Sangre e impunidad en las tomas

A Natividad Caballero Hernández la acribillaron el 28 de noviembre de 2014: cuatro sicarios llegaron a su casa en la noche, dijeron que eran de la policía, derribaron la puerta y entraron a los empujones. Antes de que Natividad pudiera reaccionar, dispararon. Un joven que estaba allí para darle protección, José Antonio Romero, de 19 años, también cayó víctima de las balas.

Natividad Caballero Hernández era presidenta del patronato de la colonia Belén, del municipio de Villanueva y había recibido amenazas a causa del proceso de legalización de tierras de la colonia, pues la zona es considerada una invasión.

Dos años después, nadie puede decir quiénes fueron. Ni la Justicia ni la Policía ni los vecinos. Lo que se sabe es que Natividad Caballero era una lideresa de la colonia Belén. Ella comandaba a través de un patronato las tomas de terrenos urbanos y los trámites ante el Instituto de la Propiedad para pasar la titularidad de los dueños a los pobladores necesitados de techo.

Las causas tampoco se saben. Los colegas de Caballero dicen que asesinan a líderes por su cruzada para otorgarles tierras a los que las necesitan. La policía dice que podrían ser enemistades personales. Los dueños de las tierras acotan otro móvil: malos arreglos entre los dirigentes, que buscan represalias y advertencias a punta de pistola. La Justicia calla.

La Confederación Nacional de Patronatos de Honduras (Conafeph) tiene registrados al menos 82 crímenes de sus miembros en los últimos años. Todos tienen en común las formas violentas y la ausencia de culpables. “Ninguno de los casos ha sido resuelto. Hemos estado en constantes reuniones con la Policía Nacional, con la misma Fiscalía General de la República. No ha habido respuesta a estas muertes”, dijo Irma Hernández, secretaria de Finanzas de la Conafeph.

El de Caballero fue un asesinato más en un engranaje que se repite desde hace diez años en el país y que tiene como actores claves a los líderes de patronatos, la gente que aspira a una casa propia y políticos de primera línea que pretenden aumentar el caudal de votos.

Esta es la primera entrega de una serie que devela cómo se roban las tierras en Honduras. Un conflicto que llega a más de 300 puntos del país, con el sello de políticos de alto nivel, que negocian votos con necesidades.

Más muertes

Cuando una pick up lo obligó a detenerse en aquella calle de tierra, Wilfredo Alexander Díaz supo que algo malo iba a ocurrir. Era poco antes de las siete de la mañana del jueves 3 de septiembre de 2015 y Wilfredo acababa de subir a la motocicleta a su hija de diez años, Dayana, para llevarla a la escuela del barrio El Guayabal, en la localidad de Choloma, en Honduras. En un segundo, tres hombres bajaron con pistolas y fusiles. Dispararon. Wilfredo murió en el acto. Dayana, camino al hospital.

Él era presidente del patronato del barrio Concepción, de Choloma, trabajaba en la Unidad de Medioambiente de la alcaldía de esa ciudad y había recibido amenazas. Un año después las causas y los responsables de su muerte y la de su niña siguen en un limbo donde campea la impunidad.

Antes, en agosto de 2013, fue asesinada Brenda Yamileth Pineda Bardales. Mientras participaba en una sesión del patronato de la invasión llamada en ese momento Lomas de Pepe Lobo y Victoria de Carlos Carrasco, al Noreste de San Pedro Sula, varios hombres ingresaron en camioneta, llegaron hasta la pequeña casa de madera donde donde estaba reunida la directiva del patronato y arrasaron con Brenda Yamileth, con su hermano, Julio César Pineda Bardales, y la prima de ambos, Sara Bardales. Eran cerca de las 4 de la tarde.

Así luce una de las varias entradas al sector que antes se llamó Lomas de Pepe Lobo y ahora se denomina Brisas del Bosque. Nótese a la derecha la caseta de vigilancia. El sitio sigue en litigio.

Los terrenos de Lomas de Pepe Lobo iban a ser destinados al proyecto inmobiliario La Arboleda, montado por empresarios estadounidenses y hondureños un año antes y que consistía en edificar más de mil casas y apartamentos para gente de clase media y alta, un rascacielos para oficinas, un hotel, una escuela bilingüe y un hospital, entre otros.

Este fue el diseño de un hospital que presentaron los inversionistas del proyecto que denominaban La Arboleda y que no se ejecutó luego que las tierras fueran invadidas.

Brenda era esposa de uno de los principales dirigentes que encabezaba la invasión, Carlos Carrasco, quien fue presidente del Sindicato de los Patronatos de los Bordos y Similares, y secretario de prensa y propaganda del Sindicato Nacional del Comercio del Sector Informal de Honduras. En el momento del triple crimen, Carrasco dijo que el verdadero objetivo de los sicarios era él, aunque no dejó ver quiénes eran sus enemigos.

Aparentemente tenía razón porque el 7 de julio de 2014, hombres armados ingresaron a la misma colonia en dos camionetas, rastrearon en diferentes viviendas y, cuando lo encontraron, sacaron a Carrasco y a otros tres hombres a la calle, los tendieron en el suelo y los ejecutaron. Dos de las víctimas, Juan Ramón Pacheco, de 21 años; y José German Orellana Alvarado, de 19, fueron identificados como escoltas de Carrasco. El otro, Ronald Ernesto Carcamo Ramos, de 22 años, era un vendedor de quesos, dijeron familiares a periodistas. De ambas masacres nunca se supo quiénes fueron los homicidas y el caso aún duerme en los archivos policiales.

Hubo más muertes así. La mayoría en tres municipios del departamento de Cortés: San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, aunque las disputas y solicitudes de expropiación por tierras urbanas por parte de la Conafeph, se extienden a unos 15 municipios en unos diez departamentos. No hay ni una persona presa por ellas. Ningún responsable.

Las teorías

Hernández asegura que la violencia se deriva de los conflictos de tierras y por el liderazgo demostrado por los dirigentes para reclamar su derecho a una propiedad. Señala que las amenazas de muerte por parte de terratenientes, esos que se acreditan la titularidad, son constantes.

Para el vocero de la Policía Nacional en la zona norte, comisario Jorge Rodríguez Montoya, las causas estriban en el incumplimiento de acuerdos entre los mismos dirigentes o por enemistades personales. Es una teoría: cuando se le consultó por casos resueltos en los que se haya encarcelado a los responsables y aclarado los hechos, Rodríguez dijo que no tiene “ningún dato específico sobre ese menester, pero sí se tienen algunos detalles propios de la inteligencia policial a fin de establecer detenciones de personas”.

El vocero de la Fiscalía en la zona norte, Elvis Guzmán, reconoció que esa entidad no lleva ningún expediente sobre muertes violentas de dirigentes comunitarios y pidió que las consultas se hicieran a la Dirección Policial de Investigaciones.

Los dueños de las tierras tomadas, que pasan largos periodos peleando en la Justicia por el reconocimiento de su propiedad coinciden con la policía. Fernando Naranjo, quien construyó una colonia de clase media (Residencial Los Naranjo), es de la tesis de que “entre ellos se matan, porque tanta es la voracidad que tienen, que entre ellos se matan”.

Otro urbanizador, Jerónimo Zelaya, asegura que las muertes de muchos dirigentes se derivan por pleitos a causa de dinero mal repartido. Zelaya estableció hace 18 años la ‚Residencial San Jerónimo, al sur de San Pedro Sula.

El historiador y exministro de Cultura Rodolfo Pastor Fasquelle, reconoce que las invasiones de tierra generan violencia: “Un propietario encuentra en la propuesta de un criminal que llega y le dice ‘mire yo le voy a resolver esa cosa, yo le voy a mandar a acribillar a fulanito de tal’, y allí santo remedio. Eso no resuelve nada pero se genera esa clase de tentación y al revés también: hay violencia en contra de la gente que estaba dentro de la propiedad o que sale huyendo porque los amenazan”.

Con una tasa de homicidios que lo pone entre los países más violentos del continente y un índice de impunidad en justicia penal superior al 90 por ciento, en Honduras los crímenes se atribuyen según la perspectiva de cada quien. Y puede que todos tengan algo de razón.

Los dirigentes tienen problemas entre ellos porque las tomas también son un negocio que deja miles de lempiras al mes: cobran a los ocupas por la parcela y realizan los trámites para, al fin, conseguirles la casa propia. Ellos denuncian amenazas constantes de los supuestos dueños que no logran de la Justicia ninguna respuesta a sus reclamos. Los políticos, en tanto, avivan la llaga con decretos que benefician a los sin techo y aumentan su popularidad.

Más de 80 dirigentes muertos -según la Conafeph-, unos 350 terrenos en conflicto y 130 reclamos de expropiación de tierras urbanas por parte de esa organización ante el Instituto de la Propiedad, promete extender y aumentar los conflictos.

Una postal de la violencia, la corrupción y debilidad institucional, que facilita poner la tierra en manos de quien tenga el dinero y el poder.