otro militar más como parte de una red de sicarios que trabajaban para el capo salvadoreño Jorge Ulloa Sibrián, mejor conocido como “Repollo”.
“Repollo”, detenido en Guatemala en 2012, fue condenado a 77 años por narcotráfico el 24 de noviembre de 2014, tras comprobarse que había dirigido una red de tráfico que había movido toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Además, la Fiscalía recibió, en abril de 2013, una denuncia por sicariato contra el teniente, que no tuvo avances.
De Nieto hay pocos datos. En el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) consta que en 2005 se fundó una empresa que, luego de los trámites iniciales, no tuvo mayor actividad. Tan en ciernes quedó que ni siquiera consta un expediente físico de ella. Esta compañía fue fundada por dos personas y se llamó Ethel S. A. de C. V. Su administrador único suplente fue Carlos Enrique Nieto Martínez. El código de registro –no matrícula– fue el 55736906 y su capital semilla fueron $11,428.57. Pero lo que más llama la atención era su finalidad. Ethel se dedicaría a “la investigación privada, la práctica de pruebas poligráficas autorizadas y voluntarias, técnicas y tácticas de seguimiento, toma de fotografías, realización de peritajes técnicos criminalísticos en serigrafía, pruebas caligráficas, dactilares, evaluación de personal, custodia de evidencias criminales debidamente autorizadas”.
Ethel fue fundada en 2005, cinco años antes de que Nieto pidiera su baja del Ejército salvadoreño.
“Eran buenos”, dicen las fuentes. Walber R., de hecho, fue uno de los oficiales laureados por su participación en uno de los contingentes del Batallón Cuscatlán en Irak. Recibió en 2004 una Medalla de Oro al mérito de parte de la Presidencia de la República y, años después, se reengancharía en otro de los viajes a Irak en el que tuvo responsabilidades operativas.
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El 20 de junio de 2011, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a dos hombres en el juicio bajo referencia 111-2-2011. Uno de ellos era un policía activo y lo condenaron por tenencia de armas de guerra. Los jueces fallaron que debía purgar cinco años de cárcel por tener en su casillero institucional un bloque de explosivo plástico, conocido como C4. En ese proceso judicial, el analista policial que testificó como perito lo describió así: “Es un explosivo plástico de uso militar de alto poder, compuesto de 91 % en peso de RDX (es decir, el compuesto explosivo), el nitrato de potasio con azufre es una mezcla explosiva utilizada industrialmente en la fabricación de productos pirotécnicos y clandestinamente en la manufactura de artefactos explosivos caseros”.
No era casualidad que ese agente policial, como se verá después, tuviera C4 en su casillero.
Los que conocen este explosivo aseguran que es estable pero muy poderoso. De hecho, otro de sus nombres es “carga de demolición”. Su uso es exclusivamente militar, lo que implica que legalmente no puede ser adquirido o importado por otra persona que no sea el Ejército de un país. Legalmente.
Nieto se las arregló para vender –sacando su propia ganancia y la de su revendedor– en $675 cinco libras de C4 y dos detonadores. Al menos, eso es lo que consta en el video.
Hasta aquí hay varias interrogantes: ¿Cómo es que estos explosivos circulaban sin que nadie notara su falta, tomando en cuenta que sus existencias legales están inventariadas en guarniciones militares? ¿Cómo es que el capitán Martínez Guillén seguía vendiendo armas de distintos tipos y explosivo plástico en agosto y septiembre de 2010, cuando había abandonado la Fuerza Armada en abril de ese año? ¿Dónde obtenía las armas? ¿Por qué en noviembre de 2010, con coincidencias temporales de por medio, un policía activo fue sorprendido intentando comercializar explosivo C4?
Las probables respuestas las dan varias fuentes de investigación, fiscales y policiales, que han coincidido al ser consultadas por aparte –y sin conocerse entre sí– que se han sentido abandonados al tratar de sacar adelante la investigación de estos casos. Y el hecho de que todos tengan reserva total judicial, es decir, que sus datos no pueden ser conocidos públicamente, solo es una muestra de ello.
Una de estas fuentes brindó un dato clave: Martínez Guillén, actualmente condenado en Estados Unidos a 31 años de cárcel, gozaba de la confianza de sus superiores. Los que lo conocieron recuerdan que tenía carisma y cerca de siete especialidades como militar élite. Era, además, el encargado de preparar los ejercicios para los que aspiraban a ser explosivistas del Comando de Fuerzas Especiales. Era él, además, quien tenía las llaves del almacén militar. “La Muerte decía: ‘mire, mi Charlie, necesito 25 libras de C4 para el ejercicio de hoy’ y gastaba 15”, dice una de las fuentes.
Así parecía que todo el explosivo, munición y otros materiales eran usados legítimamente en adiestramiento militar de la tropa y como tal eran reportados por el capitán a sus superiores. La resolución de la solicitud de información B3.1-015-129/31OCT014 hecha a Defensa da cuenta de que Martínez Guillén recibió su baja militar el 1.º de abril de 2010.
Sin embargo, el expediente judicial de Martínez Guillén en la Corte del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, caso n.º 1:11-CR-90, confirma que el capitán vendió armas a agentes encubiertos de la DEA e investigadores locales incluso meses después de su baja: en agosto y septiembre de 2010. Las indagaciones locales, a las que este periódico tuvo acceso, también dan cuenta de ello.
Esas pesquisas establecen que la red que el capitán Martínez Guillén tenía para vender el armamento estaba compuesta por cuatro personas más, todos hombres y civiles, que fueron conocidos por los agentes de la DEA y contra los que no se hizo absolutamente nada para seguirles la pista o para procesarlos judicialmente. Las fechas, lugares y pláticas recogidas en el caso n.º 1:11-CR-90, sin nombres propios, encajan en cada una de las pesquisas reseñadas en un reporte de investigadores salvadoreños en la que sí aparecen los nombres de los colaboradores de Martínez Guillén.
Todo apunta a que el capitán mantenía contactos al interior del Ejército, los mismos que le daban el armamento. Por ejemplo, el 14, 22 y 23 de julio de 2010 negoció explosivos, un fusil AK-47 y hasta lanzacohetes M-72, mejor conocidos como antitanques Law. Las negociaciones con los agentes de la DEA se hacían directamente o a través de miembros de su red. En esas pláticas Martínez Guillén dijo que se le dificultaba conseguir las armas. En cambio, sí podía conseguir “buenas cantidades de explosivo C4”.
José Alejandro Arévalo Fernández es abogado y una de las personas identificadas como parte de la red del capitán. El litigante participó en la reunión del 23 de septiembre de 2010 con el agente encubierto de la DEA y Martínez Guillén, quien buscaba asegurar una venta de dos M-72 por $10,000. El agente especial propuso al capitán, en esa ocasión, movilizar droga. Y el capitán dijo que afirmativo. Tenía visa estadounidense y eso le facilitaba el panorama. En esa reunión, según la investigación salvadoreña del caso, Arévalo Fernández alardeó de tener “contactos” en Honduras y Nicaragua, donde se le hacía más fácil comprar armamento. Lo único que pedía es que le pagaran el viaje a Honduras.
Una de las fuentes que conoció de cerca el proceso contra Martínez Guillén asegura que cuando se investigaba este caso, y se buscaba efectuar más compras de explosivo C4 para tener más evidencias, uno de los contactos para proveerlo era Arévalo Fernández. Seguir esa pista permitió el arresto, el 19 de noviembre de 2010, del policía José Fernando Núñez Navas, a quien se le encontró un bloque de explosivo plástico, detonadores y mecha de uso militar, del mismo tipo que los descritos por el teniente Nieto en el video de la negociación.
Núñez Navas fue condenado el 20 de junio de 2011 por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Recibió el fallo junto con otra persona, identificada como Amadeo Cerón Rivas, a quien solo se le encontró marihuana y fue condenado a tres años de prisión por el delito de posesión y tenencia, en el juicio con número de referencia 111-2-2011.
Cuando lo capturaron, Núñez Navas era un agente policial activo del Sistema de Emergencias 911 en la Delegación Centro de San Salvador, precisamente donde fue detenido.
Uno de los defensores que acudió a representar en audiencia inicial a Cerón Rivas, el otro imputado, fue el abogado Arévalo Fernández. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo había autorizado para ejercer como abogado de la República nueve meses antes de esa audiencia de 2011.
El litigante no es extraño a los aspectos relacionados con las armas: desde 2000 forma parte de la junta directiva de una empresa cuya finalidad es “prestar servicios comerciales de vigilancia y seguridad e investigación en general a toda clase de instituciones, empresas o personas que requieran de sus servicios”. También tuvo aspiraciones políticas. En enero de 2012, se inscribió como candidato a diputado propietario del departamento de La Libertad bajo la bandera del Partido Nacional Liberal (PNL). No ha sido procesado hasta la fecha.
¿Qué hizo el Ministerio de Defensa mientras todo esto sucedía? Las mínimas veces en las que el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés –y que también lo era en 2010–, se refirió al caso fue en un par de declaraciones brindadas en 2011. El 14 de mayo de 2011, este periódico publicó una sentencia de Munguía Payés que pasó desapercibida. Las fuentes consultadas por este caso refieren que Martínez Guillén fue investigado como uno de los responsables por el extravío de tres fusiles de asalto M-16 A4, que es la versión más moderna y grande del M-16 A2. La pérdida ocurrió en 2009 en el Comando de Fuerzas Especiales. Pero el capitán no fue removido de su puesto. Continuó ahí hasta que él pidió su baja.
La publicación dice literalmente: “(Munguía Payés) agregó que las sospechas recayeron en él (Martínez Guillén) porque al momento en que se extraviaron los fusiles él era la persona que estaba a cargo del almacén de guerra”. Esto no solo le da la razón a las fuentes consultadas, sino que demuestra, además, que el Ministerio de Defensa no hizo nada por removerlo de ese puesto, pese a sospechar de él.
La publicación añade que Munguía Payés admitía, sin ningún problema, que Martínez Guillén “decidió abandonar la Fuerza Armada” cuando se enteró de que era investigado. El funcionario también dijo que en ese momento le trasladaron “a la DEA y a la Fiscalía” lo que sabían. El hecho comprobado a través de los documentos es que al momento de que Martínez Guillén pidió la baja tenía meses de estar vendiendo armas.
En esa ocasión Munguía Payés también se refirió escuetamente a Nieto. Entonces dijo que el teniente era investigado, pero omitió aclarar si era sospechoso desde la pérdida de los fusiles M-16 A4. Y, nuevamente, el ministro se escudó en que tal información ya había sido trasladada a la DEA.
Fuentes de la Fuerza Armada aseguran que Nieto fue investigado internamente, pero sin que se le haya logrado comprobar nada. Al consultar a investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se dibuja un enorme signo de interrogación. Simplemente no lo ubican. Pese a que desde 2010, o incluso antes, existen claras evidencias de que traficaba armas propiedad del Ejército.
Para esta investigación se buscó la postura oficial del ministro de Defensa y la FGR. No hubo respuesta.
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—Decile 675, sentencia el teniente Nieto.
—Ya te hablo en unas dos horas. Vemos.
La negociación por las cinco libras de explosivo C4, dentro de un vehículo particular, en 2010, se cierra por $675.
Desde el 18 de julio de 2011, una vivienda ubicada en el Complejo Urbano Alta Vista, en el municipio de San Martín, San Salvador, fue embargada por falta de pago. La casa estaba a nombre del teniente Carlos Enrique Nieto Martínez, que nunca volvió a aparecerse por el lugar.
Video media center sobre la negociación del teniente Nieto
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*Este reportaje fue realizado por Suchit Chávez/Jessica Ávalos/César Castro Fagoaga para La Prensa Gráfica de El Salvador, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
